Debido a los cambios en el paisaje, la transformación social (con el éxodo a las ciudades y la progresiva despoblación rural) y la intensificación del clima, España es un país especialmente azotado por los incendios forestales. Las llamas, el humo y la ceniza se convierten en protagonistas cada verano, dejando un escenario de bosques ennegrecidos que suponen un constante recuerdo de lo que el fuego arrebata.
La destrucción de estos árboles y plantas tiene un impacto emocional muy grande entre quienes, día tras día, se levantan rodeados de una naturaleza que en cuestión de horas se convierte en pasto para las llamas. Es la pérdida de una riqueza cultural en torno al campo, la condenación de unos pueblos que han crecido entre el verde y el amarillo.
Este 2025, varios grandes incendios forestales ya han mostrado su virulencia en distintos puntos del país, como el de la comarca de La Segarra, en Lleida, que a principios del mes de julio afectó a una superficie estimada de 5.500 hectáreas y provocó la muerte de dos personas. Se observa así un nuevo tipo de incendio caracterizado por su potencial para quemar grandes terrenos en muy pocas horas.
Según el informe anual de WWF sobre la evolución de los grandes incendios forestales (GFI), nos enfrentamos actualmente a un escenario preocupante: se ha reducido el número de incendios y la superficie quemada, pero ha aumentado la proporción de GIF, que queman más de 500 hectáreas, y la disminución de la superficie afectada cada vez es menor. De esta manera, la tendencia es que, para 2050, los terrenos calcinados puedan duplicarse con respecto a la media actual. “Esta realidad viene a confirmar que cada vez se quema más en menos incendios”, destacan desde WWF en Incendios fuera de control. 20 años promoviendo la prevención. “Hay una clara tendencia en la extrema intensificación y peligrosidad de los incendios forestales a escala global y en España”, añaden.
Algunos de estos siniestros han dejado una huella imborrable en la historia de España, no solamente en su naturaleza, que sufre un severo cambio, sino también en el recuerdo de quienes vieron con sus propios ojos las llamas y, en la actualidad, se enfrentan cada día a un paisaje todavía desolador.
Guadalajara, 2005: el incendio que provocó el cambio
Durante aquel sábado 16 de julio, un grupo de excursionistas encendió una barbacoa en un área recreativa de La Riba de Saelices, en el Parque Natural del Alto Tajo, y una chispa prendió un rastrojo que había alrededor. El viento y la sequedad del entorno provocaron que rápidamente se extendiese un fuego que tuvo serias consecuencias humanas y ecológicas.
13.000 hectáreas quedaron arrasadas y 11 miembros del retén de Cogolludo (uno de ellos era un bombero voluntario de Soria) perdieron la vida al día siguiente, el domingo 17 de julio, al quedar atrapados entre dos frentes de fuego.
Aquel incendio, que fue controlado cinco días después y obligó a la evacuación de pueblos como Mazarete o Anquela, provocó un cambio en la conciencia social sobre el peligro de estos siniestros. Ese mismo año, en octubre, se creó la Unidad Militar de Emergencias (UME) y, además, se sucedieron dimisiones y ceses en Castilla-La Mancha. La Audiencia Provincial de Guadalajara condenó al excursionista que encendió la barbacoa a dos años de prisión por imprudencia grave, una multa y más de 10 millones de euros en indemnizaciones.
Como ocurre en muchos otros incendios que ocurren en entornos rurales, los vecinos, al ver arder los montes que les dan sustento o por los que han paseado cientos de veces, lucharon contra las llamas con mangueras y cubos de agua para salvar sus hogares.
Zamora, 2022: 45 días hasta su extinción
En el verano de 2022, dos grandes incendios afectaron al entorno de la Sierra de la Culebra, en la provincia castellanoleonesa de Zamora: en Ferreras de Arriba y Sarracín de Aliste, el 15 de junio, y en Losacio, el 17 de julio. El segundo de ellos, con unas 31.500 hectáreas quemadas, tardó 45 días en extinguirse.

