
La Conferencia de Presidentes, el órgano de coordinación entre el jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, y los presidentes autonómicos, aborda este viernes en Barcelona una larga lista de asuntos en un contexto de máxima tensión. La cita, lejos de ser una oportunidad única para el entendimiento, estará embarrada por las numerosas y constantes disputas políticas entre el primer partido de la oposición, que convoca este domingo una manifestación contra Sánchez con el lema “mafia o democracia”, y el Ejecutivo Central.
El formato de la vigesimoctava reunión será distinto a anteriores reuniones, ya que se le otorgará 10 minutos a cada presidente autonómico y un tiempo ilimitado para el presidente del Gobierno. Los líderes regionales han criticado que, en la práctica, no será un debate, sino más bien un “monólogo” donde cada presidente dirá ´su propia postura. Especialmente crítico el PP, que argumenta que se trata de “un paripé de propaganda” para el presidente del Gobierno, que no tiene intención de llegar a acuerdos.
La Conferencia tratará hasta 14 temas, entre los que destacan la financiación autonómica -incluida la financiación singular para Cataluña-, la política migratoria, energética, sanidad, educación o el problema de la vivienda. Pero ningún acuerdo se vislumbra en el horizonte, ya que será más bien una exhibición de las importantes diferencias entre ambas partes.
Ni siquiera en uno de los asuntos que más urgen, que es un compromiso político para resolver la situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias, que vive un momento de colapso total en sus centros de acogida. Este jueves, el Tribunal Supremo amenazó al Gobierno con tomar “medidas coercitivas” si sigue sin hacerse cargo de los menores. Durante la llegada de los presidentes autonómicos, el presidente canario Fernando Clavijo ha aprovechado para realizar un último llamamiento al entendimiento en una entrevista para TVE, donde ha recordado que la ley para llevar a cabo el reparto “ya está aprobada”. Hasta este martes, todavía había autonomías como Aragón que ni siquiera habían aportado los datos de menores acogidos en sus territorios en 2024, un dato que el Gobierno necesita para calcular el reparto de los menores.
Una acuerdo en vivienda también será clave, aunque de igual manera difícil. España alcanza su mayor subida en 18 años durante el primer trimestre y Sánchez propondrá a las comunidades en la Conferencia de Presidentes un nuevo acuerdo estatal para la vivienda. El dirigente andaluz Juanma Moreno ha manifestado que eso “está muy bien” si el Gobierno de España “cumple dos premisas” básicas, como son respetar la posición de las comunidades y poner un fondo.
Tal es el nivel de tensión que la bronca constante entre el Gobierno y Génova ha mantenido hasta el último momento en el aire si finalmente tendría lugar la reunión. Ya en la reunión preparatoria hubo problemas, después de que los populares amenazasen con dar plantón a Sánchez si el jefe del Ejecutivo no aceptaba incorporar en el orden del día una serie de demandas. El ministro de política territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró al término de la reunión que la gran mayoría de las propuestas formuladas por el PP habían sido incluidas en la lista, aunque algunas de ellas, criticaron, no eran siquiera competencia de las autonomías.
Los pinganillos, otro frente con el PP
Otra de las novedades que incorpora la cita es el uso de las lenguas cooficiales y el nuevo esquema incorporará un sistema de traducción simultánea, por el que el Gobierno ha invertido 11.200 euros. Y este es otro de los punto de fricción entre los populares y el Ejecutivo Central. La dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, amenazó con abandonar la sesión si algún dirigente autonómico se dirige al resto en un idioma distinto al castellano. El presidente andaluz, Juanma Moreno, afirmó que veía la iniciativa absurda, además de cara.
La mandataria madrileña criticaba que el Gobierno central, a su juicio, hacía “provincianismo con el secesionismo catalán” y advirtió que “no se pondría el pinganillo” si algún presidente autonómico decidía pronunciarse en gallego, euskera o catalán, todas ellas lenguas recogidas en la Constitución Española. Las palabras de Ayuso fueron respondidas por Yolanda Díaz, que le acusó de “faltar el respeto” y calificó de “inaudito”, “broma de mal gusto” y “bochorno” el posicionamiento de Ayuso, que enmarca en el “ruido y el fango”.
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