La ausencia de derechos laborales deja a miles de trabajadoras sexuales en España expuestas a condiciones de explotación y abusos sistemáticos. Así lo evidencia la investigación La explotación en la industria del sexo contada por sus protagonistas, promovida por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) y dirigida por Irene Adán Valiente y Bárbara Bolaños López.
El estudio se basa en entrevistas a 49 prostitutas cis y trans de más de diez nacionalidades, así como observaciones en clubes, pisos y salones de masaje en Murcia, Alicante, Albacete y Almería.
El 80 % de las entrevistadas eran migrantes y un 32 % se encontraba en situación administrativa irregular. Más de la mitad eran madres, con edades entre 22 y 57 años.
Días completos y condiciones abusivas
El informe documenta prácticas frecuentes como jornadas de 24 horas sin descanso, imposibilidad de rechazar clientes, presión para realizar sexo oral sin preservativo, obligación de consumir o vender drogas, comisiones de hasta el 60% de lo cobrado y sanciones económicas por incumplimiento de horarios.
“Hay sitios donde tienes que estar disponible 24 horas o no puedes rechazar clientes. Te presionan para que realices alguna relación sin preservativo, como puede ser el sexo oral o las condiciones de higiene. Una queja muy importante es que muchos sitios se quedan con el 50% de lo que ganas”, señala Fuensanta Gual, presidenta de CATS.
Teresa, trabajadora sexual y miembro del sindicato OTRAS, asegura: “He encontrado las mismas prácticas abusivas que puede haber en cualquier otro trabajo, como horas sin pagar. Pero aquí, al ser economía informal, las normas las impone el dueño del negocio”.
Clubes, pisos y salones: “Normas de la casa”
En los clubes, las trabajadoras suelen figurar como “huéspedes” que pagan por alojamiento y comida, permitiendo a los empresarios eludir inspecciones y la relación laboral directa.
Xabier, encargado de un club, explica: “Las chicas llegan, se registran como huéspedes y tienen una pensión en la que está incluida la comida, el desayuno, la cena... Solo que, a veces, si no trabajan, se les cobra por los servicios”.
En pisos, el reparto de ingresos favorece al empleador, y los cargos adicionales, como limpieza de sábanas o lavandería, son frecuentes. Sofía, otra trabajadora sexual, relata: “Te quitan el 50%, pero si quieres que limpien tu habitación después, tienes que pagar más, y a veces es obligatorio”.
Los salones de masajes presentan otra particularidad. Aunque deberían ofrecer contratos, la mayoría son “fantasma”, reflejando menos horas de las realmente trabajadas y solo sirven para inspecciones. Solo el 16,7% de los establecimientos visitados ofrecían contratos de trabajo reales.
Violencia y falta de seguridad
Por otro lado, la investigación de CATS también denuncia la falta de protocolos claros de seguridad y la externalización de los costes a las propias trabajadoras.
Paula, una trabajadora de un piso, describe un episodio de agresión que tuvo: “Estaba haciendo sexo oral sin protección y él se puso agresivo. Ahí ya dije que me iba, que para mí había sido una falta de respeto. El chaval me empujó y me escupió”.
La presencia de botones de pánico, cámaras de vigilancia o personal de seguridad es excepcional, y muchas trabajadoras perciben la intervención policial como amenaza. “La penalización de los clientes de la prostitución, lejos de erradicar esta práctica, ha demostrado reconfigurarla en formas más precarias y clandestinas”, advierte el informe.
Criminalización de la profesión
La legislación española no reconoce la prostitución como actividad laboral ni la prohíbe expresamente. Esto deja a las trabajadoras fuera de la Seguridad Social, sin contratos, bajas médicas ni prestaciones por desempleo.
“La criminalización de la actividad impide el reconocimiento de una relación laboral entre la trabajadora y el empleador. En este contexto, las trabajadoras asumen una carga económica significativa que, en otros sectores, recaería en la parte empleadora”, subraya CATS.
Demandas y propuestas del colectivo
Las trabajadoras y CATS reclaman reconocimiento legal, derechos laborales y despenalización del sector. Entre sus demandas destacan:
- Formalización de contratos y acceso a la Seguridad Social.
- Condiciones justas de higiene, seguridad y horarios.
- Derecho a interrumpir un servicio en cualquier momento.
- Mecanismos efectivos de inspección y denuncia.
- Regularización administrativa para migrantes y eliminación del estigma.
Fuensanta Gual enfatiza: “Pedimos a los poderes públicos que empiecen a proteger los derechos de las mujeres, que olviden el bulo de que todo es trata y que reconozcan los derechos laborales, solo eso”.
El informe concluye recordando que la formalización de la profesión reduciría la informalidad, garantizaría la protección frente a los abusos y generaría ingresos fiscales para el Estado.
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