Su casa familiar lleva 8 años okupada y, pese a la orden de desalojo, la okupa ha instalado placas solares y cámaras de seguridad: “Tuvo el descaro de llamar a la policía”

Han pasado ocho largos años desde que Isabelle y su hija Valérie iniciaron una batalla judicial que parece no tener fin. La casa familiar situada en Bastia, en la región de Alta Córcega, continúa okupada pese a las resoluciones judiciales que ordenan la expulsión de la inquilina ilegal. La situación, que comenzó en 2017, ha derivado en un calvario para esta familia, que denuncia sentirse despojada de su patrimonio mientras la administración concede nuevos márgenes a la ocupante.

“Ya no puedo seguir viendo cómo empeora la salud de mi madre”, lamenta Valérie, visiblemente agotada. Su declaración, recogida por la emisora local Ici RCFM, refleja la desesperación acumulada de una familia que asegura haber agotado todas las vías legales sin éxito.

Una intrusión que cambió la vida de toda una familia

La historia se remonta a 2017, cuando los herederos de la vivienda —un inmueble cargado de valor sentimental para la familia— decidieron ponerla en venta. Entre las personas interesadas en visitarla se encontraba la mujer que, poco después, se adueñaría del lugar. Según relata Isabelle, la madre, apenas un mes después de aquella visita descubrieron que la cerradura había sido cambiada.

Lo que en un primer momento parecía un malentendido pronto se convirtió en una pesadilla: la okupa presentó un documento de alquiler falsificado a su nombre y llegó incluso a autoproclamarse propietaria. Desde entonces, la casa permanece bajo su control, mientras la familia legítima permanece a la espera de poder recuperarla.

Isabelle recuerda con amargura un episodio especialmente doloroso. En una ocasión intentó entrar al jardín para recoger unas clementinas del árbol plantado por su abuelo en 1933. La reacción de la okupa fue inmediata: llamó a la policía para denunciarla. “Tuvo el descaro de hacerlo, siendo ella la que nos ha despojado”, denuncia indignada.

Una victoria judicial sin ejecución inmediata

La vía judicial parecía haber dado un respiro a la familia a principios de este año. En febrero de 2024, un tribunal emitió un título de expulsión a favor de los propietarios legítimos, lo que en teoría abría la puerta a recuperar la vivienda. Sin embargo, la prefectura decidió otorgar a la okupa un plazo adicional, lo que ha sido interpretado por Isabelle y Valérie como un nuevo obstáculo tras casi una década de espera.

Mientras tanto, la familia continúa cumpliendo con sus obligaciones fiscales: siguen pagando impuestos y seguros sobre una casa de la que no disfrutan y a la que ni siquiera pueden acceder. “Estamos pagando por algo que no podemos usar, mientras otra persona lo disfruta sin ningún derecho”, denuncian.

A la frustración se suma la impotencia de ver cómo la okupa refuerza su control sobre la vivienda. Según las denunciantes, en los últimos meses ha instalado paneles solares y cámaras de vigilancia, consolidando así su presencia en el inmueble que nunca le perteneció.

Una herida abierta que no cicatriza

Para Isabelle, el drama va mucho más allá de lo material. Aquella casa en Bastia no es solo una propiedad: es el lugar donde creció, el símbolo de una herencia familiar marcada por la memoria de sus mayores. Cada día que pasa sin poder recuperarla supone un recordatorio doloroso de lo perdido.

“Es mi infancia, es el árbol que plantó mi abuelo, son los recuerdos de toda una vida”, explica emocionada. La incertidumbre sobre cuándo —y si algún día— podrán volver a pisar su casa pesa tanto como los trámites judiciales o los recibos de impuestos.