La situación actual de los incendios en España está elevando la preocupación sobre la preparación ante el fuego. Muchas personas se plantean si están los bosques y entornos naturales protegidos de la propagación de las llamas. Un estudio de la Plataforma Ecologista Madrileña asegura que en la comunidad hay más de 2.000 edificios sin planes de autoprotección frente a incendios forestales.
Esta plataforma, formada por las asociaciones ARBA, El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura, advierte que miles de edificaciones, urbanizaciones y actividades económicas ubicadas sobre suelo forestal o en sus inmediaciones no disponen de las estrategias necesarias contra estos incendios.
Sus estudios concluyen que la existencia de tantas edificaciones sin estos sistemas eleva a más de 20.000 las hectáreas que sufren un alto riesgo de verse reducidas a cenizas ante un incendio. De hecho, cifra por encima de las 75.000 las construcciones ilegales que pueden aumentar el riesgo de incendio.
Más de 2000 edificios sin planes contra incendios
El Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid para 2025 identifica 2.361 zonas de interfaz urbano-forestal que abarcan 22.624 hectáreas. Hasta ahora solo se han aprobado 60 planes de autoprotección y 35 más se encuentran en proceso.
Las zonas IUF incluyen urbanizaciones dentro del bosque, casas aisladas, campings, vertederos y gasolineras. La plataforma ecologista alerta de que miles de construcciones, muchas sin permiso, hacen crecer el peligro para quienes viven y trabajan en estas zonas, porque quedan sin un sistema de protección básico.
Si hay un incendio, el fuego puede avanzar desde el monte a las casas con rapidez. La ley INFOMA 2017 establece que los municipios de alto peligro debían tener planes de autoprotección desde 2018, que incluye desde campañas de información a la presencia de recursos y materiales para luchar contra el fuego o planes claros de evacuación.
La falta de estos planes deja a miles de personas y a muchas actividades sin defensa efectiva durante la temporada de incendios. Saber cómo actuar ante un incendio y tener disponibles los recursos necesarios es determinante.
Menos control y más construcción
La Plataforma Ecologista Madrileña señala que, desde 2021, el Gobierno autónomo ha cambiado varias leyes y normas que antes protegían el suelo forestal. Los cambios en la ley Ómnibus, que realizó su última actualización en 2024, facilitan la construcción de inmuebles o edificios en zonas que deberían estar protegidas y que, por el contrario, se ven más expuestas a un posible incendio.
Las normas de suelo y la ordenación del territorio han reducido sus trámites burocráticos, pero han facilitado la posibilidad de construir en terrenos considerados de uso público, como ocurre en zona forestales. Para la plataforma que denuncia esta situación, estos cambios aumentan las edificaciones que surgen en estos lugares sin tener los sistemas de control necesarios.
Con las leyes ómnibus de 2022 y 2024, ahora es más fácil construir o poner negocios en áreas de monte. Muchos de estos nuevos núcleos no están controlados por los ayuntamientos ni tienen la obligación de preparar un plan de autoprotección, sobre todo en el caso de granjas, explotaciones agrícolas o viviendas vinculadas a estas actividades.
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