Más de la mitad del personal funcionario del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat no trabajó el 29 de octubre, jornada en la que se produjo la riada en la comarca valenciana de la Ribera, según un informe presentado por la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT) al juzgado que investiga la gestión de la DANA. El documento, elaborado por el técnico Sergio Álvarez Hombría, ha sido aportado a la causa como parte de la acusación popular y recogido por la agencia EFE.
El informe detalla que, de los 59 funcionarios que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del CCE, 31 no acudieron a sus puestos durante esa jornada, lo que representa un 52,5 % del total. El documento también señala que solo una de las seis personas técnicas responsables del seguimiento de emergencias estuvo presente ese día.
Las causas de la ausencia del personal incluyen descansos programados, comisiones de servicio, bajas por enfermedad o plazas vacantes no cubiertas en esa fecha. La acusación subraya que esta situación afectó a la capacidad de respuesta ante las emergencias derivadas de las intensas lluvias.
Más de 160 llamadas antes del aviso oficial
El informe también recoge que se recibieron al menos 160 llamadas de alerta en la cuenca del barranco del Poyo antes de las 18:43 horas, momento en el que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) emitió un aviso oficial sobre el aumento del caudal. A pesar de esta información previa, el Centro de Emergencias no activó los órganos de coordinación hasta más tarde, según consta en el documento remitido al juzgado.
“La activación se produjo fuera del tiempo que marca el Plan Especial de Inundaciones”, ha indicado FETAP-CGT, que considera que este retraso supuso un incumplimiento de los protocolos establecidos para la gestión de situaciones de riesgo por inundaciones.
Desde la Federación aseguran que “una emergencia no se puede gestionar con la mitad del personal ausente y decisiones que llegan tarde”. En su opinión, “no falló la información, fallaron quienes debían actuar”, en referencia a los responsables del operativo de emergencia.
La acusación ha pedido al juzgado que “requiera a la Generalitat aclarar por qué tantas personas trabajadoras del CCE no estaban operativas ese día: si fue por ausencias justificadas, comisiones de servicio, cambios de destino o vacantes sin cubrir”.
Según ha informado EFE, el juzgado de Instrucción número 4 de Alzira mantiene abierta la investigación para determinar si existieron responsabilidades penales en la gestión de la DANA, que dejó importantes daños materiales y provocó la muerte de al menos una persona. El informe presentado por FETAP-CGT se suma a otras diligencias ya incorporadas al procedimiento judicial.
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