El Gobierno saca a la luz los archivos ocultos del 23F, pero mantiene en el cajón la ley para desvelar los secretos del franquismo

El Gobierno levantará el velo a los papeles ocultos del 23F justo cuando se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado a manos del teniente coronel Antonio Tejero. El material que podría hacerse público a partir de este miércoles es amplio y delicado. Incluye grabaciones originales, declaraciones de los involucrados, documentos internos, transcripciones de escuchas hechas por los servicios de inteligencia durante la noche del golpe, comunicaciones entre la Casa Real y Moncloa, informes de movilización de las regiones militares y el sumario judicial de Tejero.

En un mensaje publicado en X, Sánchez consideró que la desclasificación respondía a una “deuda histórica” con los ciudadanos porque “la memoria no puede estar bajo llave”. “Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Gracias a quienes abristeis camino”, sentenció.

El fin del oscurantismo podría ayudar a resolver algunos de los misterios que todavía rodean al episodios más crítico de la historia de nuestra democracia: ¿por qué no se paró el golpe? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué tardó tanto en salir el Rey? ¿Cuál fue su papel, el de la Armada y el de los servicios de inteligencia?

Una ley franquista

Los aliados del Gobierno han aplaudido este gesto y aunque reprochan que “llega tarde”, consideran esencial para fortalecer la transparencia democrática y afrontar abiertamente los hechos de aquel delicado episodio. Al mismo tiempo, le recuerdan que todavía sigue vigente una ley franquista que ampara ocultar cierta información de manera indefinida, por ejemplo, sobre crímenes durante el franquismo o asuntos como el comercio de armas.

Porque el quid de esta cuestión no está en si debe existir información clasificada —que debe haberla porque puede poner en peligro la seguridad del país—, sino el tiempo que puede silenciarse de cara al público general.

Y en este sentido, la ley de secretos oficiales del franquismo de 1968, todavía vigente, no establece plazos para la desclasificación de determinado material que un gobierno puede considerar reservado. Esta norma solo ha sufrido una ligera modificación en 1977, dos años después de la muerte del dictador.

Una vieja insistencia del PNV

En 2016, durante la presidencia de Mariano Rajoy, el PNV presentó una Propuesta legislativa para regular este asunto. Fue admitida a trámite por 219 votos a favor y 111 en contra, pero el adelanto electoral dejó en el limbo la votación final. Los nacionalistas vascos volvieron a intentarlo con otra propuesta, que fue de nuevo admitida. Pero de nuevo quedó enredada en la Mesa del Congreso, que puede retrasar su votación prorrogando indefinidamente el plazo la presentación de enmiendas.

Desde entonces, el PNV ha sido uno de los partido más insistentes con este asunto, porque hay “asuntos más antiguos que el 23F. Los de Aitor Estaban reclaman además el levantamiento del secreto del caso Zabalza, un hombre que murió bajo tortura en 1985; y los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, cuando murieron cinco obreros por disparos de la policía durante un desalojo en medio de una jornada de huelga general.

El Gobierno aprobó la modificación en 2025

En 2025, el Gobierno aprobó modificar la norma para establecer, por primera vez, plazos para la desclasificación automática según su nivel de protección. De acuerdo a esta normativa, los documentos considerados como “alto secreto” quedarían liberados en un plazo máximo de 60 años, mientras que los de menor grado, los “secretos”, a los 35 años, con prórroga de 10.

Las informaciones confidenciales entre siete y nueve años, y las restringidas entre cuatro y cinco, sin prórroga. Si bien el Anteproyecto de ley no afectaba a los documentos anteriores a la ley, finalmente se incorporó la desclasificación automática a los 45 años, salvo razones de seguridad. Y en este sentido, el anuncio de Sánchez coincide precisamente con el plazo máximo de reserva.

El proyecto, no obstante, todavía no se ha convertido en ley. Porque ha pasado casi un año y el proyecto remitido al Congreso de los Diputados continúa en tramitación. El PSOE siempre ha alegado que no hay mayoría suficiente, pero desde el PNV entienden que el gesto de Sánchez demuestra que “el Gobierno, cuando tiene interés, puede hacer lo que hasta ahora ha negado”.