Los agricultores europeos vuelven a movilizarse contra el acuerdo con Mercosur y reclaman garantías frente a la competencia de productos importados

El sector agrario europeo se ha vuelto a movilizar este jueves para mostrar su rechazo al inminente acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países de Mercosur, así como a los recortes previstos en la próxima Política Agraria Común (PAC). Tras protestas y cortes de carreteras en varias provincias, la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), principal convocante en España, ha advertido de que las acciones se repetirán este viernes y podrían prolongarse de forma “indefinida” en función de la evolución de las negociaciones en Bruselas.

Desde primera hora de la mañana, decenas de tractores han bloqueado puntos de circulación cercanos a la frontera con Francia, especialmente en Cataluña, donde la AP-7 y la N-2 han quedado cortadas en varios tramos, así como en el puerto de Tarragona y la carretera C-38 hacia Coll D’Ares. En el País Vasco, medio centenar de tractores han recorrido las calles de Vitoria-Gasteiz, convocados por la asociación Ataca, que agrupa a agricultores y ganaderos de álava y el enclave burgalés de Treviño. Las tractoradas también se han extendido a provincias como Guadalajara, Zamora, Burgos, Segovia, Soria y Valencia.

En Francia, un centenar de tractores ha logrado entrar en París, pese a las restricciones policiales, para protestar contra el mismo acuerdo comercial y la gestión de la epidemia de dermatosis nodular contagiosa (DNC). En Bélgica, Grecia, Italia, Polonia, Austria y Alemania también se han anunciado protestas coordinadas con el respaldo de sindicatos y asociaciones locales.

Mercosur, en el punto de mira

Las principales reclamaciones de los agricultores y ganaderos giran en torno al posible cierre del acuerdo UE-Mercosur, cuya firma está prevista para el 12 de enero. Los agricultores han manifestado que este tratado representa una amenaza directa para la supervivencia del campo europeo. Argumentan que la entrada masiva de productos agropecuarios con precios inferiores procedentes de los países del Mercosur, elaborados bajo estándares ambientales, laborales y sanitarios menos estrictos, colocaría en situación de desventaja a los productores españoles y europeos.

Miguel Ángel Aguilera, presidente de Unaspi, lo resume como “la muerte del sector primario”. El temor principal de la organización reside en un posible escenario de competencia desigual: el mercado europeo se vería abierto a un bloque agrícola cuatro veces mayor, donde no se aplican las mismas exigencias de producción ni de control sanitario. Se cita el caso de la carne de vacuno y de ave, que, según los agricultores, podría importarse con hormonas de crecimiento y antibióticos permitidos en origen pero prohibidos en la Unión Europea.

Raúl Beitia, presidente de Ataca, ha alertado que las importaciones de vacuno podrían aumentar entre un 30% y un 60%, suponiendo un golpe para los productores locales y para la soberanía alimentaria. “No se trata solo de precios, sino de garantías sanitarias y de competencia justa”, sostiene.

Las otras reclamaciones de los agricultores

Las protestas también recogen el descontento con la reforma de la PAC, cuyo borrador contempla recortes y un aumento de la burocracia que, para los agricultores, dificultan la viabilidad de las explotaciones familiares en favor de los gigantes de la industria. A estas inquietudes se suman el rechazo a los macroproyectos de energías renovables, la demanda de rebajas fiscales sobre los hidrocarburos y la petición de que se ponga fin a la protección integral del lobo, por los daños que produce al ganado.

El manejo de la DNC en el ganado bovino ha sido otro foco de conflicto también en España. El sector exige que se modifique el protocolo sanitario para vacunar a toda la cabaña, y no solo a las provincias donde ya se han detectado casos. Los ganaderos reclaman una respuesta más coordinada y preventiva, considerando la experiencia reciente en Francia, donde el descontento por la actución del Gobierno frente a la enfermedad ya ha provocado bloqueos de carreteras y protestas similares.

Respuesta desde Bruselas

Este mismo jueves, Christophe Hansen, comisario europeo de Agricultura, ha reconocido que persisten dudas sobre la protección al sector frente a la evolución del acuerdo y la reforma de la política agraria. Mientras, la ministra chipriota Maria Panayiotou, ha insistido en la necesidad de consolidar una red de seguridad para los productores, que consideran insuficientes las salvaguardias aprobadas anteriormente para garantizar la estabilidad, que incluyen el seguimiento reforzado para productos sensibles y la posibilidad de suspender aranceles si las importaciones de productos más baratos dañan al sector.

En respuesta a las quejas de los agricultores, la Comisión Europea propuso ayer suspender temporalmente los aranceles a fertilizantes como el amonio y la urea, clave para la agricultura europea, con la intención de reducir costes y aliviar la presión sobre los márgenes de los productores. También planteó salvaguardias adicionales para asegurar que los beneficios lleguen directamente a los agricultores. Además, se recomendó fortalecer la producción nacional de fertilizantes y diversificar los proveedores, mientras los ministros continuan debatiendo sobre el presupuesto de la PAC, la competitividad global del sector y la simplificación administrativa ante un escenario de mercados volátiles.