Andorra dejará de ser refugio fiscal de influencers: los nuevos residentes deberán pagar al Estado 50.000 euros e invertir un millón en activos del país

Andorra va a dejar de ser el destino favorito de los influencers españoles para mudarse. Y es que, el pasado 22 de enero, el Parlamento de Andorra aprobó una reforma de la ley de migración que va a transformar las reglas del juego para quienes pretenden residir en el Principado. Hasta ahora, el país ha sido un lugar conocido por su baja presión fiscal y su facilidad para atraer fortunas y talento digital, ya que mantenía una fiscalidad personal máxima del 10% en el IRPF, a pesar de que España no lo reconoce como paraíso fiscal desde 2018.

Uno de los cambios que va a implantar el Parlamento andorrano es la eliminación del tradicional depósito reembolsable de 50.000 euros ante la Autoridad Financiera Andorrana (AFA). Pero no es una eliminación al uso, sino que, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, este importe se transforma en una aportación a fondo perdido. Es decir, un pago definitivo al Estado que los nuevos residentes no podrán recuperar bajo ninguna circunstancia. Además, si el solicitante tiene familiares a cargo, la cifra sube, y por cada dependiente se suman 12.000 euros adicionales al coste inicial.

Los nuevos filtros para residir en Andorra

De igual manera, las condiciones para la residencia pasiva —aquella que no exige actividad laboral en el país— también se endurecen. El solicitante debe invertir un mínimo de un millón de euros en activos andorranos, o bien optar por la vía inmobiliaria y gastarse 800.000 euros en una propiedad. Aun así, existe una alternativa más asequible, aunque no para todo el mundo, de invertir 400.000 euros a través del Fondo de la Vivienda, un mecanismo orientado a fomentar la inversión en el mercado inmobiliario local.

Igualmente, se establecen normas sobre el tiempo máximo de pernocta fuera del país para mantener la residencia, manteniendo la obligatoriedad de pasar un tiempo mínimo de residencia efectiva de 183 días al año.

Sin embargo, la ley contempla algunas excepciones. Los deportistas de élite, artistas de renombre y científicos considerados de “interés especial” conservarán el antiguo sistema de depósito reembolsable, manteniendo ciertas ventajas respecto al resto de solicitantes. Esta distinción señala la intención del Gobierno de seguir atrayendo perfiles que aporten prestigio o innovación a la sociedad andorrana.

El alcance de la reforma no se limita a inversores adinerados o creadores de contenido. Los trabajadores por cuenta propia, autónomos y empresarios también se verán afectados. Ahora se exige a estos perfiles justificar una inversión mínima de 50.000 euros, controlar la mayoría del capital social de las empresas andorranas, ejercer funciones directivas reales y demostrar la existencia de una actividad económica tangible en el país.

Un modelo migratorio más exigente y supervisado

La nueva normativa, recogida en la Ley de continuidad y consolidación de las medidas para el crecimiento sostenible, introduce también criterios más estrictos para las autorizaciones temporales de inmigración. Los empleados de compañías extranjeras podrán trabajar en Andorra hasta un máximo de 12 meses, salvo excepciones de interés general, y deberán contar con seguro médico y cobertura por accidentes laborales. Sumado a esto, las empresas y particulares sancionados por infracciones graves quedarán excluidos de nuevas autorizaciones durante al menos un año.

Asimismo, el control administrativo se refuerza en varios frentes. Se amplían los supuestos para anular o no renovar los permisos de residencia, incluyendo el fraude documental, el reagrupamiento familiar indebido o el incumplimiento de las condiciones para residentes sin actividad lucrativa. Por otro lado, los permisos de corta duración y para trabajadores fronterizos requerirán notificación previa y la obtención de las autorizaciones antes del inicio de cualquier actividad laboral.

Esta reforma, impulsada por el Gobierno, busca “garantizar un modelo migratorio más exigente, ordenado y alineado con el crecimiento sostenible de Andorra”, según recoge la exposición de motivos. Solo el Partido Socialdemócrata y Concórdia —partido progresista andorrano— votaron en contra de la medida.