La economía sumergida es uno de los principales escoyos para muchos sectores laborales españoles. Su proliferación y las dificultades de rastreo hacen que España se posicione como uno de los países europeos con más trabajadores ejerciendo sus oficios de manera irregular. En concreto, el dinero que se mueve en negro en nuestro país representa el 24% del PBI, solamente por detrás de Grecia e Italia, con 36% y 31% respectivamente y empatados con Portugal.
Los niveles de trabajo irregular no son iguales en todas las regiones españolas. Los últimos datos señalan a seis comunidades autónomas en donde las cifras de economía sumergida representan más de un 16% del PIB. En concreto, Andalucía y Canarias son las más afectadas por el trabajo en negro (17,9% del PBI), seguidas por Extremadura (17,8%), la Región de Murcia (17,4%), Castilla-La Mancha (16,8%) y las Islas Baleares (16,1%).
Por el contrario, las regiones españolas donde el peso de la economía sumergida es menor son: Madrid (13,8%), País Vasco (13,9%), Cataluña (14,4%), Navarra (14,5%) y La Rioja (15%), según el estudio Economía sumergida e irregularidades laborales en la Región de Murcia, elaborado por la Universidad de Murcia, en colaboración por el CES de Murcia que analiza la variación del dinero en B desde el año 2004 hasta el 2022.
Según el informe, la economía sumergida se contrae con el paso de los años en todas las regiones con respecto a los datos de 2004, aunque el año 2010 se registró un repunte del trabajo en negro de hasta un 1,7%, para volver a descender a partir de 2012 y hasta el 2020. Cabe destacar también que durante el año de la pandemia el dinero negro creció en todas las Comunidades Autónomas, siendo más significativo el incremento de Canarias, que pasó de una economía sumergida con un peso del 18,6% del PIB en 2018 al 20,3% registrado en 2020.
La hostelería es el sector con más irregularidad
La economía sumergida supone un problema a nivel general porque afecta tanto a la competencia de empresas como de trabajadores y distorsiona las mediciones de variables socioeconómicas. Además, influye notablemente en la recaudación tributaria, lo que termina derivando en una sobrecarga impositiva para aquellas empresas y trabajadores que cumplen a rajatabla con las normas fiscales.
En concreto, los datos de la Inspección de Trabajo sitúan en 92.689 los empleos que se mantenían en la economía sumergida. En concreto, se trata de trabajadores que no estaban dados de alta den la Seguridad Social, trabajadores extranjeros que no contaban con permiso de trabajo, empleados con contratos de jornadas mínimas que trabajaban más horas, personal en ERTE trabajando o falsos becarios y falsos autónomos. Para el pasado año, el sector donde se detectaron más personas trabajando en negro fue la hostelería, seguida de otros servicios y el comercio.
Así, Trabajo señala que, en el sector de la hostelería afloraron durante 2024 15.045 empleos, seguido de los 8.390 empleos irregulares detectados en otros “servicios” y los 5.419 del sector comercio, según la tabla de actividades recogida en la memoria elaborada por la Administración. En cuanto a las personas extranjeras que trabajan de manera irregular, es decir, sin permiso de trabajo, alcanzaron el pasado año las 12.186 personas, lo que supuso un importe de sanciones propuestas por un valor de 124 millones de euros. Para este grupo, la Inspección intensificó sus esfuerzos en sectores como la hostelería y la construcción, aunque se detectaron en todas las actividades laborales.
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