El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución de 172,4 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar la atención primaria. Es el mismo presupuesto que el destinado en 2024, pero este año viene con condiciones: las comunidades autónomas deberán comprometerse a cumplir una serie de requisitos antes del 31 de diciembre de 2025 para recibir la partida completa.
“La atención primaria es el eslabón fundamental de nuestro sistema sanitario”, ha afirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, al término del Consejo de Ministros. “Tiene que dejar de ser el eslabón más débil de toda la cadena”, ha insistido, lo que pasa por la “voluntad política” de las comunidades y el gobierno.
Los 172.425.000 euros estarán destinados a desarrollar el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria y consolidar el desarrollo del nuevo Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, que espera tener mejores resultados que su predecesor. Tras hacer balance de su estado en noviembre de 2024, Sanidad concluyó que existen barreras que limitan el correcto funcionamiento de la atención primaria, como la financiación escasa y la falta generalizada de profesionales.
Pese al “gran esfuerzo” de las comunidades autónomas, varios de los objetivos del anterior plan de primaria se quedaron sin cubrir, especialmente los relativos a financiación y recursos humanos. Por ello, esta vez Sanidad ha condicionado el reparto de presupuesto: el 50% del crédito se repartirá directamente a todas las comunidades y a Ingesa, encargado de la gestión sanitaria de Ceuta y Melilla, pero la mitad restante se reserva a las comunidades que prometan a las comunidades que prometan cumplir antes de que acabe el año una serie de objetivos estratégicos. “Así aseguramos que estos 172 millones van a parar a aquellas comunidades que cumplen con unos requisitos mínimos a la hora de cuidar la atención primaria”, ha explicado García.
Más contrataciones y más enfermeras especialistas antes de 2026
Las autonomías deben publicar una nueva oferta de empleo público que incluya todas las categorías de la atención primaria, implantar medidas para garantizar que se ocupen los puestos de difícil cobertura. Además, se debe priorizar el nombramiento de enfermeras especialistas, algo que han olvidado la mayoría de autonomías en el último periodo. Por último, deben llevar a cabo acciones que garanticen la estabilidad del 100% de las unidades docentes acreditadas para la Formación Sanitaria Especializada.
“Las comunidades que no acrediten documentalmente el cumplimiento íntegro de estos compromisos no podrán acceder al tramo condicionado de los presupuestos en 2026, en caso de existir crédito disponible”, aclaran desde el Ministerio de Sanidad. Así, las autonomías podrían perder 85.893.461 euros si no consiguen alcanzar estos cuatro requisitos prioritarios antes del 31 de diciembre, mientras que Ceuta y Melilla se quedarían sin 319.039 euros.
Otros objetivos prioritarios serán la ampliación de los procedimientos diagnósticos dentro de la atención primaria, la optimización de procesos administrativos para reducir la carga burocrática. El presupuesto debe destinarse igualmente a la renovación de las infraestructuras, el equipamiento técnico y al impulso de soluciones de inteligencia artificial que faciliten la labor clínica.
De los 172,4 millones de euros prometidos, se destinará una partida específica de 638.078 euros a Ingesa para financiar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El reparto presupuestario debe ser aprobado por las comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) antes de ser definitivo.
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