La Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) no verá la luz. Con ella se diluye también el proyecto político del grupo de diputados del PP en la Asamblea conocido como “Los Pocholos”, el núcleo joven que orbitó alrededor del ya exconsejero Emilio Viciana y que ha quedado descabezado tras su cese y la dimisión en bloque de tres de sus integrantes. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha confirmado así este miércoles que renuncia a tramitar la norma “tal como está redactada” y que reorienta su estrategia hacia la negociación de un nuevo modelo de financiación universitaria.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, lo ha anunciado tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. “La ley, tal como está redactada, no va a salir”, ha afirmado. “La prioridad del Gobierno es cerrar un modelo de financiación plurianual y es en lo que tendrá que trabajar la nueva consejera”. La declaración supone la retirada de facto del principal proyecto legislativo que había marcado la gestión de Viciana y que estaba en el origen de la crisis política abierta esta semana.
La decisión llega apenas horas después de la toma de posesión de la nueva titular de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, que ha jurado el cargo antes de asistir a su primer Consejo de Gobierno. Zarzalejo ya había aterrizado en la Consejería en octubre de 2025 como viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, con el encargo explícito de dar impulso a la Lesuc. Ahora será la encargada de redefinir la hoja de ruta en el área con mayor presupuesto de la Comunidad.
El desmantelamiento de un núcleo político
La retirada de la ley confirma el desmantelamiento del equipo político que la impulsó. El sector conocido como “Los Pocholos” —un grupo de diputados jóvenes incorporados a las listas del PP en 2023— ha quedado prácticamente desarticulado en apenas 48 horas. Tres de sus miembros han renunciado a su acta en la Asamblea de Madrid: Pablo Posse, portavoz popular en la Comisión de Educación; Mónica Lavín, portavoz de Familia y Asuntos Sociales; y Carlota Pasarón, portavoz de Juventud. Todos ellos han justificado su salida “por coherencia” tras la destitución de Viciana.
Las dimisiones parlamentarias han coincidido con ceses en la estructura administrativa de la Consejería. El Consejo de Gobierno ha formalizado este miércoles la salida del director general de Universidades, Nicolás Javier Casas, y de la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera, ambos estrechamente vinculados al exconsejero. En el entorno del Ejecutivo se admite que la incapacidad para desbloquear el conflicto con los rectores ha pesado en la decisión de relevar a Viciana.
Aunque el exconsejero aseguró en redes sociales que su cese se produjo “a petición propia”, García Martín ha reconocido que fue una decisión adoptada por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Se trata del primer relevo que la dirigente madrileña realiza en una consejería en siete años de Gobierno, un dato que enmarca la dimensión política de la crisis.
La financiación como prioridad
La Lesuc no había superado la fase de borrador y acumulaba el rechazo frontal de la comunidad universitaria. Rectores, profesores y estudiantes cuestionaban aspectos sustantivos del texto, como la limitación de la autonomía universitaria o la configuración de un régimen sancionador considerado excesivo. La norma se había convertido en un símbolo del pulso entre el Gobierno regional y las seis universidades públicas madrileñas.
Ahora, el Ejecutivo reorienta el foco hacia la financiación. Gobierno y rectores coinciden en la necesidad de superar el modelo de transferencias anuales y avanzar hacia un sistema plurianual que aporte estabilidad. La discrepancia reside en las cifras y en el mecanismo de reparto. Los responsables académicos llevan meses denunciando que las universidades arrastran un déficit estructural acumulado durante los últimos quince años, con especial impacto en campus como la Complutense o la Rey Juan Carlos.
Preguntado por si el nuevo modelo estará definido antes de la próxima cita electoral, prevista en principio para 2027, el portavoz ha respondido con un “por supuesto”. La financiación, ha insistido, es el objetivo prioritario del mandato en materia universitaria.
El papel de Castillo Algarra
La crisis ha tenido también derivadas colaterales. Antonio Castillo Algarra, dramaturgo al que la oposición y distintos medios atribuyeron influencia en la política educativa del Gobierno regional y a quien se vinculaba con el entorno de “Los Pocholos”, ha presentado su dimisión en el Patronato del Ballet Español de la Comunidad de Madrid tras la salida de Viciana. García Martín ha evitado precisar cuál era su papel en el Ejecutivo, limitándose a señalar que las decisiones se adoptan “en la sala del Consejo de Gobierno o en los despachos de los consejeros y directores generales”.
El portavoz ha tratado de restar trascendencia al encadenamiento de ceses y dimisiones, que ha calificado de “relevo” y ha enmarcado dentro de la normalidad institucional. Los tres diputados que han abandonado la Asamblea serán sustituidos por nuevos parlamentarios que se incorporarán al grupo popular.
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