El desahucio de dos niñas huérfanas por violencia machista junto a su abuela revela las fallas del escudo social: subsistían con 600 euros al mes

Ocurrió el pasado 14 de enero. De nuevo una familia sin recursos se quedaba en la calle tras ser desahuciada por un fondo inmobiliario en Madrid, a pesar de que existe un escudo social que debería impedirlo. Pero en este caso, el desalojo ordenado por el Juzgado de Primera Instancia número 100 de la capital resulta mucho más difícil de explicar, pues se llevó a cabo pese a la situación de extrema vulnerabilidad de la familia, formada por una mujer de 65 años y sus dos nietas menores de edad, que quedaron huérfanas en 2023 por el asesinato machista de su madre. Tampoco se tuvieron en cuenta los informes de los servicios sociales, que deberían haber servido para frenar el lanzamiento o prorrogarlo, lo que deja en evidencia las grietas del sistema.

Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) aseguran que el desalojo podría haberse evitado si se hubieran activado los mecanismos previstos para situaciones de exclusión residencial, especialmente en un caso que afecta a menores huérfanas por violencia de género.

Por su parte, la Asociación Vecinal La Unidad de Villaverde Este de Madrid responsabiliza de lo ocurrido tanto al juzgado y a las administraciones como al fondo inmobiliario Circleville S.L., que adquirió la vivienda. “El sistema ha fallado por partida doble. Por un lado, por la desprotección de los servicios sociales hacia dos menores cuya madre fue asesinada a manos de su pareja, menores que ni siquiera reciben ayuda para el comedor escolar. Y, por otro lado, por la falta de voluntad política para evitar que esta vivienda acabe tapiada, deshabitada y una familia en la calle”, ha indicado la entidad.

“No es un error puntual”

Consideran que detrás de este fallo no hay un error puntual, sino “una realidad estructural, la de la vivienda, que lejos de ser tratada como un derecho, sigue siendo gestionada como una mercancía”. La asociación también critica que el juzgado ordenara el lanzamiento del desahucio a pesar de que los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid le habían trasladado un informe de vulnerabilidad de la familia y, por si fuera poco, añade, la abogada del turno de oficio asignada “ni siquiera se personó en la vivienda en el momento del desahucio”.

La familia subsistía con 600 euros al mes

Desde la FRAVM también exigen explicaciones al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia de la comunidad por la actuación del juzgado. “La ejecución de este desahucio ha puesto de manifiesto cómo se prioriza el beneficio económico y la especulación frente a la garantía de derechos básicos, la protección de menores y la protección de víctimas de violencia machista”, señalan en un comunicado.

En este caso, además, la familia desahuciada ni siquiera ha podido contactar con el fondo de inversión para conocer la deuda que le reclamaban, aseguran. Las asociaciones vecinales también recuerdan que la abuela de las menores “subsistía con ingresos precarios, de unos 600 euros mensuales” y que durante meses no recibieron ayuda por parte de ninguna institución para poder afrontar esta situación, por lo que se han visto “totalmente desprotegidas”.

Después del desahucio, la familia ha logrado encontrar un lugar donde quedarse de manera provisional gracias a su red de amistades, mientras que los vecinos han expresado su compromiso de seguir apoyando y de visibilizar la situación ante la opinión pública.

El Gobierno prorrogó en diciembre las medidas para hogares vulnerables

Los desahucios de familias sin recursos económicos suficientes, tal y como evidencia este caso, se producen con frecuencia, a pesar de que a finales del pasado mes de diciembre el Gobierno aprobó un decreto para prorrogar las medidas para hogares vulnerables sin una alternativa habitacional que ya estaban en vigor, que se aprobaron en 2020. En teoría, esas medidas no solo impiden llevar a cabo desalojos de estos hogares, sino que también prohíben el corte de suministros básicos como la luz, el gas natural y el agua.

Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial muestran cómo este problema sigue vigente y alcanza a miles de familias cada año. En el tercer trimestre de 2025, los juzgados llevaron a cabo 5.053 desalojos en España, solo un 4,8% menos que en el mismo periodo de 2024.

Nuevo decreto en materia de vivienda que no convence

Por otro lado, con el objetivo de “frenar la especulación inmobiliaria”, el pasado lunes el Gobierno anunció un real decreto ley que contempla bonificaciones fiscales del 100% a los propietarios que decidan no subir el precio del alquiler en los contratos de vivienda que vencen en 2026 y que fueron firmados durante la pandemia. El decreto también incluye un límite en el precio del alquiler por habitaciones y restricciones en los contratos de temporada. Sin embargo, desde Sumar, socio del Ejecutivo, cuestionan la medida y la califican de “injusta e ineficaz”, al considerar que “premia a los caseros”.

El Sindicato de Inquilinas también rechaza este paquete de medidas y sostiene que los incentivos fiscales para propietarios representan un “privilegio fiscal” que solo favorece a los propietarios y no soluciona el problema de la vivienda, cuyo precio no deja de aumentar.