Tres meses después de su muerte, los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a Dani Quintana, un adolescente de 15 años de Almacelles (Lleida), a quitarse la vida el pasado mes de julio. Su familia llevaba tiempo denunciando que el joven era víctima de acoso escolar en el Institut Canigó, pero hasta ahora ninguna autoridad educativa ni judicial había impulsado una investigación formal. La repercusión y la visibilidad social generadas tras el caso de Sandra Peña han contribuido a que otras historias, como la de Dani, reciban la atención y el impulso institucional que hasta ahora se les había negado.
Fuentes policiales confirmaron a la agencia EFE que los Mossos están analizando el entorno del menor para determinar si sufrió acoso por parte de compañeros y si esa situación pudo influir en su decisión. La apertura de diligencias llega también tras la difusión pública del caso por parte de la asociación Trencats y de medios como Infobae España, que han contribuido a dar visibilidad a una historia que, durante meses, había permanecido en silencio.
Presión mediática como única vía
La asociación Trencats, creada por José Manuel López Viñuela, padre de Kira López, otra adolescente que se suicidó en 2021 tras sufrir acoso, hizo pública la historia de Dani esta semana, más de tres meses después del suceso. Según la entidad, el joven era aislado durante los recreos, sufría robos y destrozos en su material escolar y llegó a ser amenazado por otros compañeros, sin que el centro reaccionara con la contundencia necesaria.
La madre del menor, Marina, había trasladado reiteradamente sus preocupaciones al instituto, pero el Institut Canigó habría restado importancia a los hechos. Trencats sostiene que la Inspección educativa no detectó indicios de acoso y cerró el caso alegando que “no había evidencias claras”. La asociación denuncia que esa fórmula se repite con frecuencia en los expedientes de acoso escolar y que sirve para justificar la falta de actuación de los centros y de la administración.
Educación defiende la actuación del centro
Por su parte, fuentes del Departamento de Educación de la Generalitat aseguraron a EFE que el centro activó “desde el primer momento todos los protocolos ante cualquier tipo de violencia en el ámbito educativo”. Según esa versión, la aplicación del protocolo concluyó que “no existió acoso escolar”, aunque se ofreció acompañamiento emocional y recursos preventivos al entorno del alumno.
Educación afirma haber hecho un seguimiento constante del caso y sostiene que el instituto actuó conforme a las pautas establecidas. Sin embargo, desde Trencats se critica que los protocolos no garantizan protección real a las víctimas y que, en muchos casos, se limitan a un procedimiento administrativo sin medidas efectivas de prevención.
La entidad también ha pedido a la Generalitat que revise el papel de la Inspección educativa, a la que acusa de encubrir la inacción de los centros al minimizar los casos o desestimarlos por falta de pruebas, incluso cuando existen testimonios o señales claras de sufrimiento.
Un repunte de casos en Lleida y Cataluña
El caso de Dani Quintana se produce en un contexto de incremento del acoso escolar en Lleida. Entre los cursos 2022-2023 y 2023-2024, el Departamento de Educación ha registrado 51 casos de acoso en centros de la provincia, frente a los 15 del curso anterior, lo que supone un aumento del 140%. En el conjunto de Cataluña, los casos detectados han pasado de 402 a 1.358, según datos oficiales.
Aunque las autoridades destacan que el aumento refleja una mejor detección, asociaciones y expertos advierten de que las cifras solo muestran la punta del iceberg, ya que muchos casos no llegan a denunciarse o no son reconocidos oficialmente.
El suicidio de Dani Quintana permaneció sin investigación durante tres meses, hasta que la denuncia pública impulsada por Trencats y recogida por medios como Infobae España forzó a las autoridades a actuar. La repercusión mediática ha obligado ahora a la Policía catalana a reexaminar los hechos y a determinar si existió acoso en el ámbito escolar.
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