La causa fue un rayo de una tormenta seca y la expansión de las llamas obligó a la evacuación de una treintena de poblaciones. Las heridas que dejó en la zona no se olvidan, ya que el arbolado de pino desapareció. Además, el fuego se cobró cuatro víctimas mortales: un bombero forestal, un pastor, un vecino de la zona y un residente de Tábara que falleció tres meses después a consecuencia de las quemaduras que sufrió mientras intentaba ayudar a hacer un cortafuegos en las afueras del pueblo.
Galicia, 2022: un verano negro
En el 2022, la comunidad autónoma de Galicia sufrió más de 1.700 incendios forestales que provocaron la pérdida de más de 51.000 hectáreas. Esta ola de siniestros simultáneos —algunos de los más graves fueron los de O Courel y Valdeorras— provocó serios daños ecológicos y materiales en la región.
Durante ese verano, por ejemplo, Verín sufrió una cadena de fuegos provocados por una mujer de 53 años, trabajadora del Concello. Las llamas se iniciaron en aproximadamente una veintena de focos distintos.
En enero de 2025, la mujer, a la que se le atribuyó un trastorno límite de la personalidad, aceptó una pena de cárcel de tres años, una multa de 1.080 euros y el pago de 1,3 millones de euros en indemnizaciones, aunque fue declarada insolvente. Sin embargo, no entró en prisión a cambio de no delinquir hasta junio de 2028, seguir un tratamiento contra su alcoholismo y cumplir un plan de seguimiento trimestral.

Huelva, 2004: el segundo de mayor magnitud de España
Iniciado en Minas de Riotinto el 27 de julio de 2004, el incendio de la provincia de Huelva dejó más de 27.800 hectáreas quemadas y dos fallecidos. Los municipios del Berrocal (Huelva) y de El Madroño (Sevilla), considerados como “la zona cero”, perdieron un 80% y un 70% de su superficie forestal. Esto perjudicó seriamente a sus principales modos de vida: el corcho y la ganadería.
Pese a que durante años el incendio tuvo un acusado, la Audiencia Provincial de Huelva, en 2010, lo absolvió por falta de pruebas. Tras 21 años desde el siniestro, todavía no se conocen las causas de un fuego que afectó profundamente a la región.
Ávila, 2021: la pérdida cultural de Navalacruz
Fue el incendio más grave de ese año, con 22.000 hectáreas calcinadas. Comenzó el 14 de agosto entre los municipios de Navalacruz y Cepeda de la Mora, y el fuego afectó a más de 40 yacimientos de la zona, un patrimonio irremplazable.
Las llamas se originaron después de que un vehículo empezase a arder en la carretera N-502 y fuese estacionado en la cuneta; el procedimiento judicial contra el conductor fue archivado. Las condiciones meteorológicas de calor intenso y rachas de viento provocaron una rápida expansión, amenazando las llamas a 16 núcleos poblacionales, por lo que se declaró el nivel 2 de emergencia.
Este fue uno de los muchos incendios que la provincia abulense sufre cada año. En los últimos días, de hecho, la Junta de Castilla y León decretó la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendio ante las altas temperaturas de los días 16 y 17 de julio, ya que Ávila se ha encontrado en nivel naranja y amarillo de aviso por calor este miércoles y jueves.

Así, en 2022, los incendios de Cebreros (en julio) o el de Santa Cruz del Valle y sus alrededores, como Pedro Bernardo o Lanzahíta (en agosto), continuaron afectando a una región profundamente castigada por las llamas y que denuncia medidas de prevención para que no se sigan quemando sus montes.
Valencia, 2012: una negligencia que dejó más de 28.000 hectáreas arrasadas
El 28 de junio de 2012, una negligencia durante la instalación de unas placas solares en una vivienda de Cortes de Pallás (Valencia) provocó que se originase un incendio que se extendería por dos comarcas y a lo largo de trece términos municipales. El incidente ocasionó la pérdida de más de 28.000 hectáreas, a las que se sumaron las afectadas por el siniestro de Andilla.
Durante este incendio, un piloto de helicóptero murió durante las labores de extinción, tras estrellarse el vehículo en el embalse de Forata. Treinta minutos después de este suceso se conoció la noticia de que un segundo helicóptero también se había estrellado, esta vez en la sierra de Martés. Afortunadamente, sus dos tripulantes salvaron la vida.

Los dos trabajadores implicados en la imprudencia, que utilizaron una radial cuando ese día estaba decretado el nivel 3 de preemergencia de incendios —lo que prohibía, entre otros, usar aparatos de soldadura—, aceptaron en 2021 una pena reducida de 10 meses de prisión, una multa de 1.440 euros y una responsabilidad civil fijada en 750.000 euros.
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