El Abogado General de la UE avala la decisión de la Eurocámara de retirar la inmunidad a Puigdemont y propone archivar su recurso

Nuevo revés de la Justicia contra Carles Puigdemont. El Abogado General de la UE ha propuesto este martes a la Justicia europea avalar la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña y exeurodiputado, en una sentencia que afecta también a los exconsellers que obtuvieron un escaño europeo en la anterior legislatura con JxCAT, Clara Ponsatí y Toni Comín.

Las conclusiones del abogado general europeo no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que debe dictar sentencia sobre el asunto, aunque el Alto Tribunal europeo suele seguir la línea marcada por los dictámenes en la gran mayoría de los asuntos. El pronunciamiento responde a los recursos de casación presentados por los tres políticos independentistas contra una primera sentencia del Tribunal General de la UE que en julio de 2023 respaldó a la Eurocámara.

Tras la expiración de su mandato como diputado del Parlamento Europeo el 15 de julio de 2024, el Abogado General considera que, aunque el líder de Junts formó parte del proceso desde el origen, al dejar de tener la condición de diputado, Puigdemont ya no mantiene interés procesal en que se revise la suspensión de su inmunidad parlamentaria.

El abogado de Pugdemont, gonzalo Boye, afirmó que prevé que a finales de octubre se conozca la resolución final del TJUE sobre este caso.

El Tribunal General acertó al rechazar el recurso inicial de Comín

En cambio sí considera que el recurso tiene interés para Comín porque fue reelegido en las elecciones europeas de junio de 2024, pero no ocupa escaño porque su nombre no fue incluido en la lista de candidatos electos en España notificada por la Junta Electoral Central al Parlamento Europeo, al no haber cumplido el trámite de acatar la Constitución.

A este respecto, el Abogado General propone en todo caso que sean desestimadas todas las alegaciones formuladas contra la sentencia del Tribunal General en el recurso presentado por Comín, en concreto respecto a tres motivos de casación analizados en sus conclusiones.

Así, concluye que el Tribunal General de la UE no incurrió en error al considerar en su sentencia que la Eurocámara no vulneró el derecho de los diputados a que sus expedientes fueran examinados de manera imparcial. Tampoco cree que en su primera sentencia la justicia europea fallara a la hora de valorar si las decisiones del Parlamento impactaron en los derechos fundamentales de los demandantes.

Finalmente, el abogado general aboga por desestimar la alegación relativa a la falta de claridad de las decisiones del Parlamento, porque considera que de dichas decisiones se desprende que la inmunidad de los diputados se suspendió en el territorio de todos los Estados miembros, con excepción del territorio español (y no exclusivamente en Bélgica y en Reino Unido).

Una batalla judicial en España que se traslada a la Justicia europea

La historia que ha desembocado en este punto se remonta al 1 de octubre de 2017, cuando la convocatoria y celebración del referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña abrió una sucesión de episodios políticos y judiciales. Puigdemont, entonces presidente del gobierno catalán, y sus consejeros, entre ellos Antoni Comín y Clara Ponsatí, se fugaron a Bélgica el 29 de ese mismo mes horas antes de que el fiscal general del Estado presentara una querella por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. El Tribunal Supremo dictó auto de procesamiento contra ellos en marzo de 2018 y los declaró en rebeldía en julio de ese mismo año al constatar que habían abandonado el país.

A pesar de esa huida, los tres líderes catalanes participaron en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en España el 26 de mayo de 2019. Tanto Puigdemont como Comín lograron escaño, con efectos desde el dos de julio del mismo año. La trayectoria judicial no se detuvo: en octubre de 2019, el Supremo emitió nuevas órdenes de detención para posibilitar su enjuiciamiento.

Posteriormente, entre enero y febrero de 2020, el Supremo solicitó al Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad, que fue finalmente acordada el 9 de marzo de 2021. Ante esta decisión, los tres diputados acudieron al Tribunal General de la Unión Europea solicitando la anulación del acuerdo, pero el 5 de julio de 2023 vieron desestimados sus recursos. En paralelo, Clara Ponsatí también accedía a su acta como diputada a partir del uno de febrero de 2020.

Lo que comenzó como una respuesta de autodefensa política ante causas judiciales en España, se transformó en una batalla legal ante las instituciones europeas. El escenario político dio un nuevo vuelco el 9 de junio de 2024, cuando Comín fue reelegido eurodiputado, a diferencia de sus dos compañeros, Puigdemont y Ponsatí, cuyos mandatos vencieron el 15 de julio de 2024. Esta circunstancia fue decisiva en la posición expuesta por el Abogado General Szpunar, pues privó a Puigdemont y Ponsatí de la posibilidad de seguir defendiendo la restitución de su inmunidad.

Noticia con información de Europa Press