La Eurocámara lleva el acuerdo UE-Mercosur ante la justicia europea: qué se paraliza, qué avanza y por qué el conflicto va a más

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur vuelve a tener un futuro incierto. Lo que hace apenas unos días era un hito histórico tras 25 años de negociaciones va a tener que pasar ahora por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Después haber hecho oficial el pacto, con la firma oficial en Paraguay el pasado sábado, ahora el Parlamento Europeo ha decidido llevarlo ante la justicia para que aclare su legalidad. Una maniobra que congela su aprobación y reabre un debate político y jurídico que muchos daban por cerrado.

La decisión, adoptada por un margen muy ajustado, ha tenido un efecto inmediato. A partir de ahora, la Eurocámara no se pronunciará sobre el acuerdo, al menos hasta que el TJUE emita su veredicto. En la práctica, esto supone paralizar el proceso que permitiría la entrada en vigor definitiva del tratado.

¿Qué aspectos del acuerdo cuestiona el Parlamento ante la justicia?

La impugnación ante el TJUE se apoya en dos grandes ejes. El primero es el mecanismo de reequilibrio incluido en el acuerdo, que permite a la UE o a los países de Mercosur reclamar compensaciones si consideran que hay nuevas leyes de la otra parte que perjudican lo pactado. Para muchos eurodiputados, este instrumento podría chocar con la autonomía regulatoria de la Unión y debilitar su capacidad normativa futura.

El segundo eje tiene que ver con la arquitectura jurídica del acuerdo. El parlamento cuestiona la decisión de la Comisión de dividir el tratado en dos instrumentos: uno político y de cooperación, y otro estrictamente comercial. Esta fragmentación permite que la parte comercial se ratifique únicamente a nivel europeo, sin pasar por los parlamentos nacionales, lo que ha sido interpretado por algunos como una maniobra para facilitar su aprobación.

Y es que, gracias a esto, la Comisión pudo obtener luz verde para la firma del acuerdo mediante mayoría cualificada en el Consejo, esquivando la unanimidad y pese a la oposición expresa de varios Estados miembros, entre ellos Francia, Irlanda y Polonia. París, de hecho, ha celebrado la decisión del Parlamento de acudir a la justicia europea, al considerar que refuerza su posición crítica frente al pacto.

¿Puede el acuerdo aplicarse pese al proceso judicial?

Sin embargo, desde el punto de vista legal, el recurso del Parlamento no invalida la firma ni impide automáticamente que el acuerdo empiece a aplicarse. La Comisión Europea conserva la posibilidad de activar de forma provisional la parte comercial del pacto, siempre que al menos uno de los países de Mercosur complete su aprobación interna. Pero, hasta ahora, ninguno de ellos lo ha hecho.

Esa aplicación “interina” permitiría que algunas disposiciones comerciales entren en vigor mientras se completa el proceso político y judicial en Europa. Pero Bruselas es consciente de que avanzar en ese sentido sin un respaldo político claro podría agravar aún más las tensiones internas. Por eso, la Comisión se muestra cauta y evita, por el momento, aclarar si seguirá adelante pese al procedimiento ante el TJUE.

¿Cuánto puede alargarse el pulso político y judicial sobre el acuerdo?

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE no será inmediato. Las estimaciones apuntan a un plazo de entre 18 y 24 meses para conocer sus conclusiones. Durante ese tiempo, la ratificación quedará en suspenso y el acuerdo seguirá siendo objeto de disputa política, tanto dentro de la UE como en sus relaciones con América del Sur.

Mientras tanto, la Comisión insiste en que mantendrá el diálogo con el Consejo y con los eurodiputados antes de decidir los próximos pasos. El objetivo es evitar una fractura institucional mayor y preservar la credibilidad comercial de la Unión.

No obstante, la reacción del Ejecutivo comunitario no se ha hecho esperar. El comisario europeo de Comercio y principal negociador del acuerdo, Maros Sefcovic, ha expresado públicamente su malestar por la decisión del Parlamento. A su juicio, la Eurocámara ha optado por “reabrir cuestiones ya resueltas” en un momento especialmente delicado para la economía europea.

Sefcovic ha subrayado este miércoles que los exportadores de la UE necesitan certidumbre, previsibilidad y acceso a nuevos mercados, y ha lamentado que se ponga en duda un acuerdo que la Comisión considera estratégico. En su mensaje, difundido tras la votación parlamentaria, insistió en que la Unión debe seguir proyectándose como un socio comercial fiable en un contexto global cada vez más competitivo e incierto.

Este mismo argumento ha sido reiterado por el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, quien ha reconocido que Bruselas “lamenta profundamente” la iniciativa del Parlamento. Según Gill, las dudas legales planteadas no solo son injustificadas, sino que ya fueron abordadas en el pasado durante la ratificación de otros acuerdos comerciales similares.