Pese a que el Ministerio de Sanidad hace hincapié en sus mejoras en la transparencia en el gasto farmacéutico, el anteproyecto de Ley del Medicamento presentado el pasado mes de abril contempla establecer como confidencial los acuerdos de financiación alcanzados entre el Gobierno y las empresas farmacéuticas. La norma, que estudia actualmente las alegaciones de la industria, establece “la confidencialidad de los acuerdos de financiación”, una medida polémica que desde Civio, organización sin ánimo de lucro por la transparencia, han tachado de “contradicción flagrante” y “maniobras para declarar la opacidad total”.
El secreto respecto al coste real de cada medicamento financiado por el Sistema Nacional de Salud (SNS) es una política que se ha mantenido a lo largo de los gobiernos de Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez. Tiene su origen en la ley de garantías del año 2006, que establecía la confidencialidad de la información facilitada por los laboratorios al Ministerio de Sanidad. En esta ocasión, la cartera de Mónica García daría un paso más y califica de secreta “la información que resulte de los acuerdos de financiación que se alcancen o de la aplicación de los mismos”, según cita el artículo 114.3 del anteproyecto de Ley del Medicamento.
La medida choca con los pasos en pos de la transparencia que incluye el borrador de la normativa. De hecho, en el mismo articulado establece que “el Ministerio de Sanidad publicará información accesible para el público general sobre la financiación de cada producto, así como información agregada sobre el gasto en medicamentos y productos sanitarios”. En el mismo documento, Sanidad argumenta que dar a conocer el precio abonado por cada fármaco “puede desvelar información sobre las estrategias comerciales de las compañías que tengan un impacto a la hora de fomentar competencia de precios”, uno de los objetivos principales de la actual reforma que espera conseguir a partir de su nuevo sistema de precios.
Según Sanidad, “no es posible descartar que un escenario de transparencia de los precios unitarios termine dando como resultado una menor capacidad de negociación y una regresión de los precios hacia precios más altos”. Sus conclusiones se basan en un informe de la OCDE del año 2022, donde el organismo internacional mostró estas políticas de transparencia parecen rebajar la reducción de precios.
Un debate judicial que llega al Tribunal Supremo
La propuesta de Sanidad contrasta con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 2019 pedía “transparencia” sobre los precios de los medicamentos; y podría acabar revocada por la justicia española. Civio ya llevó la cuestión al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, autoridad administrativa independiente encargada de promover la transparencia pública, que terminó por fallar a su favor.
Su resolución en pos de la transparencia fue revocada en la Audiencia Nacional en 2023, una sentencia que tanto Civio como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España han anunciado que llevarán al Tribunal Supremo “para lograr que no se limite de forma injustificada y desproporcionada el derecho a saber en un ámbito tan sensible como el acceso a la salud". Otras organizaciones, como No es Sano, también han presionado al Ministerio para que revele el precio unitario de ciertos tratamientos. Sin embargo, el Ministerio y los laboratorios han resistido estas demandas, argumentando que la divulgación de precios podría perjudicar la capacidad negociadora y competitiva del sistema sanitario español.
Pese a que en 2024 fuentes del ministerio afirmaban a elDiario.es que se planteaban hacer pública la información sobre el precio de los medicamentos, el anteproyecto presentado este año cierra la puerta a cualquier apertura de transparencia en este campo. “Es necesario dar estos pasos pero, hoy por hoy, es significativamente mayor el número de países que tendrían interés en conocer los precios pagados por sus contrapartes que el número de países dispuestos o capaces de compartir dicha información.42 En todo caso, es una iniciativa que, de producirse, debería estar sustentada sobre políticas farmacéuticas que estuvieran respaldadas por un número amplio de países”, establecen en el anteproyecto.
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