El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido este lunes una carta a los líderes autonómicos de Asturias, Aragón, Madrid y Baleares en la que les exigen poner en marcha el registro de objetores de conciencia, como marca la ley del aborto. “Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, comienza el escrito remitido.
Sánchez pide que se cumpla con este requerimiento formal para lograr garantizar el aborto en la sanidad pública, que actualmente realiza alrededor del 20% de estas intervenciones. El presidente ha dado tres meses de plazo a las autonomías antes de activar los mecanismos legales oportunos.
La Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2023 obliga a las comunidades autónomas a la creación de un registro de objetores de conciencia como mecanismo para proteger este derecho sanitario a la par que garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública. Su aplicación a nivel regional se fue retrasando hasta que, a finales de 2024, el Ministerio de Sanidad publicó, a petición de las comunidades, el protocolo para la creación del Registro de personas objetoras de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo. Según la ministra, Mónica García, esta lista permitiría “evitar objeciones en bloque de servicios enteros y desplazamientos forzosos de pacientes”. Casi 10 meses después, todavía cuatro comunidades autónomas no habrían puesto en marcha su registro: Asturias, Aragón, Madrid y Baleares.
Sánchez recalca que el registro de personas objetoras de conciencia es una herramienta “indispensable” para poder garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso al aborto en los hospitales públicos. Por ello, emplaza a los cuatro presidentes autonómicos a crearlos y regularlos cuanto antes. De lo contrario, se pondrán en marcha los mecanismos legales oportunos para forzarlos. “El Gobierno de España seguirá empleando todos los medios a su alcance para asegurar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo puedan hacerlo en la sanidad pública y con todas las garantías”, concluye Sánchez en el escrito difundido por EFE.
Madrid considera el registro “inútil”
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, aseguró en un encuentro informativo con la prensa que su registro de objetores ya “está abierto”, pero que lo considera “inútil”. “Esa lista lo único que sirve es para señalar”, aseguró la consejera, que consideraría una medida mejor “tener una lista de aquellos [médicos] que proveen el servicio para saber con quién cuentas”.
Matute defendió que “en Madrid se cumple la ley” y que la comunidad recibió en 2024 a 2.600 mujeres de Castilla-La Mancha que querían abortar, como muestra del correcto funcionamiento de este servicio. La comunidad realizó el año pasado un total de 18.149 interrupciones voluntarias del embarazo, pero solo 86 de ellas se realizaron en centros públicos. “De esas, a lo mejor un 60% [fueron] por embarazos no deseados, lo podríamos haber evitado”, dijo la consejera, que considera cada aborto “un fracaso”.
Para Matute, el registro es “un poco punitivo” para quienes ejercen su derecho a la objeción de conciencia, un derecho que hay que “proteger”. “Vamos a cumplir la ley, también con la lista de objetores. Pero no voy a permitir que se señale a nadie por la decisión que tome, tanto de no hacerlo como de hacerlo”, sentenció.
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