La plataforma ‘Libertad 6 de Zaragoza’ ha informado este martes de que el Gobierno ha aprobado el indulto de dos miembros de los jóvenes que fueron encarcelados por participar en una manifestación contra la ultraderecha. En concreto, se trata de Adrián y Javitxu, que han pasado 526 días en la cárcel el primero y 491 el segundo.
“Más de un año encerrados por unas detenciones aleatorias y unas sentencias injustas sin más pruebas que la opinión policial, algo que nunca debería haber ocurrido” denuncian desde esta asociación.

Si valoran la libertad de ambos “como una victoria del conjunto del movimiento popular que se ha implicado en denunciar continuamente durante seis años este caso de represión del Estado. Se trata de una clara vulneración del derecho de manifestación y organización frente a los discursos de odio de la extrema derecha”.
“No podemos hablar de satisfacción”
“Este logro nunca hubiera sido posible si no se hubiera creado una plataforma plural y diversa compuesta por personas individuales, colectivos sociales, sindicatos y organizaciones políticas que ha organizado incansablemente manifestaciones, concentraciones, ruedas de prensa, campañas en redes sociales, mesas informativas, pegadas de carteles, repartos de octavillas, actos, crowdfunding y eventos de recaudación de dinero”, explican.
Sin embargo, señalan que no se puede hablar de “satisfacción”. “En primer lugar, porque sigue siendo injusto que las otras dos personas encarceladas todavía no hayan podido salir de prisión: Imad y Daniel”.
Destacan el caso de Imad, que, según explican, “se encuentra en una situación complicada para su salud mental. Se trata del mismo caso, las mismas detenciones aleatorias por parte de la policía y las mismas injustas sentencias de la judicatura. ¿Por qué a los otros dos jóvenes no se les ha aplicado la misma medida?“.
“En segundo lugar, consideramos que no se ha hecho justicia porque, a pesar del indulto, se mantiene intacta la parte fundamental de la astronómica pena económica, que podría alcanzar los 200.000 euros. Una medida que, como ya hemos dicho en múltiples ocasiones, condena doblemente a los presos de clase trabajadora y a su entorno”, agregan.
Por último aprovechan para centrarse en “las leyes que permiten que casos así sigan ocurriendo en el día a día: la Ley Mordaza y un Código Penal endurecido”. Apuntan directamente al Gobierno actual, ya que “no sólo han mantenido intactas las reformas punitivas introducidas por el PP en 2015, sino que, de facto, las han endurecido. La reforma del Código Penal de 2022, por ejemplo, redefinió el concepto de los desórdenes públicos castigando de forma más dura la protesta ‘violenta’, pasando de 3 a 5 años de prisión”.
‘Los seis de Zaragoza’
El 17 de enero de 2019 Zaragoza fue escenario de graves disturbios durante una concentración convocada en redes sociales bajo el lema “Contra el acto fascista de Vox”, coincidiendo con un mitin del partido en el Auditorio. Para prevenir incidentes, se desplegó un amplio dispositivo policial en la zona y en el Parque Grande, lugar de la convocatoria. Hacia las 18:45 horas, unas 200 personas se reunieron en el parque y comenzaron a enfrentarse con los agentes, bloqueando la calle Fernando el Católico y paralizando la circulación del tranvía.
Para frenar su avance, la Policía los canalizó hacia la Plaza de San Francisco, donde se produjeron insultos y agresiones a los agentes, seguidos de lanzamientos de piedras y adoquines. La tensión se trasladó al campus universitario, desde donde un grupo de 80 personas se enfrentó con objetos contundentes a policías y vehículos, además de incendiar tres contenedores. Finalmente, los disturbios se concentraron en la calle Pedro Cerbuna, obligando a la Policía a emplear material antidisturbios.
Horas después, seis jóvenes fueron detenidos en bares cercanos. Cuatro de ellos —Antonio Daniel L. D., Adrián L. R., Imad M. B. y Francisco Javier A. V., alias ‘Javitxu’—, junto a dos menores, fueron acusados de participar en los desórdenes. Los menores recibieron sanciones más leves, pero los adultos enfrentaron un largo proceso judicial. La Audiencia de Zaragoza los condenó a seis años de prisión, pena que el Tribunal Superior de Aragón elevó a siete. En 2024, el Tribunal Supremo redujo la condena a tres años y nueve meses tras apreciar un exceso punitivo, pero mantuvo la culpabilidad basándose en las declaraciones policiales como prueba suficiente.
Desde entonces, una campaña ciudadana ha pedido su indulto, reuniendo más de 10.000 firmas y el apoyo de personalidades de la cultura, el periodismo, el sindicalismo y la política, en defensa de los llamados ‘Seis de Zaragoza’.
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