El Gobierno destinará 15.000 millones de euros más que la Generalitat en ayudas a afectados por la Dana: una proporción 18 veces superior

El Gobierno de España ha asumido un papel destacado en la atención a los damnificados por la dana, movilizando un total de 16.600 millones de euros para cubrir emergencias y comenzar la reconstrucción en las zonas afectadas.

Esta cifra contrasta significativamente con los 916,3 millones de euros destinados por la Generalitat Valenciana, lo que representa una proporción de 18 a 1, según informó EFE. Este desbalance es aún más llamativo si se considera que la capacidad presupuestaria entre ambas administraciones tiene una proporción de 12 a 1.

De acuerdo con fuentes de Moncloa, el Gobierno central ya ha transferido más de 3.300 millones de euros directamente a los afectados, y se espera que esta cifra alcance los 4.400 millones en la primera semana de marzo. En comparación, la Generalitat Valenciana ha abonado hasta el momento 419 millones de euros, lo que equivale a menos del 10% de lo entregado por el Ejecutivo nacional.

Además, el número de solicitudes de ayuda recibidas por el Gobierno de España asciende a 394.953, más del doble de las 154.882 registradas por la administración autonómica.

Críticas a la gestión de la Generalitat y el Partido Popular

Desde Moncloa se ha señalado que la Generalitat Valenciana y el Partido Popular, a través de sus principales portavoces, han llevado a cabo una campaña que, según las mismas fuentes, ha desinformado a la población al sugerir que las ayudas del Gobierno central eran préstamos reembolsables y no subvenciones a fondo perdido. Esta situación habría generado confusión entre los afectados.

Aunque algunas de las líneas de apoyo del Gobierno central incluyen avales y préstamos, como los gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), también se han habilitado ayudas directas para sectores como la agricultura, el turismo y la industria.

Por su parte, la Generalitat Valenciana también ha ofrecido préstamos a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la entidad Afin-SGR, aunque estas líneas de crédito son limitadas en comparación con el alcance de las medidas del Ejecutivo nacional.

Ayudas a empresas, autónomos y municipios afectados

El apoyo económico del Gobierno central se ha extendido a diversos sectores, incluyendo empresas y autónomos. Según los datos proporcionados por Moncloa, se han destinado 252 millones de euros a empresas y 77,4 millones a autónomos afectados por la Dana.

Estas cifras superan ampliamente los 192 millones de euros que la Generalitat Valenciana ha declarado haber habilitado para la recuperación de estos sectores.

En cuanto a los municipios afectados, el Gobierno de España ha asumido el compromiso de cubrir el 100% de los daños en instalaciones y servicios municipales, una medida sin precedentes, ya que en situaciones anteriores solo se cubría el 50%.

En total, se estima que estas ayudas alcanzarán los 1.750 millones de euros, a los que se sumarán 500 millones adicionales para reparar redes de agua potable y alcantarillado, así como los gastos de emergencia realizados por las corporaciones locales. Según las fuentes consultadas por EFE, la suma total destinada a los ayuntamientos podría superar los 3.000 millones de euros.

Despliegue en sectores clave: agricultura, educación y cultura

El impacto de las ayudas del Gobierno central también se refleja en sectores como la agricultura, donde se han destinado 444,5 millones de euros para los afectados.

En áreas como educación, ciencia, cultura, empleo e inclusión, las fuentes de Moncloa han destacado que el despliegue del Ejecutivo nacional no tiene comparación con las medidas adoptadas por la Generalitat Valenciana, que en muchos casos son consideradas “testimoniales”.

Las tensiones entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central han sido otro de los puntos destacados en la gestión de esta crisis. Desde Moncloa se ha acusado a los responsables de la Generalitat y al Partido Popular de fomentar un conflicto institucional que, a juicio de las mismas fuentes, busca confundir a la ciudadanía y eludir responsabilidades por la falta de respuesta adecuada durante los momentos más críticos de la emergencia.