El Gobierno cosecha su primera derrota parlamentaria del año con la caída del escudo social: “Es jugar a la ruleta rusa”

En medio de la crisis ferroviaria, el Gobierno estrena el arranque del año parlamentario con la caída del decreto ómnibus y las ayudas al transporte público, de nuevo, por la falta de consenso entre partidos clave. La primera de las medidas ha fracasado con los votos negativos del PP, Vox y Junts per Catalunya, como ya ocurrió hace un año con otro decreto similar; mientras que el segundo ha caído con el ‘no’ de PP, Vox y Podemos. En cambio, el Gobierno sí salvado, en cambio, el real decreto que prorroga las ayudas al transporte público e introduce el abono único estatal con el sí de la mayoría parlamentaria.

Las medidas que se han votado en este Pleno Extraordinario son en dos reales decretos separados que fueron aprobados en Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, y que este jueves necesitaron su convalidación para extenderlas durante todo el 2026.

El primero, el decreto ómnibus, era un cajón de sastre que mezclaba la revalorización de las pensiones conforme al IPC en 2026 con las prórrogas del llamado “escudo social”, entre ellas la paralización de los desahucios a las familias vulnerables, la prohibición de cortarles la luz, gas y agua o el bono social eléctrico. También incluía asuntos como las ayudas a los seguros agrarios por los incendios forestales, incentivos para la compra de coches eléctricos y el descuento en el abono transporte.

Mantener las ayudas para el transporte ha llegado a Pleno precisamente en medio de la crisis ferroviaria que ha puesto en la diana al ministro de Transportes, Óscar Puente. De hecho, el ministro socialista no ha sido el encargado de defender la medida desde la tribuna, sino que ha sido su compañero Félix Bolaños. Este decreto prevé ampliar las bonificaciones actuales hasta 2026 en los abonos a nivel estatal, autonómico y local, con descuentos de hasta el 100% previsto para jóvenes y niños, así como la creación de un abono único de alcance nacional.

Un exitoso enero no logran traducirse en una mayoría

El Gobierno ha desplegado en las últimas semanas toda su maquinaria negociadora para garantizarse el apoyo de sus aliados, culminando la recta final de enero con varios acuerdos clave: la transferencia de varias competencias al País Vasco (un compromiso del PSOE con el PNV), la reforma de la financiación autonómica (negociada con ERC) y la regularización de los migrantes que pedía Podemos.

Además, el Gobierno ha tratado de jugar con la baza de retratar a aquellos que “votan en contra de los jubilados”, argumentando que el ‘no’ al conjunto del paquete implicaría “golpear a 10 millones de españoles”. Su rechazo, advertía horas antes de la votación la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “sería un error manifiesto”.

Y en este sentido, el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido a la Cámara “altura de miras” para mantener la protección de colectivos vulnerables “pese a la buena situación económica del país”. “En su mano está”, ha afirmado Bolaños, quien pidió explicaciones a “aquellos partidos que hace un año votaron a favor de un decreto idéntico y que ahora votan no”.

Pero ni estos llamamientos han sido suficientes. Principalmente porque el Gobierno dependía en en última instancia del partido de Carles Puigdemont, una cantinela que ya ha sido repetida en varios ocasiones el año pasado.

Sobre el primer decreto, la portavoz posconvergente, Míriam Nogueras, avanzó que su formación no iba a aprobar la subida de las pensiones en 2026 en paquete que incluye medidas de diferente índole con las que no están de acuerdo. Y en este sentido, al igual que ha manifestado el PP, el principal escollo ha sido la prohibición de los desahucios. De hecho, el PNV trató también de modificar esta medida, proponiendo excluir a los propietarios de una sola vivienda.

Y los nacionalistas vascos, a pesar de su voto a favor, han querido afear la mala estrategia negociadora del Gobierno. “Este decreto contiene una mezcla de leyes necesarias con otras controvertidas, diseñadas para forzar un falso dilema. Eso no es buscar consenso, eso es jugar a la ruleta rusa con su aprobación”, ha afirmado la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal. Por su parte, Junts ofreció una proposición de ley para llevar por separado la revalorización de las pensiones.

¿Qué ocurrirá ahora con las pensiones de febrero? De momento, quedarán aplazadas. Sin embargo, el Gobierno podría volver a aprobar una subida mediante un real decreto que deberá ser convalidado posteriormente en el Congreso.

El ‘no’ del PP y Junts al anterior escudo social

El Ejecutivo ha vuelto a recurrir a la misma jugada que hace un año le llevó a cosechar una derrota parlamentaria. Entonces, el Gobierno llevó a convalidación un decreto sobre la actualización de las pensiones que incluía, entre otras medidas, ayudas a los afectados por la DANA y la entrega de un edificio al PNV.

Sin embargo, los populares rectificaron su voto cuando volvió a llevarse a Pleno semanas después, apoyando el “escudo social” argumentando que lo hizo por los pensionistas y que su voto no era “decisivo” y no podía impedir ya el traspaso de un “palacete” en París al PNV. En el caso de Junts, el Gobierno tuvo que abrir una negociación política que consiguió su apoyo in extremis.