El exfiscal del Estado, Álvaro García Ortiz, está a las puertas de comenzar un nuevo capítulo en su carrera profesional tras la polémica condena que marcó su paso por la jefatura del Ministerio Público. Según confirman fuentes fiscales a EFE, se incorporará como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo, un destino poco mediático y con menor carga de presión pública dentro de la Fiscalía del Alto Tribunal, que él mismo habría elegido en busca de un entorno más sosegado tras los últimos acontecimientos.
Aunque su reingreso en la carrera fiscal ya se ha formalizado en lo que respecta a la Sección Social del Supremo, el futuro inmediato de García Ortiz en la carrera fiscal todavía está por determinar. La Inspección de la Fiscalía General del Estado debe ahora analizar cómo afecta la condena a su condición de fiscal de Sala, la máxima categoría profesional dentro del Ministerio Público, y decidir si procede su suspensión o expulsión en virtud del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El propio alto tribunal consideró “excesivo” que su fallo tenga consecuencias automáticas sobre toda su carrera profesional, subrayando que las consecuencias extraprocesales de la condena no son de su competencia.
En paralelo, este mismo lunes, la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, ha anunciado la presentación de un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo para intentar anular la condena, un paso previo para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional, al argumentar que se habrían vulnerado derechos como la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. La Fiscalía del propio Tribunal Supremo también ha pedido la anulación del fallo, cuestionando los fundamentos jurídicos de la condena.
La condena al fiscal general
La sentencia del Tribunal Supremo que marcó el abrupto final de García Ortiz como fiscal general del Estado le impuso una pena de inhabilitación especial para el cargo durante dos años, además de una multa económica, por un delito de revelación de secretos.
Los magistrados consideraron probado que el entonces jefe del Ministerio Público participó en la difusión de un correo electrónico de carácter reservado, vinculado a un procedimiento judicial que afectaba al entorno personal de una figura política de primer nivel. Para el alto tribunal, esa actuación vulneró el deber de reserva inherente a su cargo y supuso un uso indebido de información confidencial obtenida en el ejercicio de sus funciones.
El fallo subrayó la especial gravedad de los hechos por la posición institucional que ocupaba García Ortiz en el momento de producirse, al tratarse del máximo responsable de velar por la legalidad y la imparcialidad de la actuación de los fiscales. No obstante, el propio Supremo acotó expresamente el alcance de la pena, limitándola al ejercicio del cargo de fiscal general del Estado y evitando pronunciarse sobre su continuidad en la carrera fiscal, una cuestión que dejó en manos de los órganos competentes del Ministerio Público.
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