El campo madrileño ha vuelto a alzar la voz en el corazón de la capital. Las principales organizaciones de productores del sector primario de la Comunidad de Madrid han congregado este miércoles agricultores y ganaderos en la céntrica Puerta del Sol para protestar por las condiciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, así como por las políticas agrarias a nivel nacional.
En el simbólico kilómetro cero de las carreteras españolas, y bajo la mirada de la estatua del oso y el madroño, representantes de Asaja Madrid, Ugama, AGIM-COAG, UPA y Cooperativas Agrarias desplegaron pancartas y leyeron un manifiesto conjunto. La protesta estaba prevista para finales de enero, pero tuvo que ser suspendida por las inclemencias meteorológicas. Esta vez, con dos tractores presidiendo la concentración, el mensaje fue claro: el sector primario exige cambios urgentes, según recoge Europa Press.
Mientras en un lateral del escenario se repartían miles de raciones de potaje madrileño elaborado con productos de la región, los agricultores y ganaderos denunciaban que el acuerdo con Mercosur no contempla los mismos controles sanitarios para los productos importados que para los nacionales.
“Sordera” institucional y desigualdad de condiciones
Las principales demandas del campo corrieron a cargo del presidente de Asaja Madrid, Francisco José García, quien puso el foco en la desigualdad de condiciones que, a su juicio, lleva aparejado el acuerdo, al tiempo que rechazó el aumento de las exigencias burocráticas para el sector.
En la misma línea se expresó el máximo representante de Ugama, Alfredo Berrocal, quien lamentó que los agricultores y ganaderos españoles son los “pagafantas” de un acuerdo que beneficia a otros sectores “pero desde luego al campo no”. A su juicio, el pacto comercial podría desembocar en el “abandono” del campo, agravando un problema estructural que ya afecta a numerosas explotaciones.
Las organizaciones agrarias también exigieron que el Gobierno deje de estar “sordo” ante sus reivindicaciones. Durante la lectura del manifiesto, insistieron en que las políticas agrarias deben tener más en cuenta los intereses del sector primario, especialmente en un contexto de aumento de costes, exigencias normativas y competencia internacional.
El recorte del 22% de la PAC y el relevo generacional
Además del acuerdo con Mercosur, otra de las grandes preocupaciones del sector es el recorte del 22% de la Política Agraria Común (PAC) en la nueva reforma. Así lo subrayó la secretaria general de AGIM-COAG, Ivana Martínez, que advirtió del impacto directo que esta reducción tendrá sobre la viabilidad de muchas explotaciones.
Martínez también puso el acento en los problemas para garantizar el relevo generacional en el campo madrileño, una cuestión clave para asegurar la continuidad de la actividad agraria en la región. Sin jóvenes que asuman el testigo, alertan, el riesgo de despoblación rural y abandono de tierras se multiplica.
Por su parte, el secretario general de UPA Madrid, Jesús Anchuelo, reclamó acciones concretas para controlar el “grandísimo problema” de la fauna silvestre, que afecta a los cultivos madrileños, así como las manadas de lobos que amenazan las explotaciones ganaderas. Según explicó, los daños provocados por estas especies suponen un sobrecoste difícil de asumir para muchos profesionales del sector.
“Las palabras no nos sirven, queremos hechos”
La concentración también sirvió para recordar que los representantes del campo madrileño ya se reunieron a finales de enero —el día de la convocatoria frustrada por la nevada— con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para trasladarle sus demandas. De aquel encuentro salieron con la promesa de una propuesta, pero ahora exigen medidas concretas.
“Palabras ya no nos valen, queremos hechos. Las palabras son muy bonitas, salimos de las reuniones y nos dicen claramente lo que queremos oír. Pero de eso ya estamos hartos, queremos hechos”, remachó Anchuelo ante los medios, en una de las frases más contundentes de la jornada.
El malestar del sector no es nuevo, pero sí creciente. Las organizaciones consideran que el campo está soportando una carga desproporcionada en términos regulatorios y económicos, mientras compite con productos de terceros países que, aseguran, no cumplen las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y laborales.
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