La histórica activista Paca Blanco lucha para evitar su desahucio: “Me consideran okupa cuando quiero regularizar mi situación”

A pesar de las dificultades que le ha tocado afrontar a lo largo de su vida, la activista Paca Blanco, de 77 años, mantiene su energía intacta y asegura que seguirá luchando por las causas sociales que siempre ha defendido, como el ecologismo y el derecho a la vivienda, “hasta que el cuerpo aguante”. Referente feminista y superviviente del Patronato de la Mujer del franquismo, afronta ahora un nuevo conflicto, aunque este es personal: su propio desalojo. Hace unas semanas recibió una orden de desahucio por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, entidad que rechaza regularizar su situación, ya que la histórica activista vive desde hace 12 años en una casa que le fue adjudicada a su hijo.

Blanco asumió la responsabilidad de la vivienda y las facturas después de que su hijo y su nuera, adjudicatarios del piso, se trasladaron a Brasil, país donde residen actualmente. Aunque ha solicitado en varias ocasiones regularizar su situación, según relata a Infobae, la EMVS ha rechazado sus peticiones, al considerarla “ilegal” y “okupa”, ya que la ley no permite transferir la titularidad del inmueble de hijos a padres, aunque sí autoriza el traspaso en sentido contrario. Su caso es tan solo un ejemplo de la falta de soluciones ante la crisis de la vivienda y la desprotección que afecta a miles de familias en España.

“Llevo 12 años viviendo aquí y la EMVS nos considera ocupantes ignorados, tanto a mí como a mi hijo y mi nuera, tal y como consta en la orden de desahucio. Quieren echar a una señora de 77 años con andador cuando he presentado numerosos documentos y recursos para poder formalizar mi situación, pero siempre lo han rechazado”, señala la activista extremeña, que explica que en el último año ha podido pagar el alquiler de forma continuada tras recibir una carta dirigida a su hijo con un número de cuenta municipal. Al igual que otras muchas personas vulnerables sin alternativa habitacional, Blanco podría quedarse el próximo 23 de febrero, fecha prevista para su desalojo.

Aplazar un desahucio no es la solución

Aunque lograra aplazar el desahucio y obtener un tiempo extra para permanecer en la vivienda, Blanco admite que esa medida solo supone un alivio momentáneo. El problema principal persiste, asegura, ya que sigue sin una alternativa habitacional y “mucha incertidumbre” sobre su futuro. “A veces te conceden unos días más, como le ha pasado recientemente a Mariano, [un hombre de 67 años al que una orden religiosa con un centenar de propiedades quiere desalojar en Madrid], pero al final te echan. No nos pueden tratar así, yo prefiero que me maten de una puñetera vez”, afirma indignada, al tiempo que asegura que todo este proceso solo le ha generado “ansiedad y angustia”.

“No me voy a ir a una residencia de monjas”

Los servicios sociales solo le han propuesto como salida trasladarse a una residencia de mayores, una opción que Blanco descarta tanto por motivos económicos - cuenta con 1.200 euros mensuales de la pensión de jubilación y la de viudedad- como personales, más aún si se trata de un geriátrico que pertenece a una orden religiosa. “Si al final me echan de mi casa, me iré debajo del puente de Vallecas, a ver si los sin techo me dejan un sitio. Llevo toda la vida luchando contra las monjas como para que ahora me quieran meter en una residencia con ellas”, protesta.

Su negativa a convivir con religiosas está ligada a experiencias previas muy dolorosas, ya que durante el franquismo Blanco fue internada en el Patronato de Protección a la Mujer, una institución represiva en la que, como ella, miles de mujeres fueron privadas de libertad bajo pretextos morales, sometidas a disciplina estricta y control. En estos centros, gestionados en su mayoría por órdenes religiosas, las internas no podían comunicarse libremente y el adoctrinamiento religioso era constante. Los castigos incluían aislamiento, celdas, insultos, humillaciones públicas y revisiones físicas invasivas.

Después de todo lo vivido -y sufrido-, Blanco ya no espera respaldo de las instituciones, pero mantiene una confianza absoluta en “su gente”: amigos y activistas de colectivos como Ecologistas en Acción o el Sindicato de Inquilinas que nunca la han dejado sola. “Sé que mi gente no me va a dejar tirada. He vivido mucho y no tengo duda de que la mejor gente es la que te encuentras luchando por las causas nobles desinteresadamente”, afirma. Y, en ese sentido, tiene claro que la lucha por el derecho a la vivienda solo tiene sentido si es colectiva: “Mientras el cuerpo aguante, voy a seguir peleando”, concluye.

Escudo social

Blanco también expresa su inquietud ante la posible desaparición del “escudo social”, el conjunto de medidas adoptadas durante la pandemia para proteger a los sectores más vulnerables, que incluyó la suspensión de desahucios y la garantía de suministros esenciales. La continuidad de estas medidas depende ahora de su aprobación en el Congreso, donde formaciones como Junts han anunciado su rechazo al decreto de prórroga, lo que pone en peligro que estas protecciones sigan vigentes en un momento de especial vulnerabilidad para unas 60.000 familias en España.