Todo lo que mejora el nuevo Estatuto Marco para los sanitarios (y lo que no)

Médicos, enfermeros, técnicos sanitarios... nadie dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) parece satisfecho con las negociaciones del Estatuto Marco. La norma que regula las condiciones laborales de los profesionales de la salud españoles intenta pasar por su primera reforma desde el año 2003, un cambio que ha demostrado no ser nada sencillo. Tres años y más de 60 reuniones después, los sindicatos continúan rechazando las propuestas del Ministerio de Sanidad, que no incluyen algunas de sus reclamaciones “irrenunciables”.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado esta semana cuatro jornadas de huelga, secundada a nivel nacional, en protesta por “la explotación laboral” que sufre el colectivo de facultativos. Mientras, las organizaciones presentes en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) iniciarán el próximo 27 de enero una huelga indefinida, con paros cada martes, que afecta a todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

Ante las protestas de los trabajadores de toda España, la ministra Mónica García insiste en que el borrador del Estatuto Marco ha incluido “todas las demandas del personal sanitario que son de su competencia”, sin entrar en temas que conciernen a otras leyes o departamentos. García reconoce que el texto no lo resuelve todo, pero “lo que sí puede hacer es frenar los abusos y fijar reglas comunes y marcos comunes para todo el territorio”.

Las mejoras del nuevo Estatuto Marco

El Ministerio de Sanidad defiende que su borrador, elaborado tras múltiples reuniones con sindicatos y comunidades autónomas, pone “fin a la inestabilidad” al hacer obligatorias las Ofertas Públicas de Empleo (OPE), que deben publicarse cada dos años. La sanidad es uno de los sectores con más trabajadores interinos, que mantienen durante años un puesto de trabajo que debería ser temporal, principalmente por la falta de convocatorias autonómicas de empleo. Además, el ministerio defiende que el borrador garantiza una movilidad real, con concursos de traslados anuales.

El nuevo Estatuto Marco reduce también la jornada máxima semanal de 48 a 45 horas, por debajo de la directiva europea. El límite se establece, no obstante, en cómputo cuatrimestral. Es decir, los trabajadores podrán trabajar más de 45 horas siempre que la media a cuatro meses se quede por debajo. En esta jornada máxima tampoco se incluyen las guardias localizadas, salvo que al profesional se le pida acudir a su puesto de trabajo.

El último borrador de la norma reduce las guardias médicas, de 24 a 17 horas, contando la jornada ordinaria. Se considerarán como una “carga horaria excesiva” si se realizan más de cinco al mes y se establece que solo podrán utilizarse “para la realización de la actividad de atención a la urgencia y emergencia. Ahora bien, en casos excepcionales se permite llegar a las 24 horas “cuando así lo aconsejen razones organizativas o asistenciales”.

Respecto a los descansos, el Estatuto Marco establece un tiempo mínimo de 12 horas entre una jornada y otra, con algunas excepciones, con un mínimo de 24 horas ininterrumpidas semanales. Se reconoce la pausa laboral como tiempo efectivo y se establece una compensación obligatoria de descansos en 14 horas. Tras las guardias, no se podrá exigir a los facultativos realizar una jornada ordinaria, sin que se genere deuda horaria.

En cualquier caso, el Estatuto Marco insiste en que las plantillas deben estructurarse de forma que no generen carga excesiva ni sobrejornada al personal. Además, se establece que las administraciones deben establecer un sistema para reconocer el solapamiento de turnos. El ministerio defiende que el nuevo texto aporta una mayor seguridad jurídica ante situaciones excepcionales como las pandemias, un marco claro para solicitar coeficientes reductores de jubilación, un impulso a la negociación colectiva, un refuerzo a la vigilancia de la salud y el reconocimiento de la formación, docencia e investigación.

Lo que no cambia

El Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad propone una nueva clasificación profesional. Resolvería reclamaciones históricas de colectivos como la Enfermería, que a día de hoy no está clasificada acorde a su nivel de estudios de grado universitario, pero no se acompañará de aumentos salariales. El ministerio defiende que “las retribuciones específicas” que reciben los trabajadores “dependen de cada servicio de salud y de la Ley de Presupuestos”.

El ministerio se da 6 meses tras la aprobación del estatuto para elaborar una propuesta de remuneraciones básicas adaptada a la nueva clasificación, para después incorporarse a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. “Mientras no se desarrolle el sistema retributivo específico establecido en esta Ley por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, la nueva clasificación profesional no puede suponer incremento de gasto público“, establece el borrador.

Tampoco puede conceder la jubilación anticipada, como pedían los sindicatos del Ámbito de Negociación. Se trata de una competencia que “recae únicamente en la Seguridad Social”, dice el ministerio. Sanidad defiende que esta norma básica no puede gestionar la distribución concreta de turnos y guardias, garantizar la reducción de temporalidad (queda sujeto a la convocatoria de OPE por las comunidades autónomas), ni “detallar en exceso la norma”, pues limitaría el margen autonómico de actuación.

Respecto a la reclamación de una jornada de 35 horas, el Ministerio de Sanidad, si bien ha reducido la jornada semanal máxima a las 45 horas, dice que “no puede establecer un límite obligatorio” al horario semanal, al ser competencia autonómica. Preguntado por Infobae España sobre este asunto, explican que rebajar más las horas fijadas por la normativa europea “implicaría condicionar la organización interna y los recursos humanos de los servicios de salud gestionados por las comunidades autónomas, lo que excedería el marco de una ley básica estatal”. El ministerio rechaza también la reclamación de los facultativos de un estatuto propio.