Mariló Montero ha firmado una nueva victoria en su guerra judicial contra los paparazzi Gustavo González y Diego Arrabal. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha elevado a un año y un día la condena de prisión para los dos fotógrafos por intentar vender fotos íntimas de la presentadora tomadas sin su consentimiento durante sus vacaciones en Bora Bora en 2015.
La sentencia, que responde al recurso presentado por la propia Mariló Montero, también impone la inhabilitación de ambos para ejercer cualquier actividad vinculada a agencias de prensa durante el mismo periodo. El fallo, fechado el 17 de diciembre de 2025, aún no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.
El TSJC ha estimado parcialmente el recurso de Mariló Montero y ha incrementado la pena inicial de diez meses de prisión, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en febrero de 2024, a un año y un día. Además, ha añadido la inhabilitación especial para actividades relacionadas con agencias de prensa. El tribunal ha considerado que la captación y posterior intento de comercialización de las imágenes constituye un delito de revelación de secretos, al vulnerar de forma evidente la intimidad de la periodista.
En el texto de la sentencia, los magistrados han subrayado que “de la simple observación de las imágenes se deduce su origen ilícito”. El tribunal ha insistido en que la expectativa de privacidad de Montero era razonable, dado que se encontraba en la zona privada de un hotel, y que la obtención de las fotografías no puede justificarse por el derecho a la información, ni siquiera tratándose de una persona con relevancia pública. “Si cualquier persona podía apreciar tales circunstancias, con mayor razón lo pudieron hacer los acusados, profesionales de la información que se dedican precisamente a la captación y comercialización de imágenes de personas con relevancia pública”, ha argumentado el TSJC.
Las imágenes de la polémica
Los hechos se remontan a la Semana Santa de 2015, cuando Mariló Montero, entonces subdirectora de La Mañana de TVE, viajó a Bora Bora junto a una amiga con el objetivo de evitar el acoso mediático. La periodista eligió un destino remoto y no comunicó su paradero ni a familiares ni a amigos. Sin embargo, fue fotografiada en la terraza de su bungaló y en la playa privada del hotel, en situaciones de intimidad, incluyendo imágenes en las que aparecía con el torso desnudo tras quitarse la parte superior del bikini.
La empresa Diegus SL, propiedad de González y Arrabal, reservó un bungaló en el mismo complejo hotelero un día antes de la llegada de Montero, aunque no se ha acreditado quién tomó las fotografías. El tribunal ha señalado que las imágenes fueron captadas de forma clandestina, probablemente mediante un potente teleobjetivo desde una embarcación o desde otro bungaló, y que su contenido incide en el “núcleo duro” de la intimidad personal de la periodista.
Tras obtener las imágenes, González y Arrabal intentaron venderlas a la revista Lecturas. El director de la publicación, Luis Pliego, ha confirmado durante el juicio que recibió las fotografías por correo electrónico y que rechazó su adquisición al considerar que su origen era ilícito. “Ellos lo sabían, pero aun así me las enviaron”, declaró Pliego en la vista oral. Además, el director de Lecturas alertó a Montero de lo ocurrido, lo que motivó que la periodista presentara una querella contra los paparazzi.
El tribunal ha destacado la relevancia de este testimonio, señalando que la ilicitud de la captación era evidente y que los acusados, como profesionales del sector, debían ser plenamente conscientes de ello. Las imágenes, aunque nunca llegaron a publicarse gracias a las medidas cautelares solicitadas por el equipo legal de Montero, circularon por varias redacciones y fueron descritas con detalle a la periodista, lo que incrementó el daño sufrido.
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