
La Policía Municipal de Madrid mantiene abierta una investigación sobre el atropello de una menor ocurrido el pasado lunes 28 de abril en el paseo de Extremadura. En el vehículo oficial implicado en el suceso viajaba el director general del cuerpo, Pablo Enrique Rodríguez, acompañado por un inspector que ejercía como conductor.
Según fuentes municipales, el procedimiento interno marca un plazo de diez días para esclarecer los hechos y validar el expediente correspondiente. El coche policial circulaba por la zona cuando se produjo el accidente. Por el momento, no se han comunicado resultados oficiales de la investigación.
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El caso ha generado reacciones críticas por parte de algunos sindicatos policiales, que denuncian supuestas irregularidades en la gestión inicial del atestado. Según estas organizaciones, no consta que se elaborara el parte preliminar en las primeras 24 horas, como establece el protocolo para siniestros con heridos. También señalan que no se practicó la prueba de alcoholemia al inspector que conducía el vehículo.
Retrasos en la actuación
Los sindicatos también advierten de que el equipo encargado de los atestados no intervino hasta cuatro días después del accidente, lo que consideran una desviación respecto al procedimiento establecido. Además, cuestionan que un inspector de la Policía Municipal esté asignado a labores de conducción para un alto cargo, función que, indican, no forma parte de las tareas habituales del puesto.
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Otras fuentes internas apuntan a que los efectos del apagón eléctrico registrado en la zona ese mismo día podrían haber afectado a los sistemas y registros, lo que habría dificultado el cumplimiento de los plazos.
Desde el Ayuntamiento se ha defendido la actuación administrativa, asegurando que la tramitación del parte se realizó dentro del marco legal. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que el proceso se está desarrollando con arreglo a los protocolos internos y ha pedido que no se extraigan conclusiones anticipadas antes de que finalice la investigación.
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El salario y las causas judiciales abiertas de Rodríguez
Pablo Enrique Rodríguez percibe un salario anual de 101.500 euros como director general de la Policía Municipal, cargo que ocupa dentro del organigrama del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento. La cuantía ha sido señalada por la oposición en el contexto de este y otros episodios recientes que afectan a su gestión.
Rodríguez figura actualmente como investigado en un procedimiento judicial por presuntas irregularidades en dos oposiciones al cuerpo. La causa fue reabierta en octubre de 2024 por la Audiencia Provincial de Madrid, tras dos archivos previos. Declaró como investigado el pasado mes de abril junto a otros mandos y exmandos del cuerpo.
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También se encuentra involucrado en otro proceso judicial tras una denuncia de la asociación Hazte Oír. La acusación se refiere a presuntos delitos de coacciones, acoso y prevaricación, relacionados con actuaciones policiales contra un vehículo de dicha organización durante sus recorridos por Madrid en 2024.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y la del PSOE-M, Reyes Maroto, han exigido la dimisión de Rodríguez, así como la de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, por la gestión del accidente y por el conjunto de actuaciones que afectan a la dirección de la Policía Municipal.
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