
La Fiscalía francesa ha solicitado la apertura de un juicio contra las automovilísticas Peugot y Citröen por presuntamente manipular sus motores para cumplir las normas anti-contaminación únicamente durante los ensayos de homologación.
Así lo señala el ministerio público en el expediente judicial que involucra a ambas marcas en el escándalo de fraude en la industria automovilística conocido como Dieselgate. La noticia ha sido adelanta por la agencia AFP tras una información del medio francés L’Informé, que explica que los vehículos de Peugeot y Citroën habrían sido “especialmente calibrados” para respetar la normativa sobre emisiones de óxidos de nitrógeno solo en las condiciones de los test oficiales.
Según las requisitorias del parquet fechadas el 25 de junio, a las que tuvo acceso la AFP, fuera de esos ensayos, los sistemas de depuración funcionaban de manera deficiente, lo que provocaba que los automóviles superaran habitualmente los límites legales de emisiones contaminantes.
El ministerio público propone al juez de instrucción —único competente para decidir la celebración del juicio— que considere que estas prácticas han convertido el uso de estos vehículos en “peligroso para la salud”, al “favorecer la aparición de enfermedades respiratorias en el ser humano”, lo que constituye una agravante en la acusación.
Ya fueron imputados en 2021
En este procedimiento, los dos fabricantes, pertenecientes al grupo Stellantis, ya habían sido imputados los días 9 y 10 de junio de 2021 por hechos relacionados con la venta en Francia de vehículos diésel Euro 5 durante el periodo 2009-2015.
Actualmente, existen recursos pendientes ante la Corte de Apelación de París. En marzo, el parquet de París ya solicitó un juicio similar contra la automovilísitca germana Volkswagen, a quien se acusa de equipar cerca de un millón de vehículos con un software que reducía artificialmente las emisiones contaminantes durante los ensayos de homologación.
Un informe de 2017 denunció una “estrategia global para fabricar motores fraudulentos”
Un informe elaborado por la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) y transmitido a la Justicia francesa el pasado 2017 describió cómo Peugeot-Citroën (PSA) implementó, desde septiembre de 2009 hasta septiembre de 2015, una política para comercializar aproximadamente 1,9 millones de automóviles diésel de norma Euro5 en Francia, cuyo rendimiento dependía de mecanismos fraudulentos instalados en sus motores.
El informe de la DGCCRF concluyó que existía una “estrategia global destinada a fabricar motores fraudulentos, y después a comercializarlos”. Los vehículos afectados correspondían a la generación Euro5, vigente hasta 2015. Los investigadores detallaron que el número de unidades involucradas y la naturaleza de las prácticas utilizadas originaron la propuesta de la elevada multa para la compañía.
Otro informe, publicado el pasado 28 de mayo y elaborado por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) reflejó que las emisiones excesivas de gases tóxicos causadas por este fraude ha causado 124.000 muertes prematuras en el periodo 2009-2024 en la Unión Europea y el Reino Unido.
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