En el último mes, la caída de popularidad del Partido Popular —valga la redundancia— se ha hecho visible de manera contundente en las encuestas. Según el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la formación conservadora ha perdido cerca de cuatro puntos en intención de voto, situándose en torno al 19,8%, su peor dato en lo que va de legislatura. Esta tendencia descendente se atribuye a una concatenación de errores políticos, fallos de gestión, contradicciones internas y polémicas que, en conjunto, están erosionando la imagen de “solvencia” (en palabras de sus compañeros de partido) que Alberto Núñez Feijóo había intentado proyectar desde que asumió el liderazgo.
Los últimos titulares que han rodeado al PP no han sido precisamente favorables. En apenas unas semanas, han tenido que hacer frente a una crisis sanitaria en Andalucía, a contradicciones comunicativas relacionadas con el aborto y la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana, a la polémica declaración de Miguel Ángel Rodríguez ante el Supremo y a una posición tibia respecto al conflicto en Gaza.
El detonante más grave de las últimas semanas ha sido el caos en los cribados del cáncer de mama en Andalucía. Al menos 2.000 mujeres de esta comunidad no han recibido los resultados de sus pruebas diagnósticas, y algunas llevan esperando más de uno o incluso dos años. Varias de ellas denuncian que hoy tienen un cáncer de mama que se podría haber detectado antes.
El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla, que durante años ha presentado su gestión sanitaria como un ejemplo de eficiencia, se enfrenta ahora a una crisis de confianza de grandes dimensiones. Asociaciones de pacientes, sindicatos médicos y partidos de la oposición denuncian que el sistema de salud autonómico lleva años en deterioro, y afirman que este último episodio no hace sino confirmar una tendencia de falta de recursos, saturación y mala planificación.
La indignación ciudadana en Andalucía ha sido inmediata. Vecinos de distintas provincias han salido a denunciar públicamente la falta de transparencia y de respuesta por parte de la Consejería de Salud. El caso ha trascendido los límites regionales, afectando también a la imagen del PP a nivel nacional. Más aún cuando se ha sabido que en la Comunidad Valenciana, bajo el Gobierno del popular Carlos Mazón, se realizaron 12.000 pruebas en el primer año de su mandato, sin que se haya aclarado del todo cómo se gestionaron sus resultados.
El “síndrome post aborto”
El Congreso Nacional del PP, celebrado hace apenas dos meses, había permitido a Feijóo evitar enfrentarse de manera directa a uno de los temas más sensibles de la política española: el aborto. Durante aquella cita, el líder gallego logró esquivar el debate sin grandes costes, asegurando que en ningún territorio gobernado por el PP se coaccionaría a una mujer que decidiera interrumpir su embarazo. Sin embargo, esa aparente estabilidad duró poco.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, rompió la línea discursiva trazada por la dirección nacional al apoyar una propuesta presentada por Vox en el Ayuntamiento que pretendía obligar a los profesionales de Madrid Salud, el Samur Social y los servicios sociales municipales a ofrecer a las mujeres que buscaran abortar información sobre el llamado “síndrome post aborto”. Este concepto, sin base científica y considerado pseudocientífico por las asociaciones médicas, describía supuestas secuelas psicológicas como depresión, culpa, aislamiento, alcoholismo, anorexia o bulimia.
La iniciativa, respaldada por el PP madrileño, desató una ola de críticas por parte de colectivos feministas, profesionales de la salud y sectores moderados del propio partido. Almeida se vio forzado a rectificar días después.
A este episodio se sumó la intervención de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien se negó a facilitar el listado de médicos objetores de conciencia en la región y afirmó que quien quiera interrumpir su embarazo en Madrid, “que se vaya a otra parte”. Sus palabras reforzaron la percepción de que dentro del PP conviven corrientes ideológicas muy dispares y que Feijóo no logra imponer una línea clara ni cohesionada.
La DANA y el problema de la credibilidad
Otro punto de desgaste llegó tras la DANA que azotó la Comunidad Valenciana. Feijóo aseguró públicamente que Carlos Mazón, presidente autonómico, le había mantenido informado “en tiempo real” sobre el desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, los registros de llamadas del presidente valenciano desmienten esa versión: la primera comunicación con Feijóo se produjo a las 21:27 horas, y la segunda a las 21:31 h, mucho después del inicio del desastre.
El caso del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), añadió un nuevo capítulo polémico. Rodríguez declaró a principios de octubre ante el Tribunal Supremo en el marco de la causa que investiga al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos. Durante su comparecencia, Rodríguez reconoció que los mensajes que difundió en redes sociales, en los que acusaba a la Fiscalía de haber recibido órdenes “de arriba” para evitar un acuerdo con la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, no se basaban en hechos contrastados. “No es información, pero tengo el pelo blanco. (...) Puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando, pero no tengo una información concreta”, admitió ante el juez.
La confesión de haber mentido generó un fuerte revuelo político y mediático. Sin embargo, lo más polémico fue la reacción de la dirección nacional del PP, que lejos de censurar el comportamiento de Rodríguez, lo defendió con el argumento de que “mentir no es ilegal”.
El conflicto en Gaza y la palabra prohibida
A esta sucesión de tropiezos se sumó la postura del PP ante el conflicto en la Franja de Gaza. Mientras el Gobierno de España endurecía su discurso y exigía a Israel el cese de la ofensiva, los populares adoptaban una actitud más conciliadora hacia Israel. “Solo un tribunal internacional puede determinar si lo que ocurre en Gaza es un genocidio”, declaró el coordinador general del partido, Elías Bendodo.
Feijóo, que se había presentado como el garante de la estabilidad y la moderación, encara ahora el reto de revertir esta tendencia a la baja en intención de voto que, de momento, parece beneficiar a Vox.
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