Pérez Llorca afronta su investidura en la Comunidad Valenciana sin el paraguas del PP nacional y con Vox dispuesto a decidir su voto en el último minuto

A pocas horas de que Juanfran Pérez Llorca se someta al debate de investidura en Les Corts Valencianes, el Partido Popular afronta un escenario incierto en el que ni siquiera puede asegurar que contará con los 13 votos de Vox, imprescindibles para que el candidato logre la mayoría absoluta. La formación de Santiago Abascal mantiene su posición de máxima presión y ha reiterado que solo confirmará su apoyo después de escuchar el discurso del aspirante popular, en una maniobra que prolonga la tensión hasta el último momento y deja abierta la posibilidad de una votación fallida.

La sesión, que arrancará a las once de la mañana con la intervención sin límite de tiempo de Pérez Llorca, se celebrará sin presencia de dirigentes nacionales del PP en la tribuna de invitados. Fuentes de Génova sostienen que se trata de algo “normal” y recuerdan que tampoco han asistido a otras investiduras autonómicas, aunque admiten que han seguido de cerca las conversaciones entre el PPCV y Vox y que conocen el sentido general del discurso que pronunciará el candidato.

La ausencia, sin embargo, se produce en un momento en que el PP valenciano encara una negociación decisiva con un socio parlamentario que ha demostrado su capacidad para imponer ritmos, condicionar políticas y elevar el coste político de cada acuerdo.

Desde la investidura de Carlos Mazón, Vox ha actuado con ventaja y exhibiendo un control estratégico de la situación. Ha entrado y salido del Consell en función de su conveniencia, ha condicionado los presupuestos de 2025 y ha logrado que el PP asumiera posiciones que incluyen recortes a patronal y sindicatos, cambios en el apoyo institucional al valenciano y la eliminación de ayudas a la cooperación. También impulsó la supresión de comisiones de ámbito LGTBI y de derechos humanos en Les Corts y consiguió que las estadísticas oficiales de la Generalitat diferencien entre migrantes y nacionales. Su huella política se ha extendido, asimismo, a los ayuntamientos, como demuestra la propuesta de eliminar todas las Zonas de Bajas Emisiones en la Comunidad Valenciana.

Vox eleva el listón y exige compromisos explícitos

En este contexto, la extrema derecha llega a la investidura dispuesta a mantener sus líneas rojas y con una estrategia clara: escuchar del propio Pérez Llorca un compromiso nítido con las políticas ya pactadas para la investidura de 2023 y para la aprobación de las cuentas autonómicas. El portavoz del grupo en Les Corts, José María Llanos, ha insistido en que “no se trata de volver a negociar”, sino de que el PP continúe avanzando en las medidas que ya aceptó entonces. Según ha recordado, los populares “ya habían reconocido la maldad del Pacto Verde Europeo” y habían rechazado “la política migratoria del Gobierno de Sánchez”, posiciones que permitieron el apoyo de Vox tanto a la investidura de Mazón como a los presupuestos de 2025.

A estas exigencias se suman otras que se han convertido en señas de identidad del discurso del partido de Abascal: el rechazo a las políticas ecológicas del Pacto Verde Europeo, la oposición a lo que consideran inmigración masiva e irregular y la demanda de construir presas y diques como respuesta a episodios como la DANA que dejó 229 muertos el pasado 29 de octubre de 2024, según la versión de Vox, que niega el cambio climático. La formación sitúa estas infraestructuras como condición esencial y las considera la única forma de evitar nuevas tragedias.

El propio Abascal ha advertido al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que no teme una repetición electoral en la Comunidad Valenciana si el partido no atiende las exigencias de Vox. En una entrevista reciente, insistió en que las negociaciones con el PP giran sobre “políticas” y no sobre nombres, y recordó que el acuerdo presupuestario salió adelante únicamente tras una declaración “contundente y explícita” de rechazo al Pacto Verde y a la inmigración masiva.

La postura oficial de Vox permanece invariable: no habrá acuerdo por escrito porque “no sirve para absolutamente nada”, según su portavoz nacional, José Antonio Fúster, y el sentido del voto dependerá exclusivamente del discurso del candidato. Fúster ha subrayado que su partido estará “muy atento” a cada palabra y que el apoyo solo llegará si los compromisos de Pérez Llorca son “nítidos y cristalinos”. Si detectan “pasteleo” o “posiciones bipartidistas”, votarán no.

Un PP condicionado y una negociación que sigue en la sombra

El PP valenciano, que solo cuenta con 40 escaños, llega a esta investidura en una posición frágil y consciente de que no puede permitirse un voto negativo de Vox. En el entorno del candidato, sin embargo, se mantiene un discurso de tranquilidad: aseguran que Pérez Llorca no es partidario de firmar acuerdos por escrito, pero admiten que habrá “guiños” a las exigencias de Vox y que “no hay constancia” de obstáculos insalvables. Nadie quiere dar por cerrado el acuerdo, aunque la sintonía entre ambas formaciones se ha dejado ver en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados, donde las intervenciones de Vox evidenciaron un trato deferente hacia los responsables del PP.

El debate se desarrollará siguiendo el reglamento previsto: tras el discurso del candidato, la sesión se suspenderá por un periodo no superior a 24 horas. Después intervendrán los síndics de PSPV, Compromís y Vox, y cerrará el turno el PP. Posteriormente se celebrará la votación pública por llamamiento. Para ser elegido en primera vuelta, Pérez Llorca necesita 50 votos. Si no los obtiene, deberá intentarlo de nuevo 48 horas después, con mayoría simple.