“Los gitanos solo valéis para robar”: la discriminación hacia la comunidad gitana pervive

España sigue siendo un país hostil para el pueblo gitano. La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha presentado su XI Informe Anual “Discriminación y Comunidad Gitana” 2025 que recoge 399 casos de discriminación y odio documentados en 2024 en diferentes ámbitos.

El documento ofrece una visión detallada sobre la persistencia de la discriminación y el antigitanismo en España, precisamente en el año en que se conmemoran los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica: 48 casos en los medios de comunicación, 118 casos de discurso de odio en redes sociales, 82 casos de acceso a bienes y servicios, 25 casos en educación, 35 casos en empleo, 15 casos en servicios de salud, 19 casos en servicios policiales, 45 casos en vivienda y 12 casos en otros ámbitos). 31 de estos casos tienen un carácter interseccional, ya que se trata de situaciones donde confluyen a la vez diferentes motivos de discriminación, como por ejemplo ser discriminada por el hecho de ser mujer y ser gitana. Visibilizar y mejorar la situación de las mujeres gitanas es un elemento clave para la FSG.

El informe pone de manifiesto que, a pesar de los avances normativos y del reconocimiento institucional, la igualdad real continúa siendo un objetivo lejano. En la introducción del documento, la directora general de la FSG, Sara Giménez, subraya que cada caso documentado supone “una vulneración de derechos y una experiencia de exclusión que repercute en la dignidad, la participación y las oportunidades de la comunidad gitana”.

El texto también subraya que 2025 ha adquirido un significado especial para la comunidad gitana, no solo por la efeméride, sino también por el reconocimiento institucional alcanzado. El pasado 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, el Congreso de los Diputados acogió un acto histórico en el que participaron el rey Felipe VI y Juan de Dios Ramírez-Heredia, presidente de Unión Romaní. Durante su intervención, el monarca recordaba que “la discriminación sigue estando presente”.

Más concienciación que no se traduce en denuncias

El informe de la FSG identifica dos tendencias opuestas en la evolución de la discriminación hacia la comunidad gitana. Por un lado, se ha incrementado la concienciación y el número de denuncias, lo que refleja una mayor capacidad para identificar y nombrar las situaciones de exclusión. Por otro, la mayoría de las personas gitanas que informan de estos hechos optan por no iniciar acciones legales o administrativas, debido a la falta de confianza en el sistema, el temor a represalias o la percepción de inutilidad de los trámites. La FSG advierte que “los importantes avances que se han producido en materia antidiscriminatoria en los últimos años en España son todavía muy precarios y necesitan consolidarse”.

Las sanciones por discriminación racial en España continúan siendo prácticamente inexistentes. El informe destaca que la casuística discriminatoria no ha experimentado cambios sustanciales en los últimos años: la mayoría de los casos siguen siendo de discriminación directa y explícita, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, donde la legislación antidiscriminatoria ha desplazado el racismo hacia formas más sutiles. En España, la atención sigue centrada en situaciones de discriminación abierta y hostil, lo que, según la FSG, demuestra que la Ley 15/2022 “seguía siendo una declaración de buenas intenciones” más que una realidad efectiva.

La FSG ha apostado por el litigio estratégico, llevando ante los tribunales casos emblemáticos de discriminación y odio antigitano. En 2024 se han iniciado tres nuevos litigios, mientras que la mayoría de los 19 casos en curso proceden de años anteriores. El objetivo de esta estrategia es generar jurisprudencia y trasladar los avances judiciales a las políticas públicas, aunque la organización reconoce que los éxitos en los tribunales no son suficientes si no se acompañan de incidencia política y reformas normativas. En el contexto del 600 aniversario, la FSG propone la aprobación de una Ley integral para el reconocimiento, la igualdad y la promoción del Pueblo Gitano, concebida como una forma de reparación histórica y una hoja de ruta para la plena inclusión.

“¿Qué haces aquí, si los gitanos no estudian?”

En el ámbito de las redes sociales e internet, se han documentado 118 casos, donde el discurso de odio antigitano se propaga con violencia extrema, deshumanización y estereotipos negativos. Entre los ejemplos recogidos figuran mensajes como “Muerte a la etnia, sin integración en la sociedad. Tiro en la sien” o “Que no quede ni uno”. La FSG reclama a las plataformas digitales y a las autoridades una respuesta más eficaz y la aplicación de la Ley de Servicios Digitales de la UE.

En el acceso a bienes y servicios se han registrado 82 casos, tanto en el ámbito privado (comercios, hostelería, ocio nocturno) como en el público (prestaciones sociales, transporte). Son frecuentes las situaciones de hipervigilancia, acusaciones infundadas de robo y trato vejatorio, especialmente hacia mujeres y menores. La FSG denuncia la ineficacia de las Oficinas de Consumo y la pasividad policial en muchos casos.

En el ámbito educativo se denuncian episodios de no admisión en centros, acoso escolar y trato desigual por parte del profesorado. El informe recoge expresiones como “Los gitanos solo valéis para robar” o “¿Qué haces aquí, si los gitanos no estudian?”. La segregación escolar y la falta de referentes positivos siguen siendo obstáculos estructurales, afirman.

En los servicios policiales, se han documentado 19 casos, siendo las identificaciones por perfil racial y las actitudes discriminatorias en dependencias policiales las situaciones más habituales. El informe destaca la importancia de la formación policial y la creación de mecanismos independientes de supervisión.

En el acceso a la vivienda, se han registrado 45 casos, con denegación de alquiler, acoso vecinal y desahucios sin garantías legales que afectan de forma desproporcionada a la comunidad gitana. El informe señala que la discriminación en el acceso a la vivienda es uno de los puntos más flagrantemente incumplidos de la Ley integral para la Igualdad de Trato.