El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha arrancado el año con su primera propuesta para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta semana, la ministra Yolanda Díaz ha vuelto a sentarse en la mesa de negociación junto a los agentes sociales con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el sueldo mínimo para los trabajadores en 2026. La discusión se reactiva después de que la última subida se aprobara sin el respaldo de la patronal y con posiciones ahora más alejadas entre sindicatos y empresarios, lo que anticipa una negociación compleja.

El SMI se sitúa actualmente en 16.576 euros brutos al año, el equivalente a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas. A partir de esa cifra, las propuestas que manejan Gobierno, sindicatos y patronal dibujan escenarios muy distintos.

El Ejecutivo plantea una subida moderada, apoyada en las recomendaciones del comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo. El incremento, según la última propuesta de la cartera de Yolanda Díaz, se situaría en el 3,1%, lo que elevaría el salario mínimo hasta los 1.220 euros mensuales sin la obligación de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En términos anuales, el SMI se situaría en los 17.080 euros, con un aumento de 36 euros al mes y unos 500 euros al año.

Posibles escenarios con un diálogo social fragmentado

Los sindicatos, sin embargo, consideran insuficiente esa subida y reclaman un incremento más ambicioso, del 7,5%, con el objetivo de acercar el salario mínimo al 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. De prosperar esta propuesta, el SMI alcanzaría aproximadamente los 1.273 euros brutos mensuales, lo que supondría unos 17.800 euros al año. El aumento rondaría los 90 euros mensuales y rozaría los 1.250 euros anuales. Para las organizaciones sindicales, una subida menor no garantiza la protección del poder adquisitivo, especialmente si el salario mínimo comienza a tributar en el IRPF. En ese caso, el salario mínimo se reduciría hasta los 1.216 euros después de impuestos y la subida estaría recortada al 2,7%.

En el extremo opuesto se sitúa la patronal, que defiende una subida mínima, del 1,5% hasta los 16.824 euros anuales. Según este planteamiento, el SMI apenas superaría los 1.200 euros mensuales, con un incremento de unos 16 euros al mes y alrededor de 250 euros al año. Las organizaciones empresariales argumentan que una subida mayor elevaría de forma significativa los costes laborales, especialmente en pymes y sectores con márgenes ajustados, y podría tener un impacto negativo sobre el empleo.

Más allá de la cuantía, la negociación está condicionada por varios retos que complican el acuerdo. Uno de los principales es el estado del diálogo social, deteriorado tras la subida de 2025, aprobada sin el respaldo de la CEOE. Este antecedente pesa sobre la negociación actual y alimenta la posibilidad de que el Gobierno vuelva a fijar el SMI de forma unilateral si no se alcanza un consenso.

La tributación del SMI, clave en la mesa de negociación

Otro de los grandes focos de conflicto es la tributación del salario mínimo. En el pasado, los sindicatos han sostenido que el SMI no debería tributar en el IRPF o, en su defecto, que cualquier subida tenga en cuenta el impacto fiscal para evitar que el salario neto se vea reducido. Otros sectores defienden, en cambio, que el salario mínimo debe integrarse plenamente en el sistema tributario para preservar la progresividad fiscal, un debate que añade complejidad técnica y política a la negociación.

Históricamente, cada vez que subía el SMI, Hacienda elevaba también el mínimo exento del IRPF para evitar que los trabajadores que cobraban el salario mínimo empezaran a tributar. Con la subida del SMI de 2025, Hacienda dejó de ajustar ese umbral y optó por una solución alternativa: una deducción específica en el IRPF para que, en la práctica, quienes cobren el SMI no paguen el impuesto. Sin embargo, esta solución temporal reabre este año el debate sobre la tributación.

De hecho, las cifras planteadas tanto por sindicatos como por la patronal contemplan la nueva carga fiscal para el salario mínimo, mientras que la propuesta que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa se corresponde con el escenario planteado por los expertos para un SMI aún exento de tributación, en lugar de la subida del 4,7% sugerida en su informe de diciembre para un alza con tributación.

Criterios de fijación y absorción de pluses

También existe desacuerdo sobre los criterios utilizados para fijar el SMI. Mientras el Gobierno basa su cálculo en la Encuesta de Estructura Salarial, la patronal cuestiona la metodología empleada y advierte de que no refleja adecuadamente la diversidad del tejido productivo ni la evolución de la productividad. Según los empresarios, Trabajo sobreestima el salario medio porque excluye sectores intensivos en mano de obra. Por ello, proponen usar la Encuesta de Población Activa, que incluye agricultura, pesca y servicio doméstico, evitando aumentos excesivos de los costes laborales.

A ello se suma la discusión sobre la absorción de complementos salariales, que gira en torno a la posibilidad de que la subida del SMI sobrepase e incorpore otros pagos que ya recibían los trabajadores, como pluses por antigüedad, transporte, nocturnidad o productividad. Los sindicatos defienden que cualquier aumento del salario mínimo debe ser adicional y efectivo, de modo que los trabajadores realmente perciban más dinero en mano, sin que los empleadores lo descuenten de los complementos existentes. Por el contrario, las empresas consideran que permitir la absorción les da flexibilidad para ajustar costes salariales, evitando un gasto extra adicional en sectores o empresas con márgenes reducidos.