
La Guardia Civil ha detenido a la responsable de una clínica estética clandestina localizada en una oficina del barrio de Guadacorte, en el pueblo gaditano de Los Barrios, después de confirmar que ofrecía tratamientos estéticos sin titulación sanitaria.
El riesgo para la salud de los pacientes quedó evidenciado por el uso de productos sin control sanitario, adquiridos presuntamente en el mercado negro, y destinados a inyecciones cutáneas, toxina botulínica (botox), esperma de salmón (polinucleótidos PDRN), ácido hialurónico y vitaminas. Además, algunos medicamentos intervenidos estaban destinados para uso veterinario.
Según ha informado este martes la Guardia Civil en una nota de prensa, las investigaciones comenzaran el pasado mes de octubre, cuando los agentes detectaron la existencia de una supuesta clínica de estética que se publicitaba exclusivamente a través de redes sociales y a precios muy reducidos. Tras obtener una orden judicial, registraron el establecimiento acompañados de Inspectores de Farmacia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, quienes constataron que, aunque el local aparentaba ser un centro autorizado, no cumplía ninguno de los requisitos legales necesarios y ni la titular ni el establecimiento contaban con las autorizaciones requeridas.

Asimismo, se comprobó que la clínica no facilitaba su ubicación exacta a los clientes hasta que estos concertaban una cita previa.
Durante el operativo, los agentes precintaron y clausuraron el local, además de confiscar numerosos medicamentos y utensilios empleados en los tratamientos. La detenida enfrenta acusaciones por presuntos delitos contra la salud pública e intrusismo laboral.
La clínica tenía múltiples citas programadas para diciembre, coincidiendo con las fiestas navideñas.
Otros casos
El casi de Los Barrios se suma a otros recientes. En febrero, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria desmantelaron una red que importaba de Corea productos sanitarios ilegales relacionados con la medicina estética como bótox o ácido hialurónico, en una operación en la que fueron detenidas cuatro personas y en la que se investigaron 24 clínicas por hacer tratamientos con estas sustancias, según informó la agencia Efe.
Además de esos detenidos, otras 41 personas fueron investigadas por 53 delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal.
Dentro de los medicamentos ilegales aprehendidos entonces durante esas actuaciones, ninguno contaba con la trazabilidad, calidad y conservación exigida para los productos oficiales y, por tanto, no contaban con la seguridad de que el contenido fuera el que figuraba en las etiquetas.
Tras casos como este, la Guardia Civil suele recabar denuncias de posibles perjudicados por la aplicación de estos tratamientos, existiendo casos de alta gravedad por las secuelas sufridas tras la aplicación de estas sustancias ilegales por personal sin cualificar.
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