Siete países de la Unión Europea presionan para usar activos rusos congelados en ayuda a Ucrania

En vísperas de la próxima cumbre de la Unión Europea en Bruselas, ha surgido un notable respaldo de siete países miembros hacia la utilización de activos rusos congelados para otorgar financiación a Ucrania. Este grupo, en el que figuran Irlanda, Polonia y Lituania, ha destacado en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que consideran esta vía como “la solución más viable financieramente y políticamente realista”. De acuerdo con el contenido de la misiva, el objetivo es canalizar esos fondos para cubrir necesidades inmediatas del gobierno ucraniano tanto en el ámbito financiero como militar.

Los dirigentes firmantes han puntualizado que apoyarían “con firmeza” una propuesta legal preparada por Bruselas y compartida recientemente con las capitales europeas. El planteamiento se apoya en la liquidez generada por los activos soberanos rusos intervenidos como consecuencia de las sanciones impuestas por la UE, en su mayoría custodiados en la entidad Euroclear, con sede en Bélgica. Con estos recursos, se prevé dotar a Kiev de un “préstamo de reparaciones” por un valor de 90.000 millones de euros, a repartirse a lo largo de los próximos dos años.

El documento matiza que el reembolso de esta ayuda solo será exigible a Ucrania si al concluir el conflicto bélico Moscú realiza compensaciones por los daños causados, lo que refuerza el carácter indemnizatorio del préstamo. “Además de ser la solución más viable financieramente y políticamente realista, aborda el principio fundamental del derecho de Ucrania a una indemnización por los daños causados por la agresión”, expresan los líderes en la carta, reafirmando su disposición a colaborar para que la propuesta prospere.

La alternativa: recurrir la emisión de deuda

Bruselas ha advertido que, si no se avala el empleo de los activos rusos congelados —opción que requiere el respaldo de una mayoría cualificada entre los países miembros—, la única alternativa sería recurrir a la emisión de deuda en los mercados, con respaldo presupuestario europeo. Esta última opción, sin embargo, exigiría la unanimidad de los Veintisiete lo que complica notablemente el consenso.

La iniciativa enfrenta resistencia, especialmente desde Bélgica, cuyo primer ministro Bart de Wever ha manifestado frontal oposición en fechas recientes. Según los argumentos esgrimidos por el líder belga, la utilización de esos fondos equivaldría a una “confiscación” incompatible con el Derecho internacional y colocaría a su país bajo importantes riesgos tanto judiciales como financieros. Para reforzar su posición, el canciller alemán Friedrich Merz viajó recientemente a Bruselas, junto a la presidenta de la Comisión, en un intento de persuadir a De Wever; sin embargo, el encuentro concluyó sin avances sustanciales y con el acuerdo de “seguir discutiendo” el asunto.

“La situación particular de Bélgica en relación con el uso de los activos rusos congelados es innegable y debe abordarse de tal forma que todos los estados europeos asuman el mismo riesgo”, manifestó Von der Leyen en una breve declaración pública tras la cena con Merz y De Wever, haciendo hincapié en la necesidad de encontrar un marco común que equilibre las responsabilidades y los riesgos.

Con la reunión clave del Consejo Europeo programada para el 18 y 19 de diciembre, los siete países remitentes de la carta insistieron en la urgencia de alcanzar una resolución: “El tiempo apremia”, recalcaron. A juicio de estos gobiernos, “si llegamos a una decisión sobre el préstamo para reparaciones en el Consejo Europeo de diciembre, tendremos la oportunidad de fortalecer la defensa de Ucrania y de negociar una paz justa y duradera”. La presión se intensifica mientras la Unión Europea se debate entre la viabilidad financiera, la solidez legal y la división interna ante uno de los mayores retos en política exterior en los últimos años.

*Con información de Europa Press