El 30 de octubre de 2024 la UCO realizó una entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por petición del juez instructor de la investigación en su contra. Ese día los agentes se llevaron un volcado completo de todos sus dispositivos y cuentas de correo y de la nube.
Tres de los agentes que participaron en esta actuación han declarado este miércoles en el Tribunal Supremo, donde han especificado que García Ortiz fue en todo momento “colaborador” y nunca les ocultó que se había cambiado de teléfono móvil recientemente.
Realizaron un volcado completo
“El fiscal fue colaborador, con el pin y con gestiones posteriores y manifestó que había cambiado de móvil desde el primer momento”, ha relatado el agente identificado con el número P64298H y que participó en el registro. Esta versión ha sido confirmada por los otros dos agentes, T586390 y J42957Z, que fueron los encargados de las partes técnicas.
Ambos han explicado que no pudieron leer en totalidad el auto en el que se ordenaba estas actuaciones y que tuvieron que hacerlo rápidamente, “unos minutos antes de entrar”. De esta manera, a ninguno les constaba que hubiera un marco temporal de la información que tenían que obtener, que debía ser del 8 de marzo al 30 de octubre de 2024.
Sin embargo, también han indicado que es técnicamente “es imposible” hacer un cribado temporal de lo que se obtiene, según ha indicado uno de los agentes, por lo que tuvieron que hacer “un volcado completo” de su teléfono móvil, su ordenador de sobremesa, sus cuentas de correo y su cuenta en la nube.
Si que ha existido una contradicción entra ambos testigos, ya que uno de ellos ha indicado que “es imposible” hacer un volcado parcial, porque “la herramienta forense no lo permite”, mientras que el otro ha explicado que “llevaría muchísimo tiempo, semanas incluso”, pero que sí es posible.
¿Un registro desproporcionado?
En el interrogatorio, la defensa y la Fiscalía han tenido un objetivo claro y compartido: demostrar que el registro se realizó de manera desproporcionada y que se vulneraron derechos fundamentales. De conseguir demostrar estos hechos, se anularían estos informes y no podrían ser utilizados por las acusaciones.
De esta manera, sus preguntas han ido dirigidas a saber el porqué de las actuaciones y su insistencia en conocer cuánta información se llevaron y si tenían conocimiento de lo que debían recoger o no.
En respuesta, las acusaciones han querido demostrar como las actuaciones se realizaron legalmente y dentro de la normalidad. También han querido poner en duda la participación de la abogada del Estado que representa a García Ortiz en el juicio, porque estuvo presente en la entrada y registro, lo que la convertiría en parte del caso. Ya han indicado que utilizaran este dato en sus alegaciones finales, como un intento de deslegitimar la defensa del acusado.
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