Las monarquías europeas, cada vez más volcadas en ofrecer una imagen incuestionable de ejemplaridad, se han visto en los últimos tiempos sacudidas por escándalos que han puesto en jaque ese propósito. A pesar de los esfuerzos de las casas reales del continente, los episodios que han protagonizado miembros hoy considerados como las “ovejas negras” de sus familias han provocado crisis de reputación tan profundas como inevitables.
Las relaciones con Epstein son el mayor germen de la problemática actual: del arresto del expríncipe Andrés de Inglaterra a los correos que el magnate compartía con su exmujer Sarah Ferguson o con Mette-Marit de Noruega. Al mismo tiempo, sigue abierto el proceso judicial contra Marius Borg Høiby, hijo de la heredera de Noruega.
Estos son solo los ejemplos más recientes, mientras que, en España, el oscuro capítulo judicial de la infanta Cristina y su ahora exmarido Iñaki Urdangarin vuelve a estar de actualidad por la publicación de las memorias de este, Todo lo vivido.
El expríncipe Andrés y su exmujer Sarah Ferguson
Durante esta semana, el nombre de Andrés de Inglaterra ha regresado al centro del debate público británico tras haber sido arrestado en su residencia por la policía del Reino Unido y pasar 11 horas en una comisaría de Norfolk. Las autoridades, según ha publicado la BBC y respaldan documentos judiciales estadounidenses, le acusan de “mala conducta en un cargo público” bajo la sospecha de que habría compartido información confidencial con Jeffrey Epstein.
La publicación de correos electrónicos y otras comunicaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos refuerza esta acusación, al apuntar que el expríncipe habría transmitido datos gubernamentales relevantes al financiero estadounidense durante su etapa oficial, comprendida entre 2001 y 2011.
El hermano menor del rey Carlos III, que ya había sido progresivamente apartado de la vida institucional por estas circunstancias, se encuentra ante la mayor crisis reputacional de la Corona británica en años. Junto a él, Sarah Ferguson, exduquesa de York, ha vuelto a quedar salpicada por la trama Epstein.
Aunque Ferguson no ha sido formalmente acusada, nuevos documentos judiciales han evidenciado que, más allá del conocido préstamo de 15.000 libras en 2010 para saldar deudas, agradecido públicamente por ella en su momento, Epstein la habría apoyado económicamente de modo continuado desde 1996, el año en el que se divorció de Andrés de Inglaterra.
La princesa Mette-Marit y Marius Borg
La situación en Noruega tampoco ha quedado al margen de polémicas judiciales y vínculos controvertidos. Marius Borg Høiby fue arrestado en Oslo el 1 de febrero, justo antes de su juicio por presuntos delitos graves. Las autoridades solicitaron la aplicación de prisión preventiva por cuatro semanas para el joven, debido al “riesgo de reincidencia”.
Høiby, nacido de una relación anterior de la princesa heredera Mette-Marit, se enfrenta a un proceso que abarca 38 cargos, entre ellos cuatro acusaciones de violación, agresiones físicas y psicológicas, así como infracciones relativas a la legislación sobre estupefacientes.
Siete personas aparecen identificadas como presuntas víctimas en el sumario, cuatro de ellas por agresiones sexuales sufridas bajo circunstancias de indefensión. El tribunal ha prohibido que el acusado mantenga cualquier tipo de contacto con las víctimas y ha fijado el juicio hasta el 19 de marzo, con previsión de que el veredicto no se conozca hasta semanas después. En función de los cargos más graves, Høiby podría enfrentarse hasta a 16 años de prisión.
La ofensiva judicial contra Marius Borg coincide temporalmente con la publicación de una serie de intercambios privados entre la princesa heredera Mette-Marit y Jeffrey Epstein. Estos mensajes, algunos de ellos datados en 2012 -cuando Epstein aseguraba encontrarse en París “buscando esposa” y la princesa respondía que la capital francesa es “buena para el adulterio”- han generado un intenso debate social y político en Noruega.
A pesar de haber manifestado años después que, al “googlear” a Epstein tras su condena en 2011, “no le causó muy buena impresión”, la heredera llegó a alojarse durante cuatro días en la residencia del financiero en Florida en 2013. El primer ministro, Jonas Gahr Støre, llegó a convocarla para pedir explicaciones sobre la naturaleza y el tono de estos contactos, lo que ha incrementado la presión mediática y alimenta ciertas dudas acerca del posible acceso de la princesa al trono.
La popularidad de la familia real noruega ha alcanzado su mínimo histórico tras estos escándalos, según una encuesta divulgada por la emisora pública NRK. Solo el 60% de los noruegos apoya a la familia real, una caída de 10 puntos respecto al mes anterior, un nivel “que nunca antes había sido tan bajo”. De acuerdo a otro sondeo presentado por TV2 a finales de enero, el 47,6% de los encuestados consideró que Mette-Marit no debería convertirse en reina, mientras que solo el 28,9% expresó su apoyo a esa posibilidad.
La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin
En el caso de la Casa Real española, el episodio de la infanta Cristina y su exmarido Iñaki Urdangarin, aunque no tan reciente, se recuerda como uno de los mayores desafíos reputacionales a los que se ha enfrentado la institución. Entre 2011 y 2012, la opinión pública fue testigo del estallido del Caso Nóos.
Fue una trama de malversación de fondos públicos impulsada a través de una fundación, que derivó en la condena de Urdangarin a prisión y en la imputación de la infanta Cristina como posible cooperadora en delitos fiscales relacionados. La reacción del entonces recién proclamado Felipe VI fue inmediata y con una clara intención de distanciamiento institucional.
En junio de 2015, poco antes de cumplir un año como jefe del Estado, el rey firmó un Real Decreto con el que le retiró a su hermana el título de duquesa de Palma de Mallorca. Esta medida, formalizada en el Boletín Oficial del Estado y unida a otras decisiones como la reducción del número de familiares con funciones institucionales y la implantación de códigos de conducta internos más transparentes, marcó públicamente el compromiso del monarca por preservar la legitimidad de la institución.
Pese a que la infanta Cristina fue finalmente absuelta de los cargos penales en 2017, nunca ha recuperado ningún rol representativo en la familia ni ha retomado funciones oficiales, reforzando con ello la estrategia de limpieza reputacional asumida por Felipe VI.
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