Cobrar a los consumidores por cancelar la reserva en un restaurante es una práctica abusiva al imponer una penalización por un servicio que no han recibido, advierte la asociación de consumidores Facua. Reconoce que han aumentado los restaurantes que están incluyendo en sus condiciones de reserva cláusulas que penalizan a los clientes si no se presentan a la hora acordada o si cancelan con poca antelación. Estas penalizaciones suelen consistir en una cantidad de dinero fija, que puede aplicarse por comensal o por el total de la reserva, y en algunos casos superan los 100 euros por comensal.
La asociación incide en que esta práctica resulta desproporcionada en la mayoría de los casos, ya que no se acredita que el restaurante sufra un perjuicio efectivo. “Cobrar a los clientes por un servicio que no se ha prestado es abusivo”, explica.
Una excepción sería cuando la cancelación se realiza con muy poca antelación y el número de comensales es elevado, lo que sí podría generar algún daño económico al local. Sin embargo, numerosos establecimientos aplican la penalización de manera general, sin atender a estas circunstancias.
El problema no es solo económico: también se genera un desequilibrio entre las partes. Mientras los clientes pueden verse obligados a pagar cantidades significativas por no asistir, los restaurantes no asumen ninguna responsabilidad si, por cualquier motivo, no pueden garantizar la mesa reservada en la fecha y hora acordadas.
La ley protege al consumidor
FACUA recuerda que la legislación española protege a los consumidores frente a este tipo de cláusulas. El artículo 87 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece que se considera abusivo “el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente o la fijación de indemnizaciones que no se corresponden con los daños efectivamente causados”.
Además, la ley prohíbe “la retención de cantidades abonadas por el consumidor por renuncia, sin contemplar la indemnización equivalente si la renuncia la realiza el empresario”. En otras palabras, los restaurantes no pueden cobrar por adelantado por un servicio que no se va a prestar, ni imponer una penalización que supere el daño real que les pueda ocasionar la cancelación.
Más de 100 euros por cancelar o no presentarse
Facua ya ha denunciado a varios establecimientos por este motivo. Entre ellos se encuentra el restaurante madrileño El Invernadero, vinculado al chef Rodrigo de la Calle, que cobraba 100 euros a los clientes que cancelasen con menos de 24 horas de antelación o no se presentaran.
Sin embargo, según la asociación, el local ha elevado recientemente estas penalizaciones, cobrando ahora el precio completo del menú elegido por comensal, incluso si el cliente no llega al restaurante. Facua ha presentado una nueva denuncia ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid por considerar que esta medida sigue siendo abusiva.
La asociación también ha denunciado en Sevilla a tres restaurantes del grupo Factoría Serendipia—Mariatrifulca, Maquiavelo y La Casa de María— por aplicar cargos de entre 10 y 20 euros a clientes que no se presentan o cancelan con menos de doce horas de antelación.
Una práctica al alza
La tendencia de cobrar por cancelaciones se ha extendido en los últimos años, especialmente en locales con alta demanda o en restaurantes de alto nivel. La asociación advierte que, en algunos casos, la penalización puede ser tan elevada que el restaurante llega a obtener más dinero por los clientes que no acuden que por los que sí consumen en el establecimiento.
Esta situación no solo afecta al bolsillo de los consumidores, sino que también puede generar un clima de desconfianza y tensión. Facua insiste en la importancia de que los clientes conozcan sus derechos y exijan que los restaurantes cumplan la normativa vigente sobre cláusulas abusivas.
Facua aconseja a los clientes que revisen siempre las condiciones de reserva antes de confirmar su asistencia y que desconfíen de aquellos restaurantes que imponen penalizaciones automáticas sin justificar el daño real que puedan sufrir. También recomienda conservar los comprobantes de pago y cualquier comunicación relativa a la cancelación, ya que estos documentos son esenciales en caso de reclamación.
En un contexto en el que la hostelería busca recuperar la actividad tras la pandemia, Facua advierte que la recuperación económica no puede basarse en prácticas abusivas que vulneren los derechos de los consumidores. Cobrar por un servicio no prestado no solo contraviene la ley, sino que también erosiona la confianza de los clientes y puede afectar a la reputación de los establecimientos.
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