España ha dado pasos importantes para luchar contra la discriminación en los últimos años. La aprobación de la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación (Ley 15/2022) y de la Ley LGTBI de 2023 supuso un avance notable, al prohibir las “terapias” de conversión y facilitar el reconocimiento de género sin requisitos médicos.
Además, también se han creado nuevas figuras e instituciones, como la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio y la figura del Fiscal Coordinador de Delitos de Odio. Sin embargo, para la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), órgano del Consejo de Europa, estos avances no son suficientes.
La gran asignatura pendiente es la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, prevista por la ley y cuya puesta en marcha debería haberse producido hace más de año y medio, en 2023. A día de hoy, sigue sin estructura, sin presupuesto y sin un proceso de selección con participación real de la sociedad.
Identificaciones policiales bajo lupa
En este sentido, la ECRI reclama a España la creación urgente de un registro nacional de identificaciones policiales, una herramienta que permitiría controlar cuándo, a quién y con qué motivos se realizan controles de identidad. Según la comisión, esto ayudaría a cambiar el perfilado racial, que sigue afectando a personas migrantes, afrodescendientes y gitanas.
Aunque apenas entre un 0,4% y un 0,9% de las quejas formales a Policía Nacional y Guardia Civil son de discriminación, pero el contraste de la percepción social es fuerte: el 19% de las personas encuestadas por el CEDRE (Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica) afirma haber sufrido trato policial discriminatorio.
Más odio y más ataques, sobre todo en redes
El informe también alerta del aumento del discurso de odio y de los delitos relacionados con prejuicios. En 2023 se registraron 2.268 incidentes de odio, un 21% más que el año anterior. Los colectivos más afectados siguen siendo personas gitanas, migrantes, musulmanas, judías, afrodescendientes y LGTBI.
El discurso de odio se ha extendido especialmente en redes sociales y en el ámbito político. Los mensajes contra personas judías y trans aumentaron de forma notable tras acontecimientos internacionales y debates públicos. A pesar de las denuncias, solo el 49% de los contenidos señalados es eliminado por las plataformas.
La mayoría de los casos no se denuncian: los gitanos en clara desventaja
Además, según la ECRI, el 82% de los incidentes racistas no se denuncian. Entre las causas destacan el desconocimiento de los derechos, las barreras idiomáticas y la desconfianza en el sistema judicial.
Apenas el 20% de la población sabe identificar a los organismos oficiales a los que recurrir en caso de discriminación, y la mayoría piensa antes en ONG que en instituciones públicas.
La situación del pueblo gitano es descrita como “especialmente preocupante”, dado que el 60% del alumnado gitano no termina la ESO, el 62% presenta fracaso escolar y el 68% ha repetido curso antes de los 15 años.
En vivienda, la desigualdad es igualmente grave. El 77% de quienes viven en infraviviendas en España son gitanos y el 2% reside en asentamientos informales, como el de la Cañada Real, donde más de 4.500 personas, entre ellas menores, viven sin electricidad desde 2020.
Por ello, la ECRI exige un plan urgente y sostenido para frenar la segregación escolar y asegurar condiciones de vida dignas.
Brechas en educación y salud para personas LGTBI
Aunque España cuenta con leyes avanzadas, las personas LGTBI siguen afrontando obstáculos en su vida diaria. El acoso en los centros educativos es del 66%, y un 20% de estudiantes de minorías reconoce haber recibido discriminación en la escuela.
La atención sanitaria tampoco es igualitaria: el acceso a tratamientos de afirmación de género varía según la comunidad autónoma, con largas listas de espera en varios territorios.
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