La relación de Delcy Rodríguez con España: un viaje a escondidas a Madrid, el encuentro con Ábalos y su entrada prohibida en la UE por violar los derechos humanos

Tras la detención del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su posterior traslado a territorio norteamericano, Venezuela entró en un escenario político que hasta hace poco parecía inimaginable. La respuesta institucional interna fue inmediata: el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumiera la presidencia interina del país para garantizar la continuidad del Estado en una situación considerada “extraordinaria”.

El chavismo cerró filas en torno a una de sus figuras más sólidas y, al mismo tiempo, más polémicas. Y, con ello, colocó en el centro del poder a una dirigente que no sólo tiene un peso decisivo dentro del régimen, sino que arrastra una compleja y delicada relación con España y con la Unión Europea.

Rodríguez no llega a esta posición desde la periferia del sistema. Lleva años en la cúspide del poder de la dictadura venezolana. Ha sido ministra, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, una de las voces más visibles del chavismo frente a la comunidad internacional y, desde 2018, vicepresidenta ejecutiva. Un perfil duro, leal a Maduro y con una presencia constante en las batallas políticas internas y externas del régimen. Pero su ascenso a la jefatura del Estado llega acompañado de algo más que su trayectoria: llega rodeado de sanciones europeas, de tensiones con Bruselas y de un episodio que marcó para siempre su relación con España: el ‘Delcygate’.

Las sanciones europeas a Rodríguez

Delcy Rodríguez llega a la presidencia interina de Venezuela con un régimen de sanciones europeas vigente, de momento, hasta 2027 y renovado de manera reiterada desde hace años. La Unión Europea aprobó su marco sancionador contra Venezuela en noviembre de 2017, pero fue en junio de 2018 cuando el Consejo de la UE decidió incluir específicamente a Rodríguez en la lista negra, no solo como parte del entorno del chavismo, sino por su responsabilidad directa en “socavar la democracia y el Estado de Derecho” y, sobre todo, por estar vinculada a “violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela”.

Esta inclusión implica congelación de activos en territorio comunitario, prohibición de recibir fondos o recursos económicos directa o indirectamente y, especialmente, prohibición de entrada y tránsito por el espacio Schengen. Es decir, no solo no puede entrar legalmente a un país de la UE, sino que tampoco puede hacer escala ni permanecer en zonas de tránsito aeroportuario si se interpreta la norma en su sentido más estricto. Este veto se enmarca en una lista que hoy supera la sesentena de dirigentes venezolanos —entre ellos figuras clave del chavismo como Diosdado Cabello o Tarek William Saab— considerada durante años una herramienta central de presión política sobre Caracas.

Rodríguez intentó combatir este veto por la vía judicial. En 2021 recurrió su inclusión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El tribunal analizó el expediente y rechazó su recurso, dando por válidas las motivaciones del Consejo Europeo y confirmando que existían fundamentos para mantenerla entre los sancionados. Esa decisión judicial blindó políticamente la medida y cerró cualquier posibilidad de revocación automática por una eventual revisión administrativa.

La prohibición europea, sin embargo, convive con una realidad diplomática compleja: el propio régimen sancionador prevé excepciones muy concretas para casos institucionales o de alto interés político europeo, siempre bajo autorización expresa. Gracias a ese mecanismo, Rodríguez pudo entrar en Bruselas en julio de 2023 para asistir a la cumbre UE-CELAC, en pleno marco de presidencia española del Consejo de la UE.

La noche en Barajas que no debía trascender

Sin embargo, esa prohibición tajante de entrada y tránsito chocó frontalmente con la realidad política y diplomática en enero de 2020. A pesar de ese veto, Delcy Rodríguez aterrizó en Madrid y permaneció durante horas en el aeropuerto de Barajas. Aquel episodio, conocido desde entonces como el ‘Delcygate’, marcaría para siempre la relación entre Rodríguez, España y la UE.

La madrugada del 20 de enero de 2020, un avión procedente de Caracas tocó pista en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con la entonces vicepresidenta venezolana a bordo. Formalmente no podía hacerlo. Sin embargo, el avión no fue desviado, no se impidió la escala y Rodríguez permaneció en la terminal ejecutiva durante varias horas. No estuvo sola. Hasta allí acudió el entonces ministro español de Transportes, José Luis Ábalos (hoy en prisión preventiva), una circunstancia que el propio Ejecutivo español terminaría reconociendo tras varios días de versiones cambiantes.

El Gobierno defendió que Rodríguez no llegó a entrar legalmente en España, porque no cruzó el control fronterizo y permaneció siempre en el área internacional del aeropuerto. Esa fue la línea argumental oficial: si no hay acceso formal a territorio nacional, no hay incumplimiento jurídico del veto europeo. Pero esa explicación no frenó la tormenta política. La oposición denunció que España había permitido, de hecho, la presencia en suelo europeo de una dirigente sancionada y que, además, lo hizo en el más absoluto secretismo. El episodio pasó de incómodo a explosivo cuando se supo que Ábalos se había reunido personalmente con Rodríguez y que la vicepresidenta no había sido simplemente “contenida”, sino atendida y gestionada políticamente.

El Parlamento Europeo debatió el caso en sesión formal. Mientras tanto, en España se abrieron investigaciones judiciales. Finalmente, tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Provincial de Madrid concluyeron que no había encaje penal, subrayando que el eventual incumplimiento de decisiones europeas de política exterior pertenece al ámbito del control político, no judicial, y aceptando además que la zona de tránsito no equivale jurídicamente a entrada efectiva en territorio nacional.

Judicialmente archivado, políticamente nunca cerrado. El ‘Delcygate’ dejó una cicatriz evidente. España quedó señalada por su gestión, la UE comprobó los límites reales de su capacidad sancionadora y la figura de Delcy Rodríguez quedó asociada para siempre a uno de los momentos más polémicos de la política exterior española reciente.

Ahora, con Delcy Rodríguez convertida en presidenta interina de Venezuela, ese pasado vuelve inevitablemente al centro del escenario. Caracas entra en una fase nueva e imprevisible dirigida por una mujer que, más allá de su peso interno, simboliza una parte de la historia reciente de las tensiones entre Venezuela, la Unión Europea y, de manera muy particular, España.