El PSOE enmienda una ley de Sumar para “perfilar adecuadamente” los documentos que acrediten los saharauis para obtener la nacionalidad española

El PSOE quiere acotar la ley sobre la concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la administración española. Conducidos por el giro histórico de Pedro Sánchez sobre el Sáhara hace más de tres años (respaldó la propuesta de autonomía de Marruecos), los socialistas se negaron a finales de febrero a tramitar la ley impulsada por Sumar, sus socios de coalición, pero el respaldo del PP y los aliados progresistas del PSOE (Vox se abstuvo) inclinó la balanza hacia el sí.

Una vez cerrado el plazo para el registro de las enmiendas, PP, PSOE, Sumar, ERC y EH Bildu han registrado un total de 32 correcciones. En lo que respecta al partido de Pedro Sánchez, los socialistas pretenden impedir que puedan optar a esta nacionalización aquellos que presenten documentos legalizados por el Frente Polisario, como establece el texto legislativo.

Según resumió el diputado socialista encargado de defender la postura del partido durante la toma en consideración, Sergio Gutiérrez, “nos presenta varias dudas otorgar a organizaciones privadas [en alusión a este movimiento] la capacidad de expedir de manera automática esos certificados que otorgarían la carta de la naturaleza y, por lo tanto, la nacionalidad española”.

Ahora, el PSOE aprovecha la tramitación de la norma para intentar acotar la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el territorio del Sáhara Occidental bajo la administración de España. A través de una de las cinco enmiendas presentadas, a las que ha tenido acceso este medio, este partido propone que los documentos utilizados para acreditar el nacimiento bajo la administración española del Sáhara estén “debidamente legalizados” y, por ende, pide suprimir “los expedidos por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf y legalizado por la Representación del Frente Polisario en España”.

En la justificación de la enmienda, el PSOE expone que “se propone perfilar adecuadamente los documentos acreditativos de la circunstancia que va a permitir la concesión de nacionalidad en virtud de una mayor seguridad jurídica”.

Comparativa con el caso de Guinea Ecuatorial

Durante el debate de la norma, el representante socialista ya mostró su desacuerdo con la idea de que el modelo elegido para este proceso sea la carta de naturaleza. “Es el que se usa, por ejemplo, para los hijos de los españoles que tuvieron que emigrar de España durante la época de la dictadura franquista y que se exiliaron en el extranjero”, añadió para recordar que el procedimiento establecido como “regla general” para el resto de excolonias, “especialmente el de Guinea Ecuatorial que es el que lleva más similitudes con el de la causa saharaui”, es un procedimiento de residencia abreviada de dos años en lugar de los diez exigidos en general.

“En aquel entonces, en el caso de Guinea Ecuatorial, se optó por este camino no por capricho, sino porque así lo consideraban numerosos dictámenes del Consejo de Estado, diversas resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado y, al menos, cuatro sentencias del Tribunal Supremo de 1993, 1998, 1999 y, la más reciente, de 2020″.

En dicha sentencia, la más reciente, “se dice literalmente que el Sáhara nunca debió ser entendido territorio español a efectos de adquisición de la nacionalidad, porque aquel territorio se entendía sometido a la soberanía española y, de hecho ―como reitera la sentencia del 29 de mayo de 2020―, el Tribunal Supremo dicta que no son nacidos en España a efectos de nacionalidad quienes nacieron en un territorio durante la etapa en la que fue colonia”.

Más allá de reconocer que existe un agravio comparativo, Gutiérrez rechazó la conveniencia de crear procesos “ex novo, ad hoc o exprés para situaciones similares, procesos diferentes para situaciones similares, ya que tenemos el riesgo de caer en este caso en alguna contradicción jurídica”.

Por su parte, Sumar enmienda su propia ley para incluir una disposición adicional nueva de cara a regular la posibilidad de equiparar en derechos a las familias que acogen menores en el marco de programas de estancia por estudios, vinculados a proyectos humanitarios. Asimismo, los de Yolanda Díaz apuestan por ampliar el plazo hasta el 11 de agosto de 1977 para conceder la nacionalidad por carta de naturaleza.