Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres de origen colombiano en pisos utilizados como prostíbulos, distribuidos en seis comunidades autónomas del norte de España. El operativo se ha saldado con la liberación de 18 mujeres y la detención de cinco personas -tres en Bilbao y dos en Gijón-, de las cuales dos han ingresado en prisión provisional. Asimismo, se han realizado siete registros domiciliarios y se ha ordenado la clausura judicial de seis inmuebles vinculados a la trama.
La investigación comenzó en septiembre de 2024, a raíz de la denuncia de una mujer que aseguró haber sido engañada y trasladada desde Colombia hasta Santander bajo falsas promesas laborales. Al llegar, fue obligada a ejercer la prostitución. Su testimonio permitió a los agentes abrir una línea de investigación que sacó a la luz una estructura delictiva inicialmente compuesta por cinco individuos, que evolucionó hasta dividirse en tres ramas independientes pero coordinadas. La red gestionaba pisos, de forma itinerante o estable, en Galicia (A Coruña), Cantabria (Santander), Asturias (Oviedo y Gijón), País Vasco (Bilbao, San Sebastián y Vitoria), Navarra (Pamplona) y Castilla y León (Burgos, León y Ponferrada).
Las víctimas eran mujeres en situación de vulnerabilidad, captadas en Colombia por una de las principales investigadas. La organización les ofrecía empleos bien remunerados en España y les costeaba el viaje, incluyendo billetes de avión y dinero para superar los controles migratorios haciéndose pasar por turistas. Una vez en territorio español, se les retiraba el pasaporte y se les comunicaba la existencia de una deuda de entre 3.000 y 4.500 euros, aunque en algún caso ascendió a 8.000— que debían saldar mediante servicios sexuales.
Incluso después de saldar la supuesta deuda, muchas mujeres continuaban prostituyéndose sin otras alternativas económicas, en un esquema en el que debían entregar el 50% de los ingresos a la organización. Esta dinámica las mantenía bajo control y sin posibilidad de desvincularse del entramado criminal.
Violencia, drogas y vigilancia constante
Las víctimas debían estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, sin posibilidad de rechazar a los clientes. Eran trasladadas cada dos semanas de un piso a otro, lo que impedía que generaran vínculos o encontraran estabilidad. Según la policía, cuando alguna mujer se negaba a trabajar, incluso por motivos de salud, era agredida físicamente.
El consumo de sustancias estupefacientes era otra forma de coerción. Las mujeres eran forzadas a consumir drogas para prolongar la prestación de servicios sexuales. Además, estas sustancias se ofrecían en los anuncios utilizados por la red para atraer a los clientes. La organización también obligaba a las víctimas a abrir cuentas bancarias a su nombre, que eran utilizadas por los explotadores para mover dinero de manera encubierta.
En los registros efectuados durante el operativo se incautaron 12.245 euros en efectivo, nueve teléfonos móviles y abundante documentación que acredita los hechos investigados. Además, las autoridades procedieron al bloqueo de diez cuentas bancarias empleadas por la red para canalizar los beneficios de la explotación.
Otro golpe a la trata en paralelo
El mismo día del operativo, en una actuación paralela llevada a cabo por la Policía Nacional en colaboración con la Ertzaintza, fue desarticulada otra red dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Esta organización, que también operaba en el norte del país, tenía ramificaciones en Bilbao, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Santander, Logroño, Figueras e Irún.
Las víctimas, en este caso procedentes de Brasil, también eran captadas con engaños y obligadas a saldar una deuda a través de la prostitución. Nueve mujeres fueron liberadas y 21 personas resultaron detenidas en distintas provincias, incluyendo Vizcaya (6), Álava (5), Zaragoza (3), Navarra (2), Gerona (2), Barcelona (1), Guipúzcoa (1) y La Rioja (1).
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