Lo que comenzó como un acto de solidaridad entre amigas terminó en una pesadilla que dura ya cuatro años. Jacqueline Guillén, una joven que se marchó a estudiar a Londres, dejó su vivienda en Madrid a una amiga embarazada que no tenía dónde vivir.
Hoy, esa misma persona ocupa ilegalmente su casa, se ha declarado vulnerable y ha convertido a Jacqueline en una víctima más de la inquiokupación, una práctica cada vez más frecuente en España.
Un alquiler entre amigas que terminó en okupación
“Éramos amigas desde hacía seis años”, explicó Guillén en una entrevista con COPE. La decisión de dejarle su piso partió del deseo de ayudar: “No encontraba dónde vivir y estaba embarazada”. Inicialmente, el alquiler funcionó de manera irregular pero asumible. “Pagaban tarde, pero regularmente”. Sin embargo, cuando Jacqueline quiso regresar de Londres, los impagos se acumularon y la deuda llegó hasta los 11.000 euros.
La respuesta de su amiga, según relató, no dejó lugar a dudas: “A los dos meses de esta situación me dijo claramente: ‘Los okupas no pagan. Yo soy okupa y la ley me ampara porque soy madre soltera’”, contó Guillén.
Dinero negro y amenazas
La situación se volvió insostenible. Guillén tuvo que volver antes de tiempo a Madrid porque no podía cubrir sus gastos sin los ingresos del alquiler. Además, asegura que su examiga dejó el trabajo para cobrar en dinero negro y justificar así su vulnerabilidad: “Había dejado el trabajo para cobrar en B, no podía ingresar el dinero en un cajero, la niña estaba enferma...”, explicó.
Cuando Jacqueline exigía el pago del alquiler, la respuesta más habitual era: “No me da la gana”. Incluso afirma que la mujer le confesó ganar 3.000 euros mensuales, aunque sin declarar. A eso se suma que habría permitido que otra persona también se instalara en la vivienda. “Vive totalmente encerrada”, añadió.
Sin vivienda, sin ingresos y sin soluciones
Lo más grave, denuncia, es el trato institucional que ha recibido. Acudió al Ayuntamiento de Madrid buscando apoyo, pero la respuesta que obtuvo fue insólita: “En el ayuntamiento me dijeron que comiera en un comedor social y me dieron una lista de albergues, siendo yo la propietaria de la vivienda”.
Jacqueline no ha tenido que recurrir a esos recursos, pero sí se ha visto obligada a dormir en casas de familiares y amigos. Actualmente, recibe tratamiento psicológico. “Mi día a día es esperar que alguien me pueda ayudar”, dijo. “Vivo en un mundo que no tiene ningún sentido”, sentenció, tras explicar que sigue pagando hipoteca, impuestos y suministros que no puede cortar, bajo amenaza de denuncia por coacciones.
Mientras tanto, ella continúa su lucha. “Estoy involucrada en el cambio de leyes”, afirmó, con la esperanza de que su historia sirva para abrir el debate sobre los límites de la protección legal a la vulnerabilidad cuando esta se instrumentaliza para evitar el desalojo.
El caso evidencia una problemática que parecer no ver fin en nuestro país, donde los procedimientos judiciales pueden alargarse durante años, especialmente si el okupa se declara en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la situación se complica al haber un contrato de arrendamiento previo.
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