El BOE declara San Sebastián, A Coruña y 21 municipios navarros como zonas tensionadas

La declaración de San Sebastián, A Coruña y 21 municipios navarros como zonas tensionadas eleva el número de municipios en esta situación en España hasta los 301. Con el último listado recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes, el total de personas que residen en áreas donde el alquiler se considera en tensión supera los 8,28 millones, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Vivienda. Las zonas tensionadas son aquellos territorios donde los precios de los alquileres han experimentado aumentos significativos durante los últimos años, y su declaración activa mecanismos específicos para intentar contener el precio del arrendamiento.

De acuerdo con el BOE, San Sebastián se convierte en la primera capital de provincia en el País Vasco en contar con esta declaración, sumándose a otros municipios vascos como Errentería, que ya obtenían previamente la consideración de zona tensionada. En Navarra, la relación de municipios ahora incluidos contempla tanto ciudades principales como Pamplona y Tudela, como otras localidades relevantes: Valle de Egüés, Burlada, Barñáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Altsasu, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta.

Estas declaraciones activan el marco recogido en la Ley de Vivienda, que regula un procedimiento orientado a contener los precios del alquiler allí donde las subidas históricas han sido más pronunciadas. Entre las medidas que fija la ley se incluyen bonificaciones fiscales para propietarios que opten por reducir la renta a sus arrendatarios, a la vez que limita la posibilidad de incrementar el precio del alquiler en los nuevos contratos, al exigir que estos no superen el importe del contrato anterior. Además, se establece un índice de precios de referencia para los arrendamientos, con la obligación específica para los grandes tenedores de ajustar sus ofertas a este indicador.

El marco legal también obliga a las administraciones públicas a adoptar un plan de medidas de urgencia destinado a incrementar la oferta de vivienda en alquiler, con el objetivo de revertir la situación en un plazo máximo de tres años. Según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el mecanismo legal “implica que se bajen los precios del alquiler, que se impida subirlos y que no haya ningún incentivo para que los propietarios quieran hacerlo”. La ministra ha añadido que los recursos públicos se orientan tanto a resolver el problema como a garantizar que el esfuerzo de las familias para pagar la vivienda no supere el 30% de sus ingresos.

Santiago y otros municipios plantean sumarse

Mientras tanto, otros municipios muestran su interés en acogerse a la declaración de zona tensionada. Destaca el caso de Santiago de Compostela, donde, tras enviar una solicitud a la consejería competente, recibió un requerimiento del Instituto Galego de Vivenda e Solo para reelaborar la petición. El concejal de Urbanismo, Vivienda y Ciudad Histórica, Iago Lestegás, informó que ya se ha remitido un nuevo informe para insistir en la declaración.

En el Principado de Asturias, el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, explicó en junio que el gobierno autonómico prepara la declaración de dieciséis zonas tensionadas distribuidas en seis concejos. La intención, puntualizó, es hacerlo de manera progresiva para concluir el trámite antes de finalizar el año.

Desde el Ministerio de Vivienda enfatizan que la aplicación del estatus de zona tensionada busca proteger tanto a los inquilinos como a los pequeños propietarios responsables que ajustan sus rentas al índice de referencia oficial. De este modo, la regulación persigue un equilibrio donde se atienda el problema del acceso a la vivienda y se fomente un mercado de alquiler más estable y asequible en los territorios más afectados.