El alcalde del municipio madrileño de Loeches (9.200 vecinos) ha sido denunciado ante la Fiscalía por dejar un parque del centro de la localidad prácticamente sin árboles. El regidor, Antonio Theodori Andrés, del PP, autorizó la tala de 65 ejemplares (el 91% del total) sin pasar por los trámites administrativos pertinentes, según la denuncia, e incumpliendo el proyecto de reforma del parque, que decía que había que conservar la mayor parte del arbolado.
El PSOE, grupo principal de la oposición, cree que el regidor ha podido cometer delitos contra el medio ambiente (tipificados en el artículo 332 del Código Penal) y prevaricación administrativa (tipificado en los artículos 329 y 404 del Código Penal), además de varias infracciones por vulnerar la ‘Ley Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid’ y la ‘Ley de Responsabilidad Medioambiental’. Todo empezó cuando el Consistorio, gobernado por PP y Vox, formalizó en febrero de este año un contrato por 197.000 euros para rehabilitar el parque de Fuerte Amarga.
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El proyecto de las obras, que se puede consultar en el perfil del contratante, señala que se “debe respetar el arbolado existente, siempre que este cumpla las normas de seguridad y fitosanitarias vigentes”. Ese documento destaca que “el hecho de respetar la red de arbolado de alineación perimetral contribuye a consolidar la identidad del espacio urbano existente”. Para Fernando Díaz, ex alcalde del municipio y portavoz del PSOE, está claro que lo que indicaron los técnicos es que las obras debían respetar a la gran mayoría de los 71 árboles del parque. “El inventario detalla de forma pormenorizada los 71 ejemplares, valorando que cuatro de ellos deben eliminarse, cinco deben trasplantarse y el resto deben mantenerse por encontrarse en buen estado y no suponer ningún riesgo para la seguridad e integridad de las personas”, explica Díaz.
Las obras de remodelación del parque Plaza Fuente Amarga comenzaron el día 10 de marzo, fecha en la que se empezaron a talar 65 árboles de más de 40 años. La mayoría eran olmos siberianos. “Es decir, el 91,55% de los árboles talados se encontraban en buen estado y no suponían ningún riesgo para la seguridad e integridad de las personas”, recalca el concejal Díaz. Los socialistas aseguran en su demanda que “las obras de acondicionamiento del parque debían haber mantenido y respetado 65 árboles, como se recoge en el proyecto, o bien según lo previsto en la ‘ley 8/2005′“, solo quitar “aquellos casos en los que la tala sea la única alternativa viable”.
Tala autorizada por decreto
Pero la denuncia va más allá. La oposición no solo quiere que la Fiscalía investigue una tala de árboles que debían ser protegidos, sino que también dirima si esa tala, además, incumplió los trámites burocráticos respectivos. Y es que el Ayuntamiento debió autorizar, mediante decreto del alcalde, “la tala de cada ejemplar de forma singularizada, en el que se acredite la inviabilidad del trasplante por razones técnicas cuando solo quede como alternativa la eliminación del árbol”. Es decir, se debían haber tramitado 65 decretos. “Podría existir prevaricación de la autoridad por ordenar la tala de los 65 árboles a sabiendas de no existir expediente singularizado y preceptivo por cada ejemplar eliminado”, concluye Díaz.
Al cierre de esta información, Infobae España no había conseguido hablar con el alcalde. Una vez publicada, ha atendido a este diario. El regidor asegura que hay un informe de técnicos de medio ambiente, “muy extenso”, que avala que los árboles estaban enfermos y había que talarlos. “Había riesgo de caída. Yo no lo he decidido. Han sido los técnicos”. En cuanto a los decretos individualizados de tala por cada ejemplar, “no sabría decirle. Si la oposición quiere llevar este tema a la justicia, que lo dirima un juez
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