
Los tribunales le han dado la razón a una empleada de Poste, el servicio italiano de Correos, que había interpuesto un recurso contra la empresa que la despidió en julio de 2023 por permitir que un cliente realizase una transferencia de 27.000 euros (unos 29.000 dólares), pese a que esta cifra supera el límite establecido. Según informó La Repubblica, la Corte de Apelaciones de Florencia falló a favor de la trabajadora, ordenó su reincorporación y exigió a la empresa el pago de una indemnización.
La mujer se encontraba en su puesto de trabajo en una oficina postal situada en Versilia, la zona al noroeste de la Toscana (Italia), cuando un cliente acudió a ella con la intención de hacer llegar una importante suma de dinero a su hermano, a quien necesitaba ayudar porque estaba atrapado en Tailandia. Al estar ausente la directora de la sucursal, la trabajadora autorizó la operación sin aprobación de su superior, según relata Corriere della Sera.
La transferencia se realizó mediante una tarjeta Postepay Evolution, una solución de prepago ofrecida por Poste Italiane para realizar pagos sin necesidad de una cuenta corriente tradicional. Esta tarjeta tiene un importe límite que se permite transferir, una cifra que los 27.000 euros de esta operación superaban.
Despedida por ayudar a un cliente
El dinero transferido tenía un origen legítimo y la acción se realizó para atender una situación urgente y delicada del cliente. Un mes después de la operación, la empresa despidió a la empleada, argumentando que había “forzado el sistema”. La trabajadora recurrió la decisión ante el Tribunal de Lucca, pero en primera instancia los jueces confirmaron el despido, lo que redujo sus posibilidades de recuperar el empleo. Sin embargo, convencida de la legitimidad de su actuación, la empleada, junto a su abogado, decidió apelar el fallo.

Durante el proceso de apelación, la defensa sostuvo que la empleada simplemente respondió a una necesidad urgente de un cliente. Los jueces de la Corte de Apelaciones de Florencia concluyeron que “no se ha demostrado ningún interés personal de la trabajadora en la operación ni ilegalidad alguna. La transferencia se realizó utilizando fondos del cliente a favor de los destinatarios que él mismo había indicado”. El tribunal de segunda instancia, integrado por los jueces Baraschi, Tarquini y Carlucci, determinó que la empleada no causó daño a la empresa, no actuó por beneficio propio y no infringió ninguna ley, sino únicamente normas internas de la compañía.
Vuelve a la empresa tras dos años en tribunales
Como resultado de la sentencia, la empleada fue readmitida de inmediato en su puesto de trabajo y recibió una indemnización equivalente a 12 mensualidades. La Repubblica reportó que este desenlace puso fin a dos años de litigios judiciales, durante los cuales la trabajadora mantuvo la esperanza de que su actuación sería reconocida como legítima.
El caso pone de relieve los límites y responsabilidades de los empleados en el sector bancario y postal, especialmente cuando se enfrentan a situaciones excepcionales que requieren decisiones rápidas. La resolución judicial también abordó la importancia de distinguir entre infracciones administrativas internas y conductas que puedan considerarse ilícitas o motivadas por intereses personales. En este caso, los jueces consideraron que la empleada actuó de buena fe y en beneficio de un tercero, sin obtener ningún provecho propio ni causar daño a la empresa.
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