La comunidad de exclarisas de Belorado (Burgos) se enfrenta un nuevo escándalo tras las revelaciones de que podrían haber estado cobrando la pensión de una religiosa fallecida en abril de 2022. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha recibido documentación remitida por la Archidiócesis de Burgos que apunta a esta presunta irregularidad, como ha adelantado este viernes medio local El Diario de Burgos. Una investigación determinará si las exmonjas, lideradas por la exabadesa Sor Isabel de la Trinidad, omitieron notificar el fallecimiento de una nonagenaria procedente del monasterio de Derio y continuaron percibiendo el subsidio de manera deliberada.
Como avanza el citado medio, el ingreso mensual de esta pensión sigue figurando en una de las cuentas corrientes ahora gestionadas por la comisión gestora. Los movimientos se han revisado desde que el arzobispado de Burgos fue nombrado “comisario pontificio por el Vaticano, prácticamente sin documentos con los que poder cotejar cargos y abonos”, añaden. De esta forma, se ha revelado un DNI asociado a una persona no identificada entre las 16 religiosas iniciales que formaban la congregación, lo que inicialmente se interpretó como una posible donación, debido a que la cantidad no era excesiva. Según fuentes del Arzobispado reconocen que se sospechó “de alguna monja fallecida”, una vez analizada la situación, como ha informado Europa Press.
Si la Seguridad Social confirma que los pagos realizados han sido irregulares, podrían devolver de manera íntegra lo recibido en las cuentas de las exclarisas desde mayo de 2022 hasta hoy. No obstante, se abrirá una investigación para esclarecer los hechos y determinar si la comunidad comunicó la muerte de esta mujer y, en todo caso, el dinero que ha recibido esas cuentas, desde el momento en el que el arzobispo de Burgos se ha convertido en administrador pontificio será devuelta, como ha informado la agencia.
En un comunicado emitido en julio, la diócesis destacó la ausencia de documentos que permitieran esclarecer el estado de las obligaciones fiscales y tributarias del monasterio. A esto se suman las reclamaciones de proveedores por facturas impagadas y requerimientos de la Agencia Tributaria.
De millonarias a ‘okupas’
Las dificultades económicas de la comunidad se remontan al conflicto inmobiliario que desencadenó su ruptura con la Iglesia católica. Las clarisas de Belorado buscaban vender el convento de Derio (Bizkaia) para financiar la compra del monasterio de Orduña, propiedad de la Dócesis de Vitoria. La operación, iniciada en 2020, nunca se concretó, y las tensiones derivaron en su separación voluntaria el 13 de mayo de 2024. Poco después, se unieron a la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, liderada por el falso obispo excomulgado Pablo de Rojas Sánchez-Franco.
En junio, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, decretó la excomunión ipso facto de las religiosas por incurrir en cisma, marcando la primera división formal en el catolicismo del siglo XXI. Desde entonces, la comisión gestora, nombrada por el Vaticano, ha asumido la difícil tarea de administrar el patrimonio de la comunidad, encontrándose con un panorama financiero plagado de irregularidades y préstamos bancarios pendientes.
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