El alquiler turístico en España experimenta desde este martes 1 de julio un vuelco clave con el comienzo de la obligatoriedad del nuevo Número de Registro Único de Alquiler (NRUA). Todos los propietarios que deseen alquilar sus viviendas por corta duración, ya sea por turismo, motivos laborales, médicos o de estudios, deberán solicitar y exhibir este permiso, que pasa a ser obligatorio para operar legalmente. Pese a que los dueños de los inmuebles destinados al alquiler vacacional llevan meses al tanto de esta medida, en vigor desde el pasado 2 de enero pero no imprescindible hasta ahora, apenas la mitad de los pisos turísticos de España han solicitado hasta la fecha el código.
En concreto, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicó este lunes que se habían recibido ya un total de 169.908 peticiones para asignar un número de registro único a viviendas de alquiler turístico, lo que implica que un 46,13% de propietarios han accedido ya a este trámite, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el número de pisos destinados a esta modalidad de arrendamiento en España, publicado en el mes de noviembre.
Seis de cada diez pisos en Andalucía ya han solicitado su número
En el undécimo mes de 2024, España registró un total de 368.295 viviendas turísticas. Andalucía se sitúa a la cabeza en cuanto a número de inmuebles, con 82.195 propiedades en este mercado de alquiler. La región muestra, además, un elevado nivel de cumplimiento respecto a la solicitud del número de registro único, ya que el 60,1% de los propietarios andaluces han iniciado el trámite, lo que convierte a Andalucía en la comunidad con más viviendas y una de las que exhibe mejor tasa de adaptación al nuevo marco legal.
Canarias y Cataluña son otros dos focos relevantes en el mapa del alojamiento turístico español. Canarias contabiliza 51.286 viviendas, con un 58,6% de solicitudes sobre el total. Cataluña, con 52.870 inmuebles, registra que el 52,6% ha solicitado el número de registro único. Ambos casos evidencian no solo la importancia del turismo en estas comunidades, sino también un ritmo elevado de regularización administrativa ante la normativa vigente. Baleares (24.190 viviendas) presenta una cifra algo inferior, tanto en cantidad total como en porcentaje de solicitudes, en torno al 48,2%.
Madrid, la región que menos se adapta a la norma
En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid destaca por registrar 20.760 viviendas turísticas, pero solo un 10,3% de ellas han solicitado el registro obligatorio, el dato más bajo del país. Este contraste sugiere un ritmo de adaptación muy inferior respecto a otros grandes destinos. Otras comunidades con porcentajes bajos son Extremadura (26,5%), Castilla-La Mancha (27,4%) y la Región de Murcia (28,6%). En Ceuta y Melilla, se confirmaron solo 107 viviendas turísticas y apenas un 14,9% han iniciado la solicitud.
En cuanto al resto de las comunidades, Aragón y Canarias superan el 57% de solicitudes, mientras que Galicia, Castilla y León y Asturias permanecen entre el 34 y el 42%. La Comunitat Valenciana, con 64.745 viviendas turísticas, es la segunda con mayor volumen total, aunque apenas un 33,9% ha gestionado el registro único, lo que indica una brecha considerable entre las comunidades con alta oferta y aquellas con alto grado de cumplimiento regulatorio.
Los datos muestran así una geografía desigual en el avance de la regularización de las viviendas turísticas en España. Las regiones con mayor actividad turística, como Andalucía, Canarias y Cataluña, combinan altos volúmenes de inmuebles con porcentajes elevados de adaptación. En otros casos, el nivel de cumplimiento normativo se rezaga frente al tamaño del mercado, lo que supone desafíos pendientes para garantizar la homogeneidad y la legalidad del sector en todo el país.
El Ejecutivo busca acabar con los pisos turísticos ilegales
La iniciativa, impulsada por el Gobierno y gestionada a través de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, persigue reforzar la transparencia, combatir el fraude y profesionalizar el sector. España se convierte así en el primer país de la Unión Europea en aplicar la normativa europea destinada a regular el alquiler vacacional. La normativa afecta a todos los alquileres de corta duración, ya sean turísticos o de temporada, e incluye tanto viviendas completas como alquileres por habitaciones y embarcaciones destinadas al ocio. Quedan fuera de esta obligación los hoteles, apartahoteles, albergues, campings y parkings de caravanas.
El Ministerio de Vivienda subraya que este código será imprescindible para operar en plataformas digitales y que tendrá un papel clave para detectar viviendas irregulares, sancionar la evasión fiscal y evitar la especulación que expulsa a los residentes de sus barrios.
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