La corrupción sigue siendo una de las tareas pendientes en la política española y así ha quedado acreditado una vez más con las imputaciones de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, personas de máxima confianza de Pedro Sánchez, acusados de presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos. Este miércoles el presidente ha comparecido ante el Congreso de los Diputados en una sesión monográfica sobre este tema.
En su comparecencia, Sánchez ha presentado un plan estatal de lucha contra la corrupción que afectan a empresas, políticos y la administración y creado de la mano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De forma resumida ha explicado que su plan está compuesto por 15 medidas repartidas en cinco ejes principales:
1. Prevención de riesgos y fortalecimiento
Como ha explicado el presidente, el primero de esto ejes recogidos en el plan es la “prevención de la corrupción”, para conseguir así reducir su incidencia y está formado por seis medidas diferentes.
De esta manera, “se creará una Agencia Independiente de Integridad Pública como órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción y se fomentará la creación de mapas de riesgo de integridad”, según recoge el escrito presentado por el Gobierno. Sánchez ha explicado que uno de los problemas actuales es que “hay demasiados ojos, lo que crea deficiencias”
“El eje incluye el impulso de la Ley de Administración Abierta para fomentar la participación ciudadana en la prevención de la corrupción y de la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés que amplíe el control de estos grupos en la fase prelegislativa. Además, prevé exámenes aleatorios del patrimonio de los altos cargos, transformar el portal de contratación para usar nuevas herramientas informáticas y aumentar el control sobre la financiación y la actividad de los partidos”, añaden.
Sánchez ha añadido que se crearán “mapas de riesgo para identificar vulnerabilidades en contrataciones”, con la ayuda de aplicaciones de Inteligencia Artificial en la plataforma de contratación del sector público para así “automatizar patrones anómalos”.
2. Garantizar la protección efectiva de las personas que denuncian
Otro de los focos es conseguir que no se castigue a los que denuncian. Para ello ya existe la ley de informantes, pero según explica el Presidente, “esta ley no es suficiente”.
“España ha avanzado significativamente con la aprobación de la Ley 2/2023 y la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, pero es necesario mejorarla, reforzando una mayor protección de los denunciantes e incluyendo mejores canales de alerta, con un régimen sancionador para quien incumpla”, explica el plan estatal. Sánchez ha añadido que se crearán canales internos en las empresas para que puedan denunciar prácticas ilegítimas.
3. Respuesta eficaz ante los casos de corrupción ya detectados
El tercer de los ejes son tres medidas que buscan reforzar la capacidad del Estado para luchar contra la corrupción.
“Se reforzarán las capacidades la Fiscalía y del Poder Judicial para investigar, juzgar y castigar la corrupción mediante secciones especializadas en cada tribunal de instancia y más plazas y medios en la Fiscalía Anticorrupción”, explica el escrito.
Sobre esto, añaden que “la Fiscalía llevará la instrucción penal, con mayor autonomía y transparencia, se establecerán mecanismos de control y sanción frente a empresas corruptoras, se potenciará la limitación de contratar a empresas corruptoras (blacklisting), se exigirán mecanismos de compliance y se modificará el Código Penal con más penas y nuevos delitos contra la Administración”.
4. Recuperación de los activos procedentes de actividades corruptas
Pedro Sánchez ha destacado también que otra de las lacras de la corrupción son todos los bienes que son robados por las tramas, por lo que otro de los focos debe ser “reparar el daño causado y recuperar la confianza de la ciudadanía”.
De esta manera “se reforzará la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y se creará el decomiso administrativo y preventivo. Además del castigo penal, deberán devolverse los fondos ilícitamente obtenidos”.
5. Promoción de la cultura anticorrupción
El último de los ejes versa en conseguir promover una cultura anticorrupción en todos los estamentos de la sociedad: ciudadanía, empresas y partidos políticos.
Esto se conseguirá “mediante formación, campañas sociales y encuestas sobre percepción de la corrupción. Es imprescindible que la cultura de la prevención y lucha contra la corrupción impregne a la sociedad en su conjunto y ayude a identificar y denunciar este tipo de prácticas“.
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