El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó este jueves una “auditoría” pública “con absoluto rigor” sobre el funcionamiento del hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por la empresa privada Ribera Salud, después de que se hicieran públicos unos audios en los que el CEO del grupo pedía en una reunión interna rechazar pacientes para ganar más dinero. La propia empresa también ha anunciado que pondrán en marcha otra auditoría interna para “garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes”. Ante la polémica levantada, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que ya ha mantenido contactos con los responsables del centro sanitario y se ha comprometido a adoptar “todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder”.
Ante tanta voluntad repentina para comprobar que todo funciona correctamente, surge la siguiente pregunta. ¿La Consejería de Sanidad no hace controles periódicos sobre la calidad asistencial de los cinco hospitales que tiene integrados en su red pública, pero que son gestionados por empresas privadas? El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tiene la obligación de hacerlos. En marzo de 2019, por ejemplo, fue más allá y licitó un contrato de consultoría para que un bufete jurídico analizara “la validez de las cesiones de contrato de las sociedades concesionarias de los hospitales de Torrejón e Infanta Leonor”. Este último da servicio a los distritos vallecanos de la capital.
Este informe jurídico fue encargado a dedo por 13.000 euros (no superó los 15.000 para que la adjudicación no tuviera que ser abierta) al bufete Milans del Bosch Abogados, que dirige Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urries, madrileño de 65 años. Sobrino del ex teniente general condenado por el Golpe de Estado, de joven fue integrante de Fuerza Nueva y en 1985 fue juzgado por la Audiencia Nacional junto a otros cuatro ultraderechistas acusados del asalto perpetrado en un bar de Valladolid y de causar heridas con arma de fuego a un cliente. Lo consideraban un local frecuentado por homosexuales, drogadictos y afiliados de izquierda.
Según publicó con todo lujo detalles el periodista Fernando Valiño en Último Cero, los atacantes se dirigieron el 6 de enero de 1981 al bar ‘El Largo Adiós’, de Valladolid, armados con una barra de hierro, una pistola y un cóctel molotov, para causar daños en el local. Alfonso Milans del Bosch (hermano de Santiago) arrojó dentro un cóctel molotov, que no hizo explosión “por habérsele olvidado encender la mecha”. Otro de sus compañeros disparó e hirió de gravedad a un cliente, dejándolo con una minusvalía. El 11 de octubre de 1985, la Audiencia Nacional absolvió a Santiago Milans del Bosch, juzgado por tenencia ilícita de armas, quien ayudó a su hermano Alfonso a recoger en Valladolid una bolsa que, entre otros efectos, contenía la pistola utilizada en el asalto. La Audiencia Nacional entendió que obró ‘movido por sentimientos de fraternidad hacia su hermano Alfonso, por lo que hay motivos para excluirle de responsabilidad’. Santiago luego se hizo juez, destacado jurista y es abogado desde 1998. En 2019, cuando recibió este encargo, era abogado del expresidente valenciano Eduardo Zaplana.
Ángel Garrido, presidente de la Comunidad
Al ser un contrato menor, el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid no ha colgado en su web la memoria justificativa de este encargo. Este diario ha intentado hablar, sin éxito, con el letrado. En marzo de 2019, cuando recibió el encargo, el presidente de la Comunidad de Madrid era Ángel Garrido (que había sustituido a Cristina Cifuentes meses antes) y el consejero de Sanidad era Enrique Ruiz Escudero (hoy senador). Isabel Díaz Ayuso ya había sido nombrada candidata a la Comunidad en las elecciones de mayo de 2019. Fuentes de aquel equipo recuerdan que este informe pudo estar motivado porque habían cambiado los accionistas de las concesionarias que gestionaban esos dos hospitales y Sanidad quería “seguridad de un informe independiente para certificar si se podían hacer esos cambios, aunque ya los contemplaba el contrato”. El informe debió avalar los cambios, porque sendos hospitales fueron gestionados por la iniciativa privada con los nuevos accionistas que entraron. Un portavoz actual de la consejería se limita a decir que la “concesión está ajustada a derecho”.
Madrid tiene cinco hospitales en la red pública que pertenecen en realidad a empresas privadas. Cuatro de ellos, la Fundación Jiménez Díaz, el Infanta Elena de Valdemoro, el hospital de Villalba y el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles pertenecen al Grupo Quirón, adquirido en febrero de 2017 por la empresa alemana Fresenius tras desembolsar 5.760 millones de euros. El quinto hospital es el de Torrejón de Ardoz, hoy del Grupo Ribera Salud. En septiembre de 2009, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre y la empresa ‘Torrejon Salud’ firmaron el contrato para la concesión de este hospital. Esta firma era una UTE de Asisa, Ribera Salud, FCC y Concessia Infraestructuras.
Este modelo se lo inventó Esperanza Aguirre. La empresa construye el hospital y lo gestiona durante un plazo de tiempo a cambio de prestar el servicio público sanitario (por el que recibe un canon en función de la población), además de poder gestionar otros servicios no sanitarios, como el parking, la seguridad o la limpieza. También pueden captar pacientes de otras áreas, por los que también cobran. En este caso, la concesión es por 30 años y la Comunidad se comprometió a abonar 2.127 millones de euros en este plazo: 26,8 millones en 2011, 76 millones al año entre los ejercicios 2012 y 2038; y de 46,2 millones en 2039.
El problema (y la suerte para estas empresas) es que la cuenta final que reciben estos centros por parte de la Comunidad de Madrid nunca coincide con la inicialmente presupuestada. Siempre es superior. Ya en 2018 recibió 82,5 millones de euros; cifra que subió a 79,8 millones en 2019; a 82,5 millones en 2020; volvió a bajar a 78,9 millones en 2021, para seguir subiendo en 2022 (173 millones), 2023 (102 millones) y 2024 (144 millones). En estos siete ejercicios ha recibido 152 millones de lo inicialmente previsto. ¿Por qué? Porque el negocio está en atender pacientes que no son de su área sanitaria (aquellos que no están recogidos en el acuerdo inicial). Cuantos más atienda, más engorda su cuenta de resultados. En julio de 2025, por ejemplo, la Comunidad decidió rescatar al hospital con 32.788.391 euros con el argumento de que ofrece servicios, tecnologías y fármacos que no recogía el acuerdo inicial.
Últimas Noticias
Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña son las regiones que más crecerán en 2025 y 2026 impulsadas por el turismo y los servicios
La inmigración dispara la población activa y explica la expansión económica de comunidades autónomas como Asturias, Castilla y León o Comunidad Valenciana
Giuseppe Piffaretti, maestro pastelero: “El panettone se come mejor en verano que en invierno, es una cuestión de mentalidad”
El pastelero de origen suizo es el creador de la Copa del Mundo de Panettone, y uno de los culpables de que este pan dulce navideño haya traspasado las fronteras de Italia hasta convertirse en un básico en obradores y supermercados de todo el mundo
El rey Juan Carlos narra la primera vez que compró churros, de incógnito y haciendo la cola: “Pregunté si se pedían sueltos o en raciones”
El monarca cuenta en sus memorias anécdotas que le sucedieron durante su tiempo libre en escenarios como una churrería o un restaurante republicano
Todo lo que se sabe sobre el cometa interestelar 3I ATLAS: de su “latido cósmico” a las “anomalías” que lo hacen único
El 19 de diciembre, este extraño objeto interestelar alcanzará su punto más cercano a la Tierra antes de continuar su camino hacia las profundidades del Universo. En principio.
Las trabajadoras de Primark denuncian condiciones precarias : “Ni un euro para los empleados pero sí para las ‘influencers’”
Los sindicatos mayoritarios firmaron una prórroga de tres años del anterior convenio, con una subida salarial menor y sin tratar temas que afectan a toda la plantilla
