El Gobierno mejora su oferta a los funcionarios y plantea una subida de salario del 11% entre 2025 y 2028

El Gobierno ha elevado hasta el 11% su propuesta de subida salarial para los funcionarios entre 2025 y 2028, según informaron este jueves fuentes sindicales a Europa Press. La oferta mejora el planteamiento inicial del 10%, rechazado este miércoles por CCOO, UGT y CSIF al considerarlo insuficiente. De acuerdo con estas fuentes, el incremento se distribuirá a lo largo de los cuatro años y combinará una parte fija y otra variable aún por concretar.

El rechazo sindical fue especialmente contundente: CCOO llegó a advertir de la posibilidad de convocar una huelga general en diciembre si el Ejecutivo no presentaba una oferta más ambiciosa.

La nueva cifra ha sido trasladada a las organizaciones sindicales por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, en el marco de una reunión convocada este jueves para seguir negociando el marco plurianual de relaciones laborales y retributivas de los más de tres millones de empleados públicos de España.

CSIF amenaza con movilizaciones si la subida no supera el 4% para 2025-2026

Desde el Ejecutivo han dejado claro a los sindicatos que “no hay plan B”, y les han instado a comunicar su postura tras finalizar su análisis interno. Por ello, se ha programado una nueva reunión para el próximo lunes, señalando esa fecha como la definitiva para fijar el marco salarial del acuerdo.

Además, desde el Ministerio se puntualiza que las subidas no superarían el 4% en los dos primeros años, 2025 y 2026. Frente a este límite, CSIF ha mostrado su desacuerdo, insistiendo en que, de mantenerse ese tope, se verían obligados a movilizarse. “Si se mantiene el 4% para los dos primeros años tendremos que volver a las calles”, ha advertido el sindicato.

Para ellos, la mejora “sigue siendo insuficiente”, ya que, a su criterio, los salarios “condenan” a los empleados públicos a continuar perdiendo poder adquisitivo, sumando este efecto a las pérdidas acumuladas desde los recortes de 2010. El sindicato liderado por Miguel Borra resalta: “La subida salarial es un bloque fundamental y vamos a negociar hasta el último minuto. Pensamos que todavía hay flexibilidad”.

UGT y CCOO piden avanzar en mejoras laborales y compromisos pendientes

Mientras tanto, desde UGT, Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, ha señalado que “podría valer” la cifra planteada, aunque el sindicato evaluará en detalle la propuesta en una reunión interna. Según explicó, el desglose presentado incluye un 5% de subida fija para enero de 2027. Conforme a sus cálculos, “en prácticamente 13 meses, los salarios de los empleados y empleadas públicas subirían un 9%”. Araque también ha valorado otras medidas ofrecidas por Función Pública, como la promoción interna, la eliminación de la tasa de reposición, la revisión de compensaciones por insularidad o territorialidad, y la apuesta por la formación en digitalización e inteligencia artificial.

En contraposición, desde CCOO reconocen el esfuerzo del Gobierno, y consideran que este es “el momento de estudiar detenidamente esta oferta y dar una respuesta responsable que permita desbloquear la congelación salarial que, de facto, sufren las personas trabajadoras del ámbito público”. Además, CCOO anticipa que en la reunión del lunes no solo se tratará la cuestión salarial, sino que se abordarán mejoras en ámbitos como el empleo público, procesos de selección y promoción interna, y condiciones laborales vinculadas a salud, igualdad y adaptación tecnológica.

En cuanto a perspectivas de acuerdo, CCOO defiende la necesidad de que el Gobierno asuma compromisos pendientes recogidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Entre ellos incluyen la recuperación de la jubilación parcial, la implementación plena de la jornada de treinta y cinco horas semanales y la reclasificación de perfiles técnicos y de grado medio.

El anterior acuerdo estuvo vigente entre 2022 y 2024 e incluyó alzas con tramos fijos y variables que permitieron elevar los sueldos de los funcionarios alrededor de un 10%, lo que supuso un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.

*Con información de Europa Press